Carlos Fernández-Vega
▲ La baja de la actividad económica ya se reportaba en los albores de las medidas para contener la rápida expansión del Covid-19.Foto Yazmín Ortega Cortés
El Inegi divulgó el resultado del producto interno bruto (PIB) mexicano en el primer trimestre del año de la pandemia: -1.2 por ciento en términos reales, lo que implica una caída anualizada de 2.2 por ciento. Los videntes financieros estimaron que el descenso sería sustancialmente mayor, pero una vez más se quedaron con las ganas.
Tal información va de la mano del reporte (también con cifras del primer trimestre de 2020 y cifras anualizadas) difundido por la OCDE, en el cual destaca que entre enero y marzo el PIB de las naciones que integran tal organización se contrajo 1.8 por ciento en términos reales, una vez que en varias de ellas las medidas de distanciamiento físico para reducir la velocidad de contagio de la pandemia de Covid-19 ya se habían implementado. Es la mayor caída desde la contracción de 2.3 por ciento en el primer trimestre de 2009, cuando la crisis financiera mundial estaba en su apogeo ( La Jornada, Dora Villanueva).
La misma información detalla la caída en la actividad económica europea: Francia, -5.8 por ciento; Eslovaquia, -5.4; España, -5.2; Italia, -4.7; Bélgica, -3.9; Alemania, -2.2, y Reino Unido, -2. En general, el PIB en la zona euro cayó 3.8 por ciento. En otras naciones el resultado fue el siguiente: Canadá, -2.6; Estados Unidos, -1.2; Japón, -0.9.
Finlandia, Suiza, Eslovenia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Australia, Estonia e Irlanda registraron crecimiento en ese primer trimestre del año. Islandia, Chile y Turquía reportaron las mayores expansiones en esos primeros tres meses de 2020, con 4.8, 3 y 1.9 por ciento, respectivamente (ídem). Como se constata, el panorama económico no resulta agradable, aunque se espera cierta mejoría a escala nacional y global, una vez levantadas las medidas de contención del Covid-19.
En vía de mientras, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) recuerda que México enfrenta su novena recesión en menos de 40 años (y la segunda pandemia en menos de 11) y la caída de 2.2 por ciento (anualizado) del PIB en el primer trimestre de 2020 lo confirma. Ello implica la posibilidad de que en el presente año, de acuerdo con el planteamiento realizado por el presidente López Obrador, en nuestro país se cancelen un millón de empleos.
La tendencia negativa de la economía es factor de polarización que restringe los acuerdos que el país requiere. Además, los primeros resultados publicados para el mes de abril muestran que la caída será mayor en el segundo trimestre.
México, apunta el citado instituto, enfrenta el reto de acotar el daño que la recesión económica iniciada a finales de 2018 y el coronavirus están infligiendo a una sociedad que acumula 50 años de crisis recurrentes. El bajo crecimiento del PIB, el nulo valor agregado del gasto e inversión del gobierno, así como el bajo contenido nacional de las exportaciones se han conjugado con un mercado laboral precarizado por las nueve recesiones que se han presentado desde 1982.
Para aspirar a conformar un estado de bienestar, México debe constituir un Estado desarrollador: sin bases productivas no se puede aspirar a generar una sociedad en donde el progreso y el desarrollo social sean un rasgo distintivo. La historia económica mundial contemporánea es contundente: los únicos ejemplos de un Estado de bienestar sostenible se han cimentado en el crecimiento económico vigoroso, la elevada inversión productiva y una banca de desarrollo proactiva con una estrategia integral bien para acompañar el fortalecimiento de la industria nacional.
La época del mercantilismo y de los tratados comerciales sin desarrollo industrial ha quedado rebasada por la historia moderna.
Las rebanadas del pastel
Bien por el Centro Nacional de Control de Energía, porque hará valer los medios de impugnación que la ley le otorga, luego de que un juez –sin vela en el entierro, al tratarse de un asunto administrativo y no de competencia económica– amparó a un grupo de empresas generadoras de energía solar y eólica. El estado de derecho es de ida y vuelta.
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Violencia de género, la otra emergencia
Como se ha consignado en este espacio, el confinamiento al que millones de personas se han visto obligadas debido a la pandemia de SARS-CoV-2 tiene como uno de sus efectos más deplorables un incremento en la ya de por sí alarmante violencia de género que enfrenta el país.
Esta realidad fue reconocida ayer por Gemma Santana Medina, directora de la Agenda 2030 en la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, quien informó que durante abril los centros de refugio atendieron a 77 por ciento más de niñas, niños y mujeres que en el mismo periodo de 2019, mientras los rescates de mujeres pasaron de uno al mes durante al año pasado a 19 en lo que va de 2020.
En este contexto, el lunes pasado la Secretaría de Gobernación firmó con el Fondo de Población de Naciones Unidas en México (UNFPA) un convenio marco de cooperación técnica, con el fin de impulsar la estrategia nacional de protección integral para las mujeres y niñas víctimas de violencia de género. Entre sus objetivos concretos, dicho acuerdo busca facilitar la implementación de servicios esenciales, acciones en materia de población y desarrollo, así como la promoción del acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva.
De manera adicional, la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, anunció que el gobierno federal trabaja para definir acciones urgentes de atención en la materia durante la etapa de confinamiento por la crisis sanitaria en curso, e informó que solicitará a la Secretaría de Hacienda garantías sobre los recursos de aquellos programas que forman parte de los derechos humanos de género.
Cabe saludar que tanto la encargada de la política interna como una funcionaria adscrita a la oficina del Ejecutivo federal reconozcan el fenómeno de la violencia de género y su agravamiento en la actual coyuntura, pues ello supone un punto de partida indispensable para cualquier avance en esta materia. Asimismo, es de esperarse que la autoridad hacendaria canalice sin dilación todos los recursos requeridos por el esfuerzo oficial para librar a mujeres y niñas de todas las formas de agresión de las que son víctimas, y que cada una de las acciones tomadas en este sentido reciba un seguimiento puntual que garantice su eficacia.
En la consecución de estas metas no puede pretextarse la innegable merma que la pandemia y su estela de destrucción económica suponen para los recursos, tanto materiales como humanos, a disposición de las autoridades: la atención a las mujeres en riesgo de muerte por violencia no es y no puede ser menos prioritaria que la atención a los enfermos graves de Covid-19; unas y otros demandan la acción urgente del Estado en sus tres niveles de gobierno.