▲ Francisco Javier García Cabeza de Vaca, según la investigación de la FGR, tiene adquisiciones de bienes inmuebles por 228 millones de pesos, recursos que no tienen origen claro. Además se detectó la utilización de una empresa fantasma para triangular recursos.Foto Luis Castillo
Gustavo Castillo
Periódico La Jornada Jueves 20 de mayo de 2021, p. 3
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y seis personas más que participaron con el funcionario en una red de lavado de dinero, informaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
El mandatario tamaulipeco se convertirá en prófugo de la justicia federal si no comparece de manera voluntaria ante un juez con sede en el Centro Federal de Justicia que se localiza en inmediaciones del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 1, en Almoloya de Juárez, que fue quien libró el mandamiento judicial en contra del gobernador.
El pasado 30 de abril la Cámara de Diputados federal determinó desaforar a García Cabeza de Vaca, mientras el Congreso local señaló que el mandatario local mantiene el fuero y no puede ser detenido y llevado ante un juez.
El Ministerio Público Federal obtuvo la orden de captura en que a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) también se le autorizó aprehender a los empresarios Baltazar Higinio Reséndiz y Juan Francisco Tamez, así como a cuatro colaboradores del mandatario que habrían participado en el ocultamiento de recursos desviados del erario local y que habrían sido utilizados para adquirir bienes inmuebles en Estados Unidos y México, así como en transferencias financieras ilícitas.
De acuerdo con las evidencias obtenidas por la Fiscalía General de la República, el mandatario de Tamaulipas es presunto responsable de defraudación fiscal de 6.5 millones de pesos –ilícito que es sancionado con prisión de tres a nueve años–, delincuencia organizada al haber utilizado una agrupación en la que participan más de tres personas y cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, que principalmente se relacionan con la adquisición de un departamento en la zona residencial de Santa Fe, en la Ciudad de México, en la que se involucraron más de 42 millones de pesos.
García Cabeza de Vaca, quien fue electo para gobernar Tamaulipas de 2016 a 2022, según la investigación de la FGR tiene adquisiciones de bienes inmuebles por 228 millones de pesos, recursos que no tienen origen claro; además se detectó la utilización de una empresa fantasma para triangular recursos para la compra del departamento en Santa Fe por 14 millones de pesos y que luego revendió en 42.1 millones, y las ganancias se depositaron en la cuenta bancaria del gobernador surgido del PAN, sin que el inmueble cambiara de propietario.
Recurso de queja
García Cabeza de Vaca impugnó, a través de un recurso de queja, el fallo del juzgado octavo de distrito en materia administrativa en Ciudad de México, quien la semana pasada desechó por improcedente el juicio de amparo que promovió para anular la decisión legislativa de quitarle el fuero. El caso se turnará a un tribunal colegiado, el cual determinará en las próximas 48 horas si da entrada o no a la demanda de garantías, y así resolver si confirma, revoca o modifica la medida cautelar del juez federal.
Con información de César Arellano
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ Germán Larrea, propietario del consorcio minero Grupo México.Foto Marco Peláez
Debieron transcurrir casi siete años (del 6 de agosto de 2014 a la fecha) para que alguna autoridad se acordara del peor desastre ambiental de la industria minera del país (derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, que afectó a 23 mil pobladores y dañó el ecosistema de esa zona), porque el gobierno anterior, el de Peña Nieto, lo único que hizo –como los anteriores– fue proteger al tóxico barón Germán Larrea y a su Grupo México (por medio de Buenavista del Cobre, antes Minera Cananea), causante de tal catástrofe.
Siete largos años para que al final de cuentas se divulgara un informe oficial que resume lo que todo el mundo ya sabía: que nada se hizo para resarcir el daño provocado por el citado desastre ambiental; que Larrea se mantiene impune; que en septiembre de 2014 Peña Nieto obligó al empresario a crear un fideicomiso (de papel) para la remediación de la zona afectada; que nadie osó cancelar la concesión de Cananea a Grupo México, y que, en fin, el tóxico barón sigue tan campante, mientras los afectados deambulan por los pasillos donde supuestamente se procura justicia, sin que nadie les haga caso.
Tal vez la única novedad del informe presentado en la mañanera de ayer por la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, es que de los 2 mil millones de pesos con que supuestamente Grupo México constituyó el Fideicomiso Río Sonora, la Semarnat de entonces (a cargo de Rafael Pacchiano Alamán, heredero de Juan José Guerra Abud, a quien Peña Nieto envió a Italia como embajador) le devolvió 800 millones de pesos, porque los objetivos de los programas de remediación habían sido cumplidos, mientras en enero de 2017 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa, con Guillermo Haro Bélchez en la oficina principal) alegremente decretó que los fines del fideicomiso fueron cumplidos. Y todo el mundo contento, menos los afectados por el citado derrame tóxico.
Como siempre, la población afectada ha vivido un vía crucis. De acuerdo con lo detallado por María Luisa Albores, el 24 de agosto de 2017 (tres años después del derrame) la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un amparo de los habitantes de las zonas afectadas; el 15 de enero de 2020 (casi seis años después) la propia SCJN sentenció que se debe emitir una nueva determinación respecto al cumplimiento de las medidas correctivas al derrame que considere lo siguiente: una reunión pública para informar a los afectados cómo se determinaron las medidas ambientales y para escuchar sus preocupaciones y sus sugerencias; el 9 de septiembre de 2020, la Semarnat recibió la notificación de dicha instancia judicial, por lo que resolvió conceder el amparo a las 36 personas que se ampararon: el 18 de septiembre se giraron instrucciones para atender a las personas afectadas a través de una reunión pública informativa de diálogo con la comunidad; decirles que esa se estuvo retrasando por las cuestiones del semáforo (sanitario) que tenía Sonora, hasta que se va a llevar a cabo esta reunión pública el 22 y 23 de mayo en el Museo Regional de Ures.
Entonces, ¿qué sigue? La titular de la Semarnat lo resumió así: visitas cuatrimestrales de monitoreo a las actividades mineras, así como para hacer la revisión de la calidad del agua (en la zona afectada); reformular el comité técnico del fideicomiso para retomar los trabajos de remediación, atención a la salud y reactivación económica pendientes, a fin de concretar un proceso de efectiva justicia social y ambiental; verificar y retomar el ejercicio de recursos devueltos a la empresa al determinar la conclusión de los trabajos de remediación, y continuar las investigaciones derivadas de las denuncias en contra de varios servidores públicos por actos y por omisiones. Es decir, lo mismo que comprometió (e incumplió totalmente) el gobierno de Peña Nieto casi siete años atrás.
Siete larguísimos años. ¿Y los miles de afectados? Que sigan en espera. ¿Y los 289 kilómetros del río Sonora y zonas aledañas contaminados? Que se aguanten. ¿Y Germán Larrea? Impune, como siempre.
Las rebanadas del pastel
El karma colonial recorre Europa, en el entendido de que tarde que temprano la historia les pasaría la factura a los depredadores. Y España está en los primeros lugares
