- mayo 18, 2021
C. Andrés Manuel López Obrador.
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Presente.
Los trabajadores jubilados miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), reunidos el pasado día 12 de mayo en Asamblea, hemos decidido plantearle respetuosamente, a través del presente desplegado, la problemática que venimos enfrentando con el Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), en su carácter de organismo liquidador de la extinta ilegalmente Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Como es de su conocimiento, el 11 de octubre de 2009 el expresidente Felipe Calderón Hinojosa decretó la extinción de LyFC, despojando de su trabajo a 44 mil trabajadores y dejando en la indefinición jurídica a los entonces, 22 mil jubilados.
En el Libro Blanco “Proceso de desincorporación por extinción de Luz y Fuerza del Centro”, se establece que será el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), hoy INDEP, la instancia que asume el pago de las jubilaciones conforme al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que regía las relaciones laborales de LyFC. Dicho documento, dispone que la actualización de la cuota de jubilación se realizará “conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor” y que “el procedimiento para la actualización de las cuotas jubilatorias implica […] el recálculo de la renta de acuerdo con la cláusula 98 del Contrato Colectivo de Trabajo”. El apartado “Solicitudes de jubilación” especifica los términos en que se otorgará la jubilación: la cuota correspondiente, compensación por antigüedad, finiquito, prestaciones económicas y en especie a las que tienen derecho los jubilados.
Dentro de las prestaciones, reconocidas legalmente como Derechos Adquiridos, se encuentra la cláusula 112 del CCT, referente al Seguro Sindical, que “es una prestación creada por el Sindicato en favor de los familiares o dependientes económicos de sus agremiados, siendo distinta e independiente de cualquiera otra prestación que establezca este Contrato, la Ley del Seguro Social y cualquier otro ordenamiento que exista o se estableciere en el futuro para beneficio de los trabajadores, jubilados, familiares o dependientes económicos.”
Señor presidente, esta cláusula emblemática del SME, tiene un profundo significado social y representa la certeza de que, a la muerte del trabajador, sus deudos, libremente elegidos por él y señalados en una Carta Designataria sellada y lacrada, contarán con el recurso acumulado después de una vida de trabajo. No debiendo haber ninguna interpretación contraria que nulifique dicho derecho, que para los deudos representa, en muchos casos, la posibilidad de mantener una condición de vida digna, sin penurias ni sobresaltos.
Desgraciadamente, señor presidente, no sucede así, ya que la concreción de aplicar correctamente lo establecido y reconocido legalmente como Derecho Adquirido, choca con el burocratismo e incomprensión de los funcionarios del INDEP, que contravienen la política pública con sentido social que su gobierno viene impulsando y aplicando.
Tenemos documentados varios ejemplos que demuestran que los funcionarios del INDEP contravienen, por fallas menores en el llenado de las Cartas Designatarias, la voluntad expresa del trabajador fallecido y han enviado para trámite los expedientes a la Junta de Conciliación de Arbitraje, generando para los deudos, engorrosos trámites burocráticos; llegando interponer recursos legales por su propio peculio.
Uno de ellos es el caso de una viuda que promovió en la Junta Especial Número Cinco un juicio de amparo en contra del INDEP por la retención del pago del seguro sindical de su finado esposo, acaecido en 2016; el INDEP argumentó que a la Carta Designataria le faltaba la firma de un testigo.
Después de interponer el juicio de amparo en 2017, la viuda obtuvo un Laudo a su favor en el año 2019.
A pesar de ello, el INDEP a esta fecha no ha cumplido con el ordenamiento legal que lo condena a pagar. Toda esta situación, señor presidente, de falta de cumplimiento a un fallo de la autoridad, ha llevado a la viuda a tener que recurrir a préstamos con agiotistas y pedir dinero en la calle para sobrevivir.
Exponemos el caso, uno entre muchos y de diversa índole, para denunciar a los funcionarios del INDEP que, como se observa, están violentando los derechos adquiridos reconocidos legalmente por la autoridad laboral del país, y por la vía de los hechos robando a los trabajadores, a sus familiares y en su caso a los deudos.
Señor presidente, este agravio a los jubilados de LyFC, es resultado del ilegal decreto de extinción de nuestra fuente de trabajo en 2009 y se suma a los que han sufrido por más de once años los trabajadores, hoy en digna resistencia, para los cuales los jubilados miembros del SME conscientes hemos brindado nuestro total apoyo.
Recurrimos a usted señor presidente, para que se corrijan todas las anomalías propiciadas por los funcionarios del INDEP en contra de nuestros derechos adquiridos como jubilados y para solicitarle, como máxima autoridad del país, resuelva la infamia que sufrimos los agremiados del SME a partir del ilegal decreto de extinción de LyFC, incluyendo la impostergable reinserción laboral de las y los compañeros en resistencia en la CFE.
En sus manos está cumplir la promesa que nos hizo el 10 de octubre de 2010, cuando era usted presidente legítimo de México, en una carta que nos envió a los trabajadores y jubilados del SME, que concluye diciendo: “Les asiste la razón y más temprano que tarde vencerán”
A T E N T A M E N T E
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
ASAMBLEA DE JUBILADOS DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.
Responsable de la publicación. Jorge Herrera Ireta (Pro Secretario de Jubilados).
