Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dio a conocer que la institución a su cargo investiga 4 mil 345 quejas por presuntas violaciones cometidas dentro de los reclusorios capitalinos. Los abusos registrados entre enero de 2018 y mayo pasado –28 por ciento de los cuales habrían sido cometidos durante los primeros cinco meses del actual gobierno– incluyen tortura, malos tratos, abusos, así como afectaciones a la vida, integridad física y sicológica, al derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la seguridad, entre otros. A lo anterior se suma la ausencia de mecanismos para reparar daños por violaciones al derecho a la salud, una afectación que se traduce incluso en la pérdida de extremidades.
Uno de los aspectos más graves reside en que tales conductas se habrían perpetrado con la participación directa o al menos la anuencia de la autoridad penitenciaria, así como en el hecho de que más de la mitad de los testimonios consignan la omisión o abstención de otorgar una adecuada protección física y sicológica.
Para colmo, las prisiones reproducen y magnifican las formas de discriminación vigentes en la sociedad, por lo que los perjuicios se acumulan sobre los grupos más vulnerables por motivos de orientación sexual, identidad de género o discapacidad, de lo que dan cuenta las querellas presentadas por integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual.
Se trata de un panorama bien conocido, en el cual se abre una brecha ilegal entre la sanción prevista por la justicia y las dificultades que efectivamente padecen los internos. Estas disfunciones del sistema penitenciario hacen que las penas de internamiento, por las cuales se busca apartar temporalmente a un individuo de la sociedad a fin de evitar un riesgo social y procurar su reinserción, degeneren en una serie de castigos físicos y sicológicos que no están contemplados en la ley y ésta prohíbe de forma explícita.
Frente a tal distorsión del propósito de las prisiones, debe recordarse que la Estrategia de Paz y Seguridad presentada por la presente administración federal contiene la promesa de dignificar los centros penitenciarios a fin de que éstos provean las condiciones para la reinserción social de los internos.
El cumplimiento de dicha promesa es de obvia urgencia: una sociedad que aspira a un estado de derecho y a una condición mínimamente humana no puede desentenderse de los presos ni encarnizarse con ellos sino, por el contrario, procurar por todos los medios su reinserción plena, para lo cual es condición indispensable el respeto a sus derechos.
De otra manera se les envía desde el propio Estado el mensaje de que la ley puede ser quebrantada.
De los nietos de Ayn Rand en América Latina
José Steinsleger
Algunos piensan igual, otros distinto y, con el beneplácito de Estados Unidos, todos predican las formas más trogloditas del pensamiento lumpen irracional. Son los hijos y nietos de la escritora Ayn Rand (1905-82), y de otros insignes ideólogos del conservadurismo liberal o liberal conservadurismo, tanto da.
En Chile, el principal asesor del presidente Sebastián Piñera se llama Axel Kaiser Barents-von Hohenhagen. Tiene 38 años, una mirada que espanta y cree que los derechos sociales son un mito. Según las sociólogas Barbara Ester y Camila Vollenveider (investigadoras del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolíticas, Celag), la influencia de Kaiser sobre Piñera ha conseguido moldear su actual gabinete.
Autor de La miseria del intervencionismo, La tiranía de la igualdad y El engaño populista (en coautoría con la guatemalteca Gloria Álvarez), Kaiser incorporó al equipo ministerial a tres miembros de la entidad que preside, la Fundación Para el Progreso (FPP, financiada por el ex propietario de los supermercados Líder): Gerardo Varela (ex de Educación), Mauricio Rojas (Cultura Artes y Patrimonio) y en cancillería el renegado de izquierdas y ex embajador en México, Roberto Ampuero.
Asociada al Ayn Rand Institute y el Atlas Society, la FPP promueve una ideología ultraliberal en lo económico y la descontaminación del ideario de izquierdas enquistado en las instituciones, mediante un cambio cultural. En tanto Libertad y Desarrollo (otra fundación de ultraderecha aunque más moderada que la del agresivo káiser) está dirigida por el ex dirigente estudiantil pinochetista Cristian Larroulet, ministro secretario general de la primera presidencia de Piñera y actual jefe de asesores presidenciales.
Como fuere, Kaiser y Larroulet podrían suscribir la opinión del ínclito Olavo de Carvalho (72), gurú del presidente Jair Bolsonaro: Ningún comunista merece consideración, ningún comunista es una persona decente. Son la escoria de la especie humana. Debemos respetar su derecho a la vida y a la libertad, como respetamos la de los perros y de las lagartijas, pero no debemos concederles más que eso.
Pero siendo justos, vale aclarar que Ayn Rand se consideraba a sí misma distante de derechas o izquierdas. Por el contrario, abogaba por un tipo de individualismo heroico y capitalista (liberal libertario o simplemente liberal), defendía el ateísmo como única postura racional ante el concepto de Dios (al que consideraba indemostrable racionalmente), defendía la libertad irrestricta de expresión y fue opositora a la política de Ronald Reagan
Una posición que podría compartir el sociólogo ecuatoriano Jaime Durán Barba, gurú del presidente Mauricio Macri desde 2005, experto en campañas sucias, el recurso de trolls para difamar al adversario político, y la difusión de fotografías, o imágenes falsas para perjudicar a las víctimas.
Durán Barba fue secretario de la administración pública durante la presidencia del democristiano Jamil Mahuad (derrocado en 2000 por un levantamiento indígena) y asegura estar asesorando al actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, así como lo hizo con Vicente Fox y los jefes de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera y su predecesor Marcelo Ebrard, los presidentes Federico Franco y Mario Abdo de Paraguay, la candidata de Brasil Marina Silva y los de su país natal Álvaro Noboa y Jaime Nebot.
En Perú, el veterano economista vargasllosiano Hernando de Soto (78) acusa de ex terroristas a los militantes sociales contra los proyectos mineros. Oriundo de Arequipa, Soto preside el Instituto Libertad y Democracia, fue asesor de Keiko Fujimori (2011 y 2016) y uno de los cinco principales innovadores (sic), según la revista Time (1999), mientras la Forbes lo incluyó entre las 100 personas más influyentes del planeta (sic, 15 personas que reinventaron el futuro –2002–).
En cambio, con un perfil más bajo, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, contrató al sociólogo argentino de la Universidad Nacional de San Juan Maximiliano Aguiar, encargado de la comunicación gubernamental y premiado en Washington como el mejor consultor político del año, durante los Napolitan Victory Awards.
