El juicio a Genera García Luna en Estados Unidos entró en una fase de deliberación a puerta cerradas. Foto Ilustraciones Jane Rosenberg del juicio de Genaro García Luna
Nueva York. El juez federal Brian Cogan instruyó este jueves al jurado sobre cómo proceder y con cuáles criterios legales para deliberar sobre el caso criminal contra Genaro García Luna, al señalar que ellos ahora son “los únicos jueces” de las pruebas y declaraciones presentados en este juicio y enfatizando que el acusado es presunto inocente bajo la ley hasta que “ustedes determinen que el gobierno ha comprobado más allá de la duda razonable que el acusado es culpable”.
Durante más de dos horas, el juez leyó ante el jurado, y ante la fiscalía y la defensa incluyendo el acusado, sobre lo que dicta la ley, los cargos, y el proceso de evaluar evidencia presentada en este caso durante el último mes. Enfatizó una y otra vez que el jurado tiene que tomar sus decisiones “basadas exclusivamente sobre la evidencia”, y no por simpatías o antipatías de uno de los lados, ni especulaciones, ni otorgar especial peso a lo presentado por el gobierno ya que “todos son iguales ante esta corte”, tanto el acusado como los fiscales.
Cogan insistió sobre el punto de que la fiscalía tiene la carga de la prueba sobre la culpabilidad del acusado, mientras que los abogados defensores “nunca tienen la obligación de comprobar inocencia” ya que el acusado es presunto inocente “hasta que ustedes determinen si el gobierno ha comprobado más allá de la duda razonable que es culpable”. Agregó que eso tiene que ser decidido sobre la evidencia o la falta de evidencia. Reiteró que “ustedes tienen que decidir qué testigos y cuáles pruebas pueden creer” usando el “sentido común” y que “ustedes tendrán que determinar donde esta la verdad”.
Detalló y definió los cinco cargos criminales que enfrenta el acusado y dijo que el jurado tiene que tomar una decisión unánime de culpabilidad. o no culpabilidad, sobre cada uno de los cargos, y que cada cargo se tiene que considerar por separado. Los cargos son participar en una empresa criminal continua, conspiración de distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, y hacer una declaración falsa ante las autoridades estadunidenses.
Explicó que una conspiración bajo la ley es donde dos o más personas acuerdan participar en una actividad criminal. Señaló que bajo las tres acusaciones de conspiración, el acusado no tiene que personalmente participar en la actividad física de transportar y distribuir cocaína, sino es culpable si se demuestra que fue parte de ese esfuerzo, y conspirar es un delito aun si no es exitoso.
Sobre el primer cargo, informó lo que declara la ley en torno a la participación en un esfuerzo criminal de manera continua, en este caso, el apoyo y asistencia al Cártel de Sinaloa entre 2001 y 2019, y que el jurado tiene que decidir si dentro de este cargo el acusado cometió varias violaciones.
A pesar de que fue notable la falta de pruebas y materiales para corroborar las declaraciones de los testigos en el caso presentado por la fiscalía - algo que enfatizó la defensa- lo cual detonó especulaciones de observadores de que el jurado podría dudar en declarar culpable al acusado, el hecho es que, como reportó Vice News, menos de 1 por ciento de los acusados por delitos federales logran ser absueltos en un juicio con jurado.
A partir del mediodía, el jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres empezaron a deliberar a puerta cerrada y sin un plazo fijo sobre la evidencia presentada en declaraciones de los 27 testigos que desfilaron ante ellos en el juicio. Este jueves enviaron tres solicitudes al juez para revisar partes de algunas transcripciones de testigos, y se espera que continuarán este tipo de comunicación - la única que se permite - con el juez.
Mientras tanto, los fiscales y los abogados de defensa, la esposa e hijos del acusado, los periodistas, representantes del gobierno mexicano, agentes de la DEA y otros funcionarios estadunidenses como también algunos activistas mexicanos ahora solo pueden esperar al jurado cuando anuncie si ha logrado un consenso sobre el veredicto.
Eso podría ocurrir en cualquier momento durante los días que sesione el jurado, incluyendo este viernes de 9:00 a 16:30 en promedio o si no, a partir del próximo martes en adelante al regresar de un puente (el lunes es feriado).
Tal vez pueda servir de distracción para los que están en esta espera que al otro lado del parque frente del Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York se está rodando una película o serie policiaca, al parecer algo entre buenos y malos y los que están atrapados en medio.
Juicio acotado
Pedro Miguel
El 8 de mayo de 2008 el jefe policial Édgar Eusebio Millán Gómez, quien se desempeñaba como jefe de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF), fue lesionado con nueve balazos en el domicilio de sus padres, en la colonia Guerrero de la ciudad capital, y murió poco después a bordo de una ambulancia. Era uno de los superpolicías del grupo de Genaro García Luna, a quien acompañaba desde los tiempos de la Agencia Federal de Investigación, fundada en 2001 por Vicente Fox y puesta en manos del ahora procesado en Nueva York. El asesino material fue detenido en el lugar del crimen por los escoltas de Millán y posteriormente cayeron presos otros cinco involucrados; uno de ellos, agente de la PF en activo (https://is.gd/lWwFLN). De acuerdo con la investigación posterior, los datos del trayecto, la hora estimada de llegada y la localización de la casa habían sido comunicados por Millán a los principales mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y sólo eran conocidos por un grupo pequeño de funcionarios (https://is.gd/vbcTI7). Al día siguiente, Felipe Calderón, los secretarios de Defensa y de Marina, el entonces titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el propio García Luna formaron una guardia de honor alrededor del ataúd del policía muerto.
Se mencionó que horas antes de su asesinato, Millán había encabezado la captura de nueve presuntos sicarios del cártel de los Beltrán Leyva (que ya por entonces estaba de pleito contra El Chapo Guzmán) en Xoxocotla, Morelos (https://is.gd/HZFoup), pero después se supo que el policía que participó en la organización del crimen de la colonia Guerrero trabajaba para el cártel del Pacífico, al cual García Luna brindaba protección a cambio de millones de dólares, de acuerdo con los testimonios del juicio de Nueva York.
La fiscalía actuante en ese proceso, al presentar sus conclusiones, trazó el organigrama de lo que sería el cártel García Luna, en el que aparecen los principales jefes de la PF, incluido, por cierto, el propio Millán, de quien se habían expresado sospechas desde tiempo atrás (https://is.gd/NaC2L7) y quien pertenecía a un grupo policial de élite entrenado por la DEA y la FBI estadunidenses en el marco del programa de Unidades de Investigaciones Sensibles (SIU, por sus siglas en inglés, https://is.gd/zBTol0). Washington observaba con especial interés la trayectoria de sus discípulos. Por ejemplo, el entonces embajador estadunidense, Tony Garza, difundió un extenso y emotivo comunicado sobre el homicidio de Millán, un gesto inusual al que no solían hacerse merecedores otros policías ultimados (https://is.gd/O0WEjS). Lo cierto es que 12 integrantes de las SIU murieron asesinados en el sexenio de Calderón, y es lógico suponer que las agencias de Washington realizaron sus propias pesquisas al respecto.
Pero el juicio de Nueva York no se diseñó para esclarecer si García Luna ordenó el asesinato de algunos de sus subordinados, ni para encontrar los hilos discretos que vinculaban al poder calderonista con las actividades delictivas del ex secretario de Seguridad, y mucho menos para arrojar luz sobre el involucramiento de segmentos enteros de Washington con las organizaciones criminales mexicanas. Tal vez por eso se prohibió expresamente que durante el juicio fueran mencionados los abundantes homenajes que los altos funcionarios del país vecino rendían al ahora acusado o la facilidad con que éste se hizo de una red de propiedades en Florida. En las sesiones tampoco ha salido a relucir el abyecto e incondicional servilismo de García Luna hacia Washington, actitud que lo llevó a ofrecerle a Michael Chertoff, entonces encargado de la Seguridad Interior en el país vecino, libre acceso a nuestra información de inteligencia en seguridad pública (https://is.gd/aj5iEA). Ha sido, pues, un juicio estrictamente acotado y, en varios sentidos, amordazado.
No deja de causar una sonrisa que Anne Milgram, encargada de la DEA, haya dicho en pleno proceso a García Luna que México tiene que hacer más ante el trasiego de drogas y que criticara al país por no compartir con Washington más información, no extraditar a presuntos o convictos narcotraficantes en las cantidades que ella desearía y destruir suficientes laboratorios de producción de fentanilo. Da la impresión de que en el fondo, en la DEA y demás dependencias estadunidenses relacionadas con el combate a las drogas hay cierta nostalgia por las épocas doradas en las que García Luna colaboraba plenamente con ellas y el calderonato permitía que la propia DEA le lavara dinero a El Chapo (https://is.gd/VsLPC6) o que otras oficinas gubernamentales del país vecino enviaran al cártel del Pacífico toneladas de fusiles de asalto (https://is.gd/fjO8wq).
Pero no. No sabemos cuándo ni por qué García Luna cayó de la gracia de Estados Unidos; lo único claro es que Washington tiene la intención de joderle la vida para siempre y que su juicio fue estrictamente acotado al cumplimiento de ese propósito.
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