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Gabriela Rodríguez
20 de febrero de 2026 00:01
Hay un nuevo escenario demográfico en el planeta. El lento crecimiento poblacional, la baja fecundidad y el aumento en la esperanza de vida al nacer ha cambiado la estructura de los grupos de edad en todos los continentes. Hoy la población de México crece a 0.7 por ciento anual, la esperanza de vida es de 75.8 años en promedio y las mexicanas tienen 1.8 hijos en promedio. De representar a nuestra población como una pirámide del sol, ahora está tomando una forma más bien de obelisco: decrece el volumen de personas menores de 11 años (son 19 por ciento), la proporción de jóvenes (de 12 a 29 años) es amplia (casi 30 por ciento), la de adultos de 30 a 59 años es la mayoritaria (cerca de 39 por ciento) y seguirá siéndolo por tres décadas más, lo cual se considera un bono demográfico (contar con mayoría de población en edad laboral es oportunidad coyuntural para el crecimiento económico); en tanto que la proporción de personas mayores de 60 años hoy es minoritaria (poco más de 13 por ciento), pero se duplicará en 25 años, lo que se conoce como acelerado proceso de envejecimiento poblacional.
Los países y ciudades con poblaciones más envejecidas son aquellas que han contado con mejores condiciones de vida y de salud. En 2034 México alcanzará la misma proporción de personas mayores (de 60 años) que de niñas y niños (0-11 años), la Ciudad de México es la única que desde 2019 ya cuenta con esa misma proporción de población en estos dos grupos de edad, en seis años alcanzarán esa misma proporción las poblaciones de Veracruz, estado de México, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, se estima que hacia 2042 Michoacán alcanzará esas proporciones iguales, y como entidad final de las 32, Chiapas alcanzará en 2055 el mismo porcentaje de personas mayores y menores.
Esta semana en Guadalajara, como parte de la Plataforma para el Diálogo “Juvenicidio: vidas precarias y resistencias socioculturales en América Latina”, que organizó CALAS, JUVIR, la Universidad de Guadalajara, el Colegio de la Frontera Norte y la Federal Ministry of Research, Technology and Space, fue ocasión para presentar, por parte del Conapo, el perfil demográfico de las juventudes mexicanas.
En ese evento abordé una caracterización demográfica de las juventudes mexicanas, en el contexto de las dinámicas poblacionales. Un verdadero espejo de las desigualdades sociales. El estado de Chiapas tiene el mayor porcentaje de población juvenil (12-29 años) con 32 por ciento, y se proyecta que tendrá 28 por ciento en 2050, en tanto que el menor porcentaje de población joven lo muestra la Ciudad de México, con 26 por ciento, y se estima que tendrá 16 por ciento dentro de 25 años.
El 6 por ciento de jóvenes de México habla alguna lengua indígena: Chiapas encabeza la lista con 32 por ciento, le sigue Oaxaca con 28 por ciento, Guerrero con 17 por ciento y Veracruz con 16; las entidades con menor presencia de hablantes de lengua indígena son Tabasco, Yucatán y Zacatecas con 0.4 por ciento, Guanajuato con 0.3 y Aguascalientes y la Ciudad de México como 0.2 por ciento. El 2 por ciento de la población juvenil se considera afromexicana, encabeza la lista Guerrero con 8.6 por ciento, Oaxaca con 4.8 y Veracruz con 3.1 por ciento, con menor proporción está la Ciudad de México, Durango y Yucatán con 1 por ciento, Nayarit con 0.8 y Zacatecas con 0.4 por ciento. La mayor proporción de jóvenes con discapacidad o limitaciones vive en el estado de Hidalgo, Yucatán, Colima y Estado de México con 9 y 10 por ciento, las menores proporciones las registran Nuevo León, San Luis Potosí y Chiapas con cerca de 7 por ciento, Ciudad de México con 5.3 por ciento.
Las uniones y maternidades tempranas son un freno a la movilidad social, aunque han disminuido 20 por ciento en los últimos seis años, casi una quinta parte de las mujeres mexicanas (18.4 por ciento) se une o se casa antes de cumplir 18 años, así lo hacen la tercera parte de las adolescentes de Guerrero, Chiapas y Zacatecas (35, 28 y 27 por ciento), la menor proporción de las menores unidas la presenta Jalisco, Aguascalientes y la Ciudad de México (14, 12 y 7 por ciento). En 10 años la tasa de madres adolescentes descendió más de 30 por ciento, actualmente 50 de cada mil adolescentes son madres, 80 por cada mil lo son en Chiapas y Guerrero, la menor proporción de madres adolescentes se registra en la Ciudad de México, 20 por cada mil adolescentes. En el tema de la salud, uno de los grandes problemas es el de sobrepeso y la obesidad, lo padece 37 por ciento de escolares (5 a 11 años), 40 por ciento de adolescentes (12-19) y llega a 75.2 por ciento en adultos de más de 20 años de edad.
Diversas políticas de salud se dirigen para superar estos retos, se logró el etiquetado frontal para advertir sobre el exceso de nutrientes críticos (alimentos procesados, calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio) y leyendas precautorias por cafeína o edulcorantes, se incrementaron los impuestos a bebidas azucaradas y al tabaco, la estrategia “Vive saludable, vive feliz” incluye contenidos en el plan de estudios y libros de texto sobre hábitos saludables (alimentación sana y deporte), educación socioemocional, salud mental y prevención de consumo de sustancias, se ha fortalecido sustantivamente la educación integral de la sexualidad y hay además brigadas de salud, monitoreo de peso y talla, de salud bucal y visual.
Por su gran volumen y para aprovechar el bono demográfico, la atención a jóvenes hoy cobra la más alta prioridad para el gobierno de México. En próxima colaboración continuaré informando sobre el perfil demográfico de las juventudes y programas en curso, en relación con las causas de mortalidad, la educación, el empleo, la vivienda y la pobreza.
*Secretaria técnica del Conapo
X: @Gabrielarodr108
México exige a EU atención médica para familias detenidas en centro migratorio de Texas
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Arturo Sánchez Jiménez
19 de febrero de 2026 21:35
El gobierno de México solicitó a autoridades de Estados Unidos garantizar atención médica adecuada a las familias detenidas en el centro migratorio de Dilley, Texas, luego de que medios estadunidenses reportaran la deportación a México de una madre y su bebé de dos meses que presuntamente enfrentó complicaciones de salud durante su confinamiento.
De acuerdo con medios locales, el representante demócrata por Texas, Joaquín Castro, señaló que el menor —identificado como Juan Nicolás— padecía bronquitis y estuvo tres semanas en el centro para familias inmigrantes de Dilley. Según el legislador, el bebé fue trasladado junto con su madre, Mireya
López Sánchez, a un hospital local, donde permaneció “inconsciente” varias horas antes de ser dado de alta. Posteriormente, ambos fueron deportados a México por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y “abandonados al otro lado de la frontera”, afirmó el congresista.
En este contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en un comunicado que, a través del Consulado General de México en San Antonio, la rmbajada de México en Estados Unidos y la propia cancillería, da “seguimiento puntual” a la situación de personas mexicanas detenidas en el centro de procesamiento migratorio de Dilley, con especial atención a casos de niñas, niños y adolescentes.
La representación consular mantiene comunicación directa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para verificar el estado de salud y el acceso a servicios médicos de los connacionales. Mencionó los casos recientes de dos familias que estuvieron detenidas en dicho centro e involucran a menores que enfermaron durante su confinamiento, respecto a los cuales la SRE confirmó que el consulado en San Antonio, en coordinación con otras sedes, mantiene contacto con los padres y sus representantes legales para brindar acompañamiento y apoyo consular.
Asimismo, personal consular realizó este jueves una visita a las instalaciones en Dilley, donde entrevistó mexicanos detenidos. Según la cancillería, se constató que reciben atención médica diaria y cuentan con acceso a atención psicológica. También se verificó que tienen disponibles los números de emergencia del consulado y del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), los cuales están exhibidos dentro del centro.
Por su parte, la Subsecretaría para América del Norte solicitó información puntual por canales diplomáticos sobre la situación general del centro y de las familias mexicanas detenidas, en tanto la embajada mexicana en Washington da seguimiento con autoridades centrales estadounidenses.
La SRE subrayó que el bienestar y la plena observancia de los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior constituyen una prioridad del gobierno de México, por lo que continuará brindando asistencia y protección consular conforme al marco jurídico vigente y mediante todos los mecanismos diplomáticos y legales disponibles.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Organización Familia Pasta de Conchos presentaron el documental En el desierto, la esperanza florece, que narra la lucha de las familias de los mineros que perecieron hace 20 años.Foto Germán Canseco
Ayer se conmemoró el vigésimo aniversario luctuoso de la tragedia en Pasta de Conchos, Coahuila, en la que murieron 65 mineros, de los que 38 han permanecido bajo toneladas de rocas (se han recuperado 25 cuerpos y 23 han sido identificados), producto de una explosión que debió ser evitada si Grupo México hubiera invertido en seguridad y atendido las advertencias en la materia que constantemente le hiciera el Sindicato Nacional de Mineros y el corporativo desoyó permanentemente. Es decir, no fue un “accidente”, como pretextaron el tóxico Germán Larrea y la pandilla neoliberal, sino un descarado homicidio industrial.
Ayer, en uno de los actos conmemorativos, los deudos de los mineros fallecidos consideraron que “la recuperación de cuerpos en Pasta de Conchos es un triunfo ante la impunidad de Grupo México”, pero en los hechos el tóxico Larrea se mantiene intocado, porque el rescate de (hasta ahora) 25 cuerpos no ha sido, ni lejanamente, gracias a la “buena voluntad” del barón, sino consecuencia del compromiso presidencial (primero López Obrador y, después, el seguimiento de Sheinbaum) de lograr la recuperación total.
Entonces, los avances registrados en la recuperación de los restos de los mineros fallecidos el 19 de febrero de 2006 han sido por la intervención del Estado (el mismo que aborrecen personajes como el tóxico Larrea, quien permanentemente se ha negado al rescate, siempre cobijado por la pandilla neoliberal), la inclaudicable presión de los deudos y la perseverancia del Sindicato Nacional de Mineros. Atribuírselos a Grupo México sólo es otra tomadura de pelo de uno de los más detestables corporativos que operan en el país.
Legal y éticamente (aunque de esto Larrea no sabe nada ni le interesa, amén de que no le importa en lo absoluto), el rescate de las víctimas de aquella explosión correspondía a Grupo México, pero en su tajante negativa de proceder en tal sentido llegó a ampararse para que (al estilo de Ricardo Salinas Pliego) los “amigos” de la “justicia” lo protegieran. Y lo hicieron.
De hecho, llegó el momento en el que, ante la constante presión, el tóxico cuan impune Germán Larrea sin más decidió “regresar” la concesión que el Estado le dio para explotar carbón en Pasta de Conchos. Lo anunció, y a propios y extraños les dijo: “¿Quieren rescatarlos? Háganlo ustedes; yo, no”. Y desvergonzadamente aventó la papa caliente y se lavó las manos. Fue entonces que, por instrucciones del entonces presidente López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad comenzó los trabajos de recuperación de los restos mortales, una labor difícil pero constante. Por supuesto, falta camino por recorrer, pero si los deudos hubieran dependido de una decisión de Grupo México, entonces permanecerían en perpetua espera (el barón, propietario de la segunda mayor fortuna del país, siempre dijo “no tengo dinero” para recuperar los restos mortales).
Entonces, el rescate de los restos de los mineros es, sin duda, un “triunfo” (aún no total), como lo califican los deudos, pero ni lejanamente puede afirmarse que esta victoria permitió acabar con la impunidad del tóxico Larrea (que se mantiene sin responsabilidad legal en todo esto; la “justicia” nunca lo ha tocado), quien, dicho sea de paso, ordenó cancelar la búsqueda y recuperación apenas cinco días después de la explosión, y para ello contó con el descarado apoyo del entonces inquilino de Los Pinos, Vicente Fox, y su pandilla de funcionarios (los mismos que “respondieron” a los deudos aventándoles al Ejército). Con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no hubo cambios y los mineros permanecieron enterrados y sin visos de solución. Con López Obrador cambió la situación, aunque cierto es que mantuvo intocado al responsable.
No es gratuito, pues, que el dirigente nacional de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, haya presentado –por medio de su suplente en la Cámara de Diputados– una iniciativa de ley para tipificar el homicidio industrial –como el cometido por Larrea y Grupo México en Pasta de Conchos– para que las empresas enfrenten responsabilidad penal cuando mueran trabajadores como consecuencia de omisiones en seguridad. Y lo sucedido en aquella mina 20 años atrás es prueba más que suficiente para que tal iniciativa sea aprobada a la brevedad posible. A menos, claro está, que la clase política se empecine en mantener impune a ese barón y a tantos otros.
Las rebanadas del pastel
En síntesis: 20 años de impunidad por Pasta de Conchos, 19 por las huelgas mineras, 12 por el derrame tóxico en el río Sonora, siete por el derrame en el Mar de Cortés y tantos otros “pendientes”. ¿Hasta cuándo?
X: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
Pensionados millonarios con nombres y apellidos
▲ José Ángel Gurría Treviño y Óscar Espinosa Villarreal destacan entre los ex funcionarios con pensiones más cuantiosas tras su paso por Nacional Financiera.Foto Cristina Rodríguez y La Jornada
Braulio Carbajal y Dora Villanueva
Periódico La Jornada Viernes 20 de febrero de 2026, p. 17
En el sistema de pensiones mexicano la disparidad tiene nombre y apellido. Mientras los primeros jubilados del régimen de cuentas individuales administradas por las administradoras de fondos para el retiro (Afore) reciben en promedio 5 mil pesos mensuales, un grupo de ex funcionarios y ex líderes sindicales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) percibe hasta medio millón de pesos al mes.
Entre ex directivos de la banca de desarrollo, en concreto Nacional Financiera (Nafin), las prerrogativas pueden promediar 2 millones de pesos anuales por un cargo que bien pudieron ocupar sólo tres años.
La Jornada ha informado que sólo en 2019 once ex directivos de Nafin recibieron 22 millones de pesos por haber trabajado alguna vez en esa institución (bit.ly/4rrL39X). Entre los beneficiarios se encuentran el último regente del entonces Distrito Federal, Óscar Espinosa Villarreal, y José Ángel Gurría Treviño, ex secretario de Hacienda y ex director general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En las empresas del Estado, las pensiones doradas pueden alcanzar 6 millones de pesos anuales por persona (bit.ly/4tMbdq1). En la CFE destacan José Luis Lupercio Pérez, ex secretario de relaciones del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), con 513 mil 209 pesos mensuales, y Víctor Manuel Fernández de Lara, ex coordinador de la región centro-oriente del mismo sindicato, con 502 mil 893 pesos.
También figuran Raúl López García (365 mil 521 pesos), José Domingo Vázquez Márquez (362 mil 908), José Benjamín Cárdenas Jáuregui (343 mil 354) y Jorge Amaury Ávalos Mortera (338 mil 165), además de otros ex mandos y dirigentes sindicales con percepciones superiores a 300 mil pesos mensuales.
En Pemex resaltan Roberto Ramírez Soberón, Miguel Tame Domínguez y Marcos Ramírez Silva, cada uno con 263 mil 65 pesos mensuales. Les siguen José Antonio Escalera Alcocer, Circuncisión Juan Javier Hinojosa Puebla y Gustavo Hernández García, con 262 mil 275 pesos, así como otros ex directores y ex subdirectores con pensiones de 254 mil pesos, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia.
En total, hasta 2024 ambas empresas destinaron casi 550 millones de pesos anuales a 160 pensionados con ingresos de entre 250 mil y medio millón de pesos al mes. La brecha contrasta con los 70 mil trabajadores que se jubilan con el esquema de las Afore, cuyo ingreso equivale a alrededor de 70 por ciento de su último salario y, aun con la reforma de 2020, están lejos de las pensiones que se pagan en las empresas energéticas del Estado.
Otro bastión para el retiro dorado se encuentra en la banca de desarrollo. Hasta 2019, una docena de ex altos funcionarios de Nafin, incluidos directores generales que estuvieron en el cargo un promedio de tres años, habían cobrado 337 millones de pesos en pensiones y otras prestaciones durante su retiro.
Los beneficios recibidos en Nafin no se quedaron en la mera pensión; incluyen un monto retroactivo, rendimientos de caja de ahorro, subsidios deportivos y a la alimentación; así como rembolsos por fármacos, honorarios médicos, servicios hospitalarios y arcones navideños.
Óscar Espinosa Villarreal fue el autor y beneficiario del Programa Especial de Pensión de Retiro, instaurado en Nafin para sus altos funcionarios. De acuerdo con información reportada vía transparencia, desde 1994 y al menos hasta 2019 el último regente de la ahora Ciudad de México recibió 9 millones 173 mil 234.46 de pesos por menos de tres años que estuvo a cargo.
Sólo en 2019 recibió un millón 291 mil 16.25 pesos en beneficios vía Nafin; entre ellos se le rembolsaron 659 mil 351.37 pesos por servicios hospitalarios, 7 mil 554.69 por medicinas y 175 mil 500 pesos por honorarios médicos.
El programa de pensión para funcionarios de Nafin fue establecido el primero de noviembre de 1991 por Espinosa Villarreal y él extendió el beneficio a su predecesor en el organismo de fomento, Juan José Páramo Díaz, a quien esta prerrogativa le había redituado 42 millones 391 mil pesos hasta 2019.
También hasta ese año, Gurría Treviño había recibido 25 millones 806 mil 417.45 pesos en beneficios por los casi dos años que dirigió Nafin. Sólo en 2019 recibió prestación por pensión y subsidio para alimentos que sumaron un millón 347 mil 529.94 pesos.
Hasta 2019, Carlos Enrique Sales Gutiérrez había recibido 49 millones 740 mil 897.3 pesos, y Arturo Ortiz Hidalgo, 39 millones 401 mil 36.73 pesos. Federico Patiño Márquez, quien estuvo al frente del fallido aeropuerto de Texcoco, también solicitó su pensión el 19 de marzo de 2008 por haber sido directivo en Nafin.
