Carlos Fernández-Vega
¿Dueños, prestanombres o simples chivos expiatorios? Transcurrido poco más de un mes del derrumbe en El Pinabete, Coahuila, por el que quedaron atrapados 10 mineros, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra tres presuntos responsables del accidente, entre los que se encuentra el que sería apoderado legal de la empresa (Cristian Solís), pero no las personas, físicas o morales, beneficiarias de la concesión otorgada por el gobierno de Vicente Fox.
La Jornada (Eduardo Murillo) lo reseñó así: entre los ahora considerados prófugos por estos hechos, está Cristian Solís, buscado por su probable responsabilidad en el delito previsto y sancionado en el artículo 150 en relación con el 149 de la Ley General de Bienes Nacionales, que consiste en aprovechar o explotar un bien que pertenece a la nación, sin tener concesión, permiso o autorización. Este delito se castiga con entre 2 y 12 años de prisión, más multa de 300 a mil veces el salario mínimo, por tratarse de un delito de acción permanente y dolosa.
Asimismo, se acreditó que otras dos personas (que no identifica, pero son también prófugas de la justicia) incurrieron en una responsabilidad penal al permitir que de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del carbón mineral en el pozo minero ubicado en el poblado de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila donde siguen atrapados 10 mineros.
Según su comunicado, desde el 11 de agosto la FGR solicitó audiencia judicial por los hechos en El Pinabete, a la cual se citó a Solís y sus dos coacusados, quienes no acudieron a comparecer ante el juez, por lo cual se solicitó librar las órdenes de arresto. Cierto es que desde que ocurrió el derrumbe en la mina El Pinabete la consigna presidencial fue primero rescatar a los mineros (y en este sentido los trabajos han sido ininterrumpidos) y después llegará la hora de encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Sin embargo, transcurrido poco más de un mes, parece que a los responsables del derrumbe les dieron todo el tiempo del mundo para poner pies en polvorosa, pues la FGR informa sobre tres órdenes de detención contra igual número de prófugos de la justicia, es decir, éstos contaron con tiempo y tranquilidad para fugarse.
El propio presidente López Obrador advirtió, a escasos ocho días del derrumbe, que de manera muy extraña, según el informe que me presentaron, luego del accidente fueron a inscribir a los trabajadores al Seguro Social. Tal vez es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores al IMSS y no a los concesionarios. En toda esa región carbonífera de Coahuila, dijo el mandatario, han imperado corrupción, cacicazgos y mucha influencia política; gobernadores caciques y empresarios también corruptos vinculados a políticos. Por ello, hemos pedido a la FGR que actúe con rigor, que no haya impunidad.
Lo primero está en duda, pero lo segundo es un hecho: los responsables de la tragedia en El Pinabete siguen impunes, tal cual permanece el grueso de los barones de la minería y las rapaces trasnacionales del sector que operan en el país. Y a todo esto, ¿dónde está la información que sobre la industria de la minería debe tener, actualizada, la Secretaría de Economía? (responsable de las concesiones otorgadas). Quién sabe, pero el hecho es que en cada tragedia minera, esta dependencia, de la mano de la Secretaría del Trabajo, brilla por su ausencia, y El Pinabete no es excepción, sólo confirma la regla.
Las rebanadas del pastel
De la lectoría, con atentos saludos para una ex funcionaria federal: buena noticia la relativa a que deja el cargo la hasta hace poco directora de Comunicación de la Secretaría de Educación Pública, Claudia Herrera Beltrán. Durante el poco tiempo que ejerció como tal realizó un pobre trabajo, en detrimento de la institución, y mostró nula disposición para cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo. Por ejemplo, sistemáticamente se negó a firmar las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno de Notimex, mismas en las que ella participaba (de hecho, llegó a presidirla). Su última pifia fue hacer esperar durante tres horas a los abogados de la agencia de noticias del Estado mexicano para luego negarse, de nueva cuenta, a firmar las actas respectivas, entorpeciendo así la sana operación de Notimex. Afortunadamente ya se va.
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Democracia en peligro
Arturo Balderas Rodríguez
El jueves pasado, el presidente de EU hizo un llamado a la nación a rechazar el extremismo que ha inundado el panorama social y político, y amenaza con ahondar la división entre los estadunidenses. El tono enérgico que utilizó el presidente puede entenderse de varias maneras: frustración, preocupación, inseguridad y desaliento. A 18 meses de haber llegado a la Casa Blanca, y no obstante haber dado importantes pasos en su agenda de reformas, no parece que su intención de gobernar para todos los estadunidenses, independientemente de sus creencias políticas y religiosas, haya tenido el efecto deseado en su discurso de inauguración.
El ex presidente Donald Trump insiste en propagar una mentira que no pocos de sus fanáticos han tomado como consigna para desestabilizar al gobierno: Biden es un presidente ilegítimo. El clímax de tal aseveración llegó el 6 de enero con el fallido intento de un golpe de Estado por parte de una turba que, azuzada por Trump, invadió la sede del Congreso de EU para impedir que se declarara a Biden como presidente. Ahora Trump usa sus discursos de apoyo a un puñado de candidatos republicanos que estarán en las boletas de las elecciones del próximo noviembre como medio para cuestionar la legitimidad de Biden.
Por las razones que se quiera, Trump y sus adláteres no parecen, o no han querido, entender que la democracia es un proceso en el que no necesariamente se obtienen los resultados que se quieren (entrevista a Michael Abramowitz, NY Times). Sin embargo, Trump insiste en propagar la especie de que él ganó la elección. El problema es que ha logrado su fin: profundizar la división en la sociedad y con ello poner en grave peligro la democracia que por 200 años ha sido el orgullo de los estadunidenses. En el fondo, ese fue el sentido del discurso del presidente, ni más ni menos que en Filadelfia, sitio en el que nació la democracia de la Unión Americana. El NY Times da cuenta de la sorprendente revelación de una encuesta reciente (Quinipac), en la que 69% de republicanos y 69% de demócratas consideran que la democracia está en grave peligro, culpándose unos a otros de ello.
Extremismo protofascista fue el calificativo que Biden empleó para referirse a los republicanos que han avalado a los grupos y organizaciones que asaltaron el Congreso, y que en otras ciudades han organizado ataques similares en contra de los derechos garantizados por la Constitución. Tal vez el error del presidente fue generalizar el calificativo, ya que involucró a la mitad de la nación que profesa la ideología conservadora de los republicanos, pero no necesariamente comulgan con la violencia de esos grupos.
No se puede obviar que desde que Obama fue presidente, los republicanos han intentado por todos los medios no oponerse, sino boicotear la labor del gobierno. En su libro, el profesor E. J. Dion, de la Institución Brookings, refiere que la misión de los republicanos ha sido tensar los resortes de la democracia, lo que ha derivado en la polarización social y, en último término, demostrar la inutilidad del gobierno y la necesidad de reducirlo a su mínima expresión (Why the Right Went Wrong, 2016, Simon & Shuster). El resultado en el incremento de esa tensión es que abrió la puerta a grupos protofascistas, como los describió Biden, para crear un ambiente propicio para enfrentamientos que erosionan cada vez más la convivencia democrática. En este sentido, no sólo Trump ha sido responsable; en ese camino lo han acompañado e impulsado los sectores ultraderechistas de su partido.
En un ambiente así es incierto lo que sucederá en el proceso electoral que se inicia en las próximas semanas. Se puede adelantar que el extremismo entre las fuerzas que se disputarán el derecho a gobernar en varios estados, y a conformar una mayoría en el Congreso, no garantiza que una u otra puedan encontrar una vía más o menos civilizada para salir del bache en el que está metida la nación. Lo más probable es que ambas pierdan y con ellos toda la sociedad.
