Arturo Balderas Rodríguez
El extraordinario movimiento de reivindicación de los derechos civiles, en el que millones de ciudadanos han sido impulsores y protagonistas, ha puesto en marcha la ingente necesidad de revisar normas y procedimientos que durante años se han esgrimido para agredir a una parte de la sociedad. Así se advierte cuando en el Congreso, en las legislaturas estatales y locales, ya se discuten las leyes y reglamentos encaminados a reformarlos y, de ser el caso, suprimirlos. Pero la historia es necia, y nos recuerda que del dicho al hecho hay un buen trecho. A partir de los años 60 se ha elaborado un puñado de leyes y proyectos destinados a suprimir las condiciones que ahora son motivo para el levantamiento popular en miles de ciudades a lo largo de Estados Unidos. El hecho es que, por una u otra razón, dichas normas se han quedado en la letra, y en muchos casos simplemente han sido ignoradas. Pero haberlas ignorado ha puesto también de manifiesto que, en el fondo, hay una causa que va más allá de la necesidad de un maquillaje que con el tiempo se deslave nuevamente: la creciente desigualdad social y el abismo que, a causa de ella, se abre entre sus diferentes estratos. Ahora, con mayor fuerza y claridad, se advierte que en el cimiento de la protesta en contra de la brutalidad de la policía y la desigual forma de aplicar la justicia, yace la creciente inconformidad por una desigualdad que va más allá de la que emana de las leyes.
En años recientes, una de las expresiones más claras de esa inconformidad fue el movimiento de los 99 contra el uno por ciento (Occupy) que cimbrara las sedes del poder financiero y pusiera de manifiesto la astronómica riqueza de un puñado de magnates. Con el tiempo, el movimiento se perdió en las páginas interiores de los diarios hasta desaparecer casi por completo. Sin embargo, sus causas son necias y subyacen en una sociedad que, por conveniencia o comodidad, las ignora.
Tal vez el eje del que en su momento carecían quienes integraron el movimiento Occupy lo han encontrado ahora con el piso más firme de las demandas por una mayor justicia e igualdad frente a la ley. Es una exigencia que día con día crece en el país más rico de la tierra, en el que la segmentación de clases sociales y económicas emerge cada vez con mayor fuerza. Al menos es lo que se advierte en las consignas que se repiten, esta vez, en un movimiento en el que la discriminación racial se amalgama y camina en el mismo sentido con la querella en contra de la marginación de aquellos que el desarrollo ha dejado de lado.
A quererlo o no, lo que no ha desaparecido en el espejismo que propicia el desarrollo sin adjetivos es una redición de la lucha de clases cuyo fantasma asusta, y con razón, a las buenas almas. Tal vez sea exagerada y demodé la observación, pero es una realidad inocultable que se deja ver en las cifras que revelan un crecimiento exponencial de la pobreza.
En este contexto, vale sintetizar las palabras de algunos jóvenes de origen latino que recientemente marcharon a lado de los negros demandando justicia e igualdad cuando advierten la necesidad de “que las comunidades latinas reconozcan el interés común con los afroestadunidenses, cuya poderosa infraestructura política debiera ser un modelo a seguir. Siempre hemos sabido que la brutalidad policiaca es un asunto de negros y cafés y, en el fondo, uno de gente pobre (The New York Times, 4 de julio).
Ellos, mejor que nadie, han sabido expresarlo: es un asunto de pobres. Uno que cada vez, con más fuerza, devela una realidad cuyo efecto concreto es que millones tienen que buscar el sustento familiar en horas en los que pocos son los que tienen el privilegio de descansar. Desigualdad, pobreza, racismo y violencia social son realidades cada vez más difíciles de disociar entre sí, y tienen antecedentes más lejanos que la actual crisis derivada de la pandemia.
Pero que, al igual que otras calamidades, como el huracán Katrina y los incendios en California, han ocasionado que esas lacras sociales sean más aparentes.
Un negro futuro en desertificación y sequía
Iván Restrepo
Los últimos 20 años, todos los reportes de los organismos internacionales que analizan los asuntos relacionados con el clima, mencionan que la sequía y la desertificación afectarán severamente a México. Igual afirman los centros de investigacion y los expertos más reconocidos del país, como Carlos Gay, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y agregan que por el cambio climático, la situación será más extrema y afectará a casi la mitad del territorio nacional. Especialmente al norte y centro del país, donde se ubican los núcleos urbanos más densamente poblados que, junto con la agricultura y la industria, son los que mayor requieren agua.
No se equivocaron los que a tiempo advirtieron del avance de la desertificación y la sequía. Los últimos 10 años dichos fenómenos se expandieron por el territorio nacional, afectando cosechas y falta de agua en las ciudades y el campo. Durante el sexenio de Felipe Calderón se reconoció que 19 estados padecían por falta del líquido, especialmente en la zona norte y el centro del país. De asesino silencioso, calificaron las autoridades en 2011 a la sequía al afectar a más de 2 millones de familias. Calderón sostuvo que en los registros de siete décadas no había datos de un año tan seco como ése, mientras la oposición calificó al mandatario de falta de sensibilidad por no atender adecuadamente el problema, lo cual llevó a la pérdida ese año de 80 por ciento de la producción de frijol y la mitad de la cosecha de maíz y trigo.
Durante el sexenio de Enrique Peña sucedió lo mismo: muchos estudios oficiales y académicos sobre la desertificación y la sequía y pocas acciones para revertir sus efectos. En lo que va del siglo, hemos perdido millones de hectáreas de bosques (fábricas naturales de agua) y la disponibilidad del líquido básico para la vida se ha reducido en 6 por ciento, mientras la demanda aumenta por el crecimiento poblacional.
En tanto, se hace mal uso del agua disponible en las áreas de riego y en los centros urbanos, además de que en muchos de ellos el servicio de llevarla a las viviendas está subsidiado, como en la Ciudad de México, lo que lleva a que no se utilice racionalmente. Y con el agravante de que mientras ciertas zonas la tienen en abundancia y la desperdician, en otras, como Iztapalapa, escasea en extremo y, cuando la hay, es de mala calidad.
En otros casos, el agua se concesiona ventajosamente a trasnacionales culpables de que tengamos altos índices de obesidad y diabetes. Uno muy comentado recientemente es el de la Coca-Cola Femsa en su planta de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Dispone de suficiente líquido para elaborar sus bebidas que atentan contra la salud, mientras la población carece de él. Agreguemos la afectación económica en las familias mexicanas, que emplean 10 por ciento de sus ingresos en la adquisición de refrescos elaborados con agua propiedad de la nación.
Otro ejemplo reciente se tiene en Baja California. El actual gobernador comenzó hace un mes el combate contra las empresas que llamó aguachicoleras, con altas deudas por el servicio que reciben y gozaron durante lustros de impunidad, como el consorcio que tiene bajo conesión el Aeropuerto Internacional de Tijuana. Debía 32.5 millones de pesos. Ya pagó pero debe construir una planta para el tratamiento de las aguas negras, pues van a dar a Imperial Beach, California.
Un negocio trasnacional, KenMex, en Mexicali, adeudaba 34 millones al organismo operador del agua. Ya pagó. Otras 85 empresas tienen adeudos y serán obligados a saldarlos. En Tijuana se detectaron 634 empresas aguachicoleras. Deben casi mil 500 millones de pesos y ya se recuperó más de una tercera parte de ese monto. Una de ellas es el Hipódromo Agua Caliente, propiedad de Jorge Hank. Tiene concesión para sacar líquido de tres pozos y por descargas residuales adeuda más de 36 millones de pesos. Agreguemos, con adeudos millonarios, a Home Depot, Pepsico, hoteles diversos, Unitech Foam, Parque Industrial Girasoles, Springs Windows Fashions, Inmobiliaria Flecha Amarilla y Kamimex.
Con adeudos millonarios hay también poderosas empresas en otras entidades. Han gozado de protección de funcionarios corruptos de diverso nivel. La actual administración prometió programas para garantizar el uso racional del agua. Es hora de hacerlos realidad.
