Acorde con el humor brasileño, el año empieza luego del Carnaval, o sea, a partir del miércoles que viene, miércoles de ceniza.
Lejos del humor brasileño, el año empezó de manera más que preocupante, con seguidores radicales del ultraderechista ex presidente Jair Bolsonaro invadiendo y destrozando las sedes de los tres poderes en Brasilia –algo inédito en la historia del país – y con Lula da Silva, quien había asumido su tercer mandato presidencial el primer día del año, enfrentándose con la catástrofe heredada del peor mandatario de la historia de la República.
Hasta ahora, lo que se ha visto desde que se retomó la democracia, hace poco más de mes y medio, es asombroso. Se constató una tenebrosa masacre de comunidades indígenas, en especial para los yanomamis, el mayor contingente de pueblos originarios en territorio brasileño. También quedó claro hasta qué punto Bolsonaro colocó a sus seguidores en puestos considerados claves en las fuerzas armadas, principalmente en el ejército.
Librarse de militares con claras tendencias golpistas fue otra de las tareas prioritarias que pesan como sombras sobre el gobierno de Lula. Esa tarea se cumple como quien pisa sobre cristal: todo cuidado es poco.
Lograr el delicado equilibrio entre los partidos de las más distintas tendencias que se aliaron a la izquierda y a la centro izquierda significó aceptar concesiones que difícilmente se darían en otra circunstancia. Pero hasta ahora el gobierno sigue flotando. Y si en el ámbito nacional brasileño el escenario sigue siendo un tanto nebuloso, en el internacional el ambiente se clareó rápidamente, tal y como se esperaba.
Entre los innumerables y tensos puntos pendientes, además de los ya mencionados (la cuestión de las relaciones con las fuerzas armadas y la situación de las comunidades indígenas), al menos tres siguen vigentes entre los integrantes del núcleo más cercano a Lula da Silva.
Uno es qué pasará con los seguidores de Bolsonaro, quien sigue refugiado en Florida. Por más que esté claro que su figura sufrió un desgaste contundente, él sigue como líder supremo de amplias huestes fanatizadas.
Cada día surgen más evidencias de que su futuro electoral pende de un hilo, gracias al creciente número de denuncias y juicios que podrían llevarlo a ser declarado legalmente inelegible. Su futuro jurídico también es cada vez más sombrío frente a la perspectiva de que sea llevado a un juicio severo. Lo que inquieta al gobierno es qué pasará no sólo con sus seguidores, sino con los que fueron elegidos diputados, senadores y gobernadores bajo su paraguas.
Tener a un Bolsonaro que sea declarado inelegible es una cosa. Convivir con él en tal circunstancia, otra bien distinta. Resta por saber si logrará actuar como líder de una derecha civilizada.
Otra herencia preocupante es el asombroso –y hasta ahora desconocido en detalle– número de armas distribuidas entre la población civil.
En 2018, víspera de la asunción del desequilibrado ultraderechista al sillón presidencial, había en manos de civiles un millón 300 mil armas registradas legalmente. A fines de 2022, su último año como mandatario, el número alcanzó 2 millones 900 mil, es decir, más del doble.
En los cuatro años de su mandato, el ejército, responsable de autorizar nuevas escuelas de tiro, aprobó mil 483 solicitudes.
En el gobierno del ultraderechista se aprobó más del doble de nuevas escuelas de tiro que en los 10 años anteriores.
Así anda mi pobre país, rumbo a la reconstrucción de la democracia, pero tropezando a cada instante con la herencia maldita del abyecto desequilibrado que descansa en Florida, lejos del Carnaval y de la justicia de su país.
Maíz transgénico y T-MEC
Ana de Ita*
Las presiones de Estados Unidos sobre las decisiones del gobierno de México respecto al maíz transgénico han continuado creciendo. De ambos lados de la frontera la desinformación y la propaganda sobre la cancelación de las importaciones mexicanas de maíz genéticamente modificado, a partir de enero de 2024, que establecía un decreto emitido en diciembre de 2020, escalaron la confrontación (bit.ly/3S5rbZP).
El presidente López Obrador propuso aplazar –hasta enero de 2025– la entrada en vigor de la prohibición de uso de maíz genéticamente modificado, lo que fue considerado insuficiente por el gobierno de Estados Unidos y los intereses corporativos que representa.
El jefe de comercio agrícola estadunidense declaró que había dado a México hasta el 14 de febrero pasado para explicar los argumentos científicos que sostienen las prohibiciones que prevé aplicar sobre el maíz transgénico y el glifosato (bit.ly/3Ib5Sl4).
Un día antes del vencimiento del plazo, el mandatario mexicano emitió un nuevo decreto, que sustituye al anterior y busca aclarar los alcances de las medidas (bit.ly/3YAjdKI).
El nuevo decreto mantiene la prohibición de siembra y liberación al ambiente de maíz transgénico, en vigor actualmente gracias a la presión de los movimientos sociales y a una demanda colectiva interpuesta por la sociedad civil y ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Establece que no se autoriza el uso de maíz genéticamente modificado para la elaboración de masa y tortillas, que también responde a una demanda social y no debería estar sujeta a explicaciones científicas ni de ninguna índole, pues no enfrenta al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que no impide las importaciones, sino únicamente prohíbe internamente que el maíz genéticamente modificado se use para la elaboración de masa y tortillas.
No obstante, esta prohibición se debilita al dejar la responsabilidad de no utilizarlo a las propias empresas importadoras, que en distintas ocasiones han utilizado las compras del maíz en su beneficio.
Con el propósito de tranquilizar al gobierno de Estados Unidos, el nuevo decreto aclara que el maíz genéticamente modificado está autorizado para la alimentación animal y también para el procesamiento industrial de alimentos para consumo humano, que en conjunto absorben la mayor cantidad de importaciones. Como parte del texto, y más bien dirigido hacia los mexicanos, declara la intención gubernamental de una futura sustitución del maíz transgénico destinado a estos fines, aunque no propone fecha, ya que dependerá de la suficiencia en el abasto. Declarar la intención de una futura prohibición, incierta y sin fecha, pone nuevamente en guardia a los vecinos protransgénicos.
Estados Unidos exige a México explicar los argumentos científicos que están detrás de la prohibición del maíz transgénico y proporcionar cualquier evaluación de riesgo, norma internacional, directriz o recomendación que respalde sus decisiones. Aunque existen muchos estudios científicos que demuestran los daños a la salud, al ambiente y a la biodiversidad que provoca el maíz genéticamente modificado y el glifosato que lo acompaña, en el terreno científico las corporaciones biotecnológicas han acaparado la mayoría de los espacios y posiciones de poder, así la discusión científica no está libre de intereses y puede resultar cuesta arriba.
Para estar a tono con el T-MEC, el texto señala que las alternativas que se impulsen para sustituir el maíz genéticamente modificado se llevarán a cabo tal como el tratado lo exige: de conformidad con principios científicos y normas, directrices o recomendaciones internacionales relevantes y compromete a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) a realizar, junto con otras instancias equivalentes de distintos países, un estudio sobre los daños a la salud que provoca el maíz genéticamente modificado.
El secretario de agricultura de Estados Unidos manifestó estar decepcionado por el nuevo decreto que mantiene la prohibición de maíz genéticamente modificado para consumo humano (bit.ly/3I9RPvZ), mientras el jefe de comercio agrícola dijo que analiza cuidadosamente el decreto en su totalidad.
Así, aunque México ha continuado importando maíz en cantidades récord de más de 17 millones de toneladas, que provienen en su mayoría del país vecino del norte y son transgénicas, la intención declarada del gobierno de lograr en un futuro no definido la sustitución de las importaciones de maíz a partir de la autosuficiencia alimentaria le ha colocado en la antesala de un panel de solución de controversias en el T-MEC. El capítulo 9, relativo a medidas sanitarias y fitosanitarias, que invoca la representación comercial de Estados Unidos, apunta que un país está autorizado a solicitar el razonamiento científico cuando la medida de otro país está restringiendo, o tiene el potencial de restringir el comercio, y la medida no se basa en una norma, directriz o recomendación internacional relevante (bit.ly/3XDra0k).
No parecería viable iniciar una controversia comercial con base en una intención futura, a la que contradice la realidad de importaciones crecientes, pero veremos qué nos depara el T-MEC.
* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano