El multitudinario acto de unidad nacional llevado a cabo ayer en Tijuana, Baja California, a instancias del presidente Andrés Manuel López Obrador, para celebrar el levantamiento de las medidas arancelarias que el gobierno de Donald Trump había amenazado con aplicar a México, tuvo lugar en un contexto de previsible alivio por haber sorteado, al menos de momento, la complicada coyuntura política generada por las presiones de Washington en torno al flujo migratorio que atraviesa nuestro país rumbo a Estados Unidos. Puso de manifiesto, también, la satisfacción gubernamental por el desempeño de una comisión negociadora que, con muy poco margen de maniobra frente a la formidable presión de la primera potencia mundial, logró frenar una acción que hubiera perjudicado en diverso grado a las economías de las dos naciones, aun cuando será preciso examinar con detenimiento todos los términos de la negociación y seguir muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos en el futuro inmediato.
Pero el acto tuvo también una faceta que vale la pena considerar, porque se ha presentado antes (en México, pero no sólo en nuestra nación) a lo largo de distintas coyunturas históricas. Se trata del valor de una toma de posición común a la hora de afrontar un problema que, por su magnitud y sus potenciales consecuencias, exige dejar temporalmente de lado, sin que ello signifique resignar posiciones legítimas, los desacuerdos que se puedan tener en materia de política, economía o conducción del Estado. El valor de la unidad, en suma, entendida no como la coincidencia estratégica y forzada de sectores que tienen proyectos distintos, sino como la cohesión necesaria para hacer frente a situaciones que comprometen la estabilidad o el equilibrio del conjunto.
En 1986 el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense, entonces presidido por Jesse Helms, emprendió una ofensiva destinada a desprestigiar a México y su gobierno. Por demás está decir que no todos los mexicanos compartían las políticas impulsadas por ese gobierno; pero la capacidad destructiva de la campaña, así como el virulento lenguaje utilizado en el contexto de la misma, tuvieron la virtud de hacer que la mayor parte de la ciudadanía cerrara filas para oponerse a ella, lo que se tradujo en una enorme manifestación (realizada el 21 de mayo del año mencionado) contra el injerencismo estadunidense y en defensa de la soberanía nacional. No todas las fuerzas políticas de la época, sin embargo, se sumaron a la marcha: el Partido Acción Nacional (PAN), que en el seno de la Comisión Permanente del Congreso se había opuesto a condenar a Helms, no participó en la protesta, cuyas filas estaban integradas hasta por las corrientes de izquierda más antigobiernistas de la época.
En Tijuana, de nueva cuenta, Acción Nacional brilló por su ausencia, de no ser por el caso de Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, a quien su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores virtualmente le impedía no asistir. Tras una activa campaña en redes sociales criticando el llamado de López Obrador, los panistas prefirieron no hacerse presentes en el acto, al que calificaron de innecesario y ocioso, optando por privilegiar sus desacuerdos programáticos con el gobierno y no aportar a una muestra de fortaleza frente a una administración estadunidense que aprovecha cualquier indicio de debilidad para imponer su voluntad. No se ve, sin embargo, como una muestra de congruencia partidaria, sino como un acto oportunista orientado a encabezar las eventuales disconformidades con el lopezobradorismo. Casi tan oportunista como su repentina preocupación por el control de la frontera sur y los derechos de los migrantes.
Apuntó Porfirio Muñoz Ledo en su intervención de ayer: No podemos aceptar que migración sea una palabra maldita. La migración es un derecho humano que debe ser respetado; así lo consagran todas nuestras constituciones desde la de Morelos, y todos los tratados internacionales sobre la materia. Esa es la convicción que debe prevalecer para ayudar seria y efectivamente a los migrantes. Y no parece que forme parte de la ideología de los blanquiazules.
La reforma migratoria del yerno
Jorge Durand
Para estar acorde con dichos, usos y costumbres actuales, valdría la pena recuperar al innombrable, que, para este siglo XXI, que avanza rápidamente, no es otro que el actual inquilino de la Casa Blanca. Si hay algo que le gusta a este fulano, es que se repita su nombre hasta la saciedad. Y ya lo hemos repetido demasiado.
De acuerdo con el lingüista chicano Otto Santana, autor de Juan in a hundred: representation of latinos on Networks News, hay que hacer guerrilla del lenguaje y una manera de hacerlo es evitar nombrarlo. Presidentes hay muchos, es uno más, que finalmente pasará a ser un mal recuerdo.
Y este señor, por medio de su yerno, Jared Kushner, propuso una reforma migratoria para Estados Unidos que promueve la inmigración de personas que tengan calificación profesional, hablen inglés y pasen un examen cívico. En síntesis, un sistema selectivo por puntos.
Por otra parte, vuelve a insistir en los temas punitivos de siempre: en primer lugar el muro fronterizo y que se pongan barreras físicas en 33 lugares donde se ha detectado tráfico de drogas y de personas. En segundo término, que se cancele el programa de preferencia de visas por vínculos familiares con ciudadanos estadunidenses, lo que ha llamado migración en cadena.
Un buen ejemplo de esta migración en cadena es el caso de la Primera Dama Melania, que obtuvo visa de residente al casarse con un estadunidense, luego se naturalizó y esto le permitió traer a sus padres de Eslovenia, con visa preferente, los cuales, finalmente, se naturalizaron, como es natural.
Pero más importante que las propuestas, son la omisiones. La reforma no dice absolutamente nada sobre los dreamers, cerca de 2 millones de migrantes que llegaron de niños o adolescentes a Estados Unidos y están en una especie de limbo legal. Y tampoco dice nada sobre su promesa electoral de deportar a los 12 millones de migrantes en situación irregular, que no ha podido cumplir.
Su propuesta de reforma, no tiene ninguna posibilidad de ser discutida en el Congreso y tampoco afronta los principales problemas que arrastra el sistema migratorio. En vez de enfocarse en el tema principal de la migración irregular, que ya radica en Estados Unidos y requiere de una solución urgente, insiste en el muro y en limitar la migración legal.
Cierto, la legislación migratoria actual tiene que modificarse. Y esto se propuso en la reforma aprobada por el Senado en 2013 y que nunca fue discutida, ni presentada en la Cámara baja de mayoría republicana. Esta propuesta de ley bipartidista, de la llamada banda de los ocho proponía limitar las visas preferenciales a la familia nuclear de los ciudadanos: cónyuge e hijos y excluir a los hermanos y a los padres. Y era una propuesta razonable, la familia extensa que incluye a padres, hermanos y sus descendientes, ya no funciona igual que a finales del siglo XX.
También suprimía la lotería de visas o de la diversidad que ya no resulta operativa.
Por eso el senador demócrata Chuck Schumer le mando copia de esta propuesta de ley a la Casa Blanca, para que pensaran en una solución integral bipartidista, que incluía la regularización de buena parte de la migración irregular, que en su mayoría lleva más de 15 años viviendo en Estados Unidos y otorgaba una solución razonable y lógica a los dreamers.
La propuesta de Mr. Kushner (el yerno) y, del siniestro y principal asesor de la Casa Blanca en asuntos migratorios, Mr. Miller, no incluye otra propuesta, que ha sido ampliamente discutida en mítines de cara a la relección: la de liberar a los migrantes que solicitan refugio principalmente en las llamadas ciudades santuario. Tampoco dicen nada de separar familias que solicitan refugio. Eso lo dejan para los mítines y para alebrestar a las masas.
En las sumas y restas de la administración actual en Estados Unidos habría que decir que las principales promesas no se han cumplido: la de construir el muro y que México lo pagara ha sido un fiasco; la de deportar a 12 millones de migrantes indocumentados tampoco se pudo lograr, pero le va a echar la culpa a los demócratas y, la de cancelar la situación de excepción de los dreamers y los que tienen estatus temporal protegido ( TPS) no se ha concretado, y la culpa se la echan al sistema judicial.
La crisis del sistema migratorio lleva varias décadas y las posiciones e intereses políticos son completamente antagónicos entre republicanos y demócratas. En realidad no hay soluciones definitivas, se trata de resolver situaciones complejas que se arrastran de otras administraciones y de un conjunto de consecuencias no anticipadas de reformas migratorias anteriores.
En la práctica se dan soluciones parciales y temporales, nunca definitivas, como en el caso los dreamers, los de estatus temporal protegido TPS e incluso los migrantes indocumentados de larga data.
La política de dar largas, sólo traslada el problema en el tiempo y afianza los derechos de las personas migrantes, de igual modo la retórica de mano dura, que en la práctica no resulta operativa a escala general, pero sí afecta a muchos casos individuales y genera cuantiosos daños colaterales.
