martes, 30 de agosto de 2016

Resignación o subversión.

Pedro Miguel
Este gobierno carga con los fardos de Montiel, Atenco y los feminicidios en el Estado de México, el repudio juvenil que cristalizó en #YoSoy132, las pifias oratorias y declaratorias de Peña Nieto, el Monexgate, la atrocidad de Iguala, las masacres de Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán, los escándalos de la Casa Blanca, Malinalco, Miami, OHL y Grupo Higa, el desastre de la reforma energética, las convulsiones sociales detonadas por la reforma educativa, la barbarie de Nochixtlán, el estancamiento económico, el incremento de la pobreza, la estrepitosa caída de su imagen internacional –que es la que le importa– y, para poner la cereza en el pastel, la revelación de los plagios en la tesis de licenciatura de quien hoy ejerce la Presidencia. El accionar gubernamental ha provocado además la agresividad autoritaria de las cúpulas empresariales y una iracunda reacción de las eclesiales en contra de Los Pinos.
Con ese telón de fondo, caracterizado por la evidente reducción de los márgenes de gobernabilidad, se anuncia que los trabajadores deberán aportar mucho más dinero del que actualmente entregan a sus fondos de pensiones, se impone un incremento en las tarifas energéticas y los representantes oficiales se levantan de la mesa del diálogo con el magisterio en resistencia. El gobierno actúa como si tuviera detrás un sólido respaldo social e ignora que el descontento en su contra se extiende, por angas o por mangas, a siete u ocho de cada diez ciudadanos. No es fácil de entender.
Una primera hipótesis para explicar este comportamiento incendiario sería el de la descompostura generalizada en el tablero de instrumentos: el grupo gobernante no se entera de lo que ocurre afuera de sus oficinas, o bien no es capaz de interpretar correctamente los datos del país. Si esta noción fuera correcta habría que concluir que el gobierno cree que el suelo está mucho más lejos de lo que en realidad está y que confía en las medidas de autoridad para restablecer a rajatabla su propio rumbo y el de su programa de devastación económica, social e institucional. En ese escenario, Peña seguiría aferrado a su sueño de restablecer la presidencia priísta omnímoda y omnipotente y su equipo estaría viendo los graves desarreglos nacionales provocados en estos cuatro años como turbulencias pasajeras e intrascendentes.
Otra posibilidad es la de la resignación: el grupo gobernante se da perfecta cuenta de lo que está ocurriendo pero se ve obligado a seguir el rumbo de colisión porque sus mandantes reales –los grandes capitales vernáculos y foráneos, los organismos financieros internacionales y el Departamento de Estado del país vecino, por ejemplo– no le dejan alternativa ni le permiten efectuar la menor variación en el plan. En este supuesto, el priísmo gobernante se habría resignado ya a devolver el puesto presidencial al panismo, específicamente en la persona de Margarita Zavala de Calderón. El régimen oligárquico confiaría en que en seis años se habría disipado la pavorosa estela de corrupción, violencia e ineptitud dejada por el calderonato y Acción Nacional estaría en condiciones de volver, con una imagen lavada por el tiempo y el contraste y, desde luego, con la mano (no tan) invisible de Washington guiando el mercado político.
Una tercera: la huida hacia adelante. Ante lo que parece la imposibilidad de mantenerse en el poder en las elecciones de 2018, el equipo gubernamental apuesta en forma deliberada a provocar una desestabilización nacional que le permita interrumpir la normalidad constitucional –ya tiene los instrumentos legales para ello– y dar un golpe que le permita mantenerse en el poder por un lapso indefinido en tanto se negocia una recomposición de las alianzas interoligárquicas, un nuevo contrato con el gobierno estadunidense y alguna salida legitimadora. Esta tercera hipótesis es escalofriante, pero los desplantes oficiales en tiempos tan inciertos hacen posible una lectura de los recientes gestos de gobierno –la masacre de Nochixtlán incluida– como piezas de un plan de provocación: exaspera, exaspera, que algo queda.
Para las organizaciones y los movimientos contrarios al régimen y empeñados en recuperar al país del desastre peñista resulta crucial el ejercicio de auscultación de las tendencias e intenciones del grupo gobernante a fin de hacer posible el tránsito, mediante una amplia confluencia social y popular, hacia la recuperación nacional y hacia una nueva etapa en la que el poder público en México pueda ponerse al servicio de la población y no de los intereses oligárquicos.
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Un nuevo ciclo para la justicia educativa.

Lilia Mónica López Benítez*
No hay duda de que debe proponerse un modelo educativo de calidad. En ese sentido existe consenso tácito, pero es en la inclusión de los medios para lograr tal fin donde se agudiza el desacuerdo. Entonces, el reto del sistema de enseñanza pública se inicia con el diálogo y la conciliación sobre el futuro de la educación.
El diagnóstico básico evidencia que se ha postergado desde mediados del siglo pasado la concepción de un plan estratégico sobre los efectos de la educación en el futuro del país. En ese dictamen, la clave del éxito colectivo radica en anticiparse a los retos del porvenir. Lo que hoy tenemos reafirma la pobreza del conocimiento y sus efectos son devastadores en un ciclo de reproducción de la pobreza no sólo económica, sino intelectual.
La desigualdad educativa es un fenómeno multifactorial. Estriba también en un principio redistributivo de las políticas fiscales y de la incongruencia del gasto que no se centra en la persona ni en su progreso cognitivo. El otro gran trance es la inercia histórica de un conflicto que confronta y cuyas consecuencias negativas son asumidas por la sociedad en general.
Considerando que todos deseamos elevar la calidad de la educación, debemos estar más receptivos a las propuestas de reforma académica que se presentan como alternativas. También es indispensable que actores públicos, privados, profesionales y científicos tomen parte en el debate.

Los maestros privilegiados.

Luis Hernández Navarro
Daniel López Castellanos es un maestro oa­xaqueño que da clases de primaria en comunidades campesinas de Chiapas. Es un profesor mixteco (a mucho orgullo) que enseña a migrantes guatemaltecos asentados del lado mexicano de la frontera. Es –confiesa– un trabajador de la educación privilegiado, con un salario base de 4 mil 300 pesos quincenales.
En 1985, a los 19 años, Daniel llegó a Chiapas a hacer realidad su sueño de ser maestro. El deseo de ser docente le nació por culpa de Florencio Cruz Valencia, su profesor de sexto grado. Su mentor narraba la historia de una forma tan hermosa y convincente, que López Castellanos la vivía como si lo que escuchaba estuviera aconteciendo en ese mismo momento. “Cuando sea grande –se dijo– quiero ser como él.”
Tercero de nueve hermanos de una familia campesina del municipio de Santo Domingo Nuxaá (que en mixteco quiere decir Pueblo Nuevo), distrito de Noxhixtlán, Oaxaca, Daniel es el único de sus familiares directos que logró estudiar una carrera. Lo hizo a pesar de que su padre, don Filadelfo López Zárate, quería que se pusiera a trabajar en lugar de ir a la escuela.
Fue en la secundaria del municipio de Santa Inés Zaragoza donde encontró la pista de cómo poder estudiar. Vio en la experiencia de dos de sus maestros egresados de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá, en Chiapas, el camino para volverse profesor. El día en que les contó sus aspiraciones, ellos le respondieron que eso estaba muy bien, pero le pusieron una condición que él siguió al pie de la letra: no ser igual a ellos, sino mejor.
Cuando, sembrando frijol, le confesó a uno de sus hermanos menores –que le ofreció apoyo económico para seguir estudiando– su decisión de irse a Mactumatzá (que en zoque significa Cerro de las once estrellas), tuvo que admitir que no tenía idea de dónde quedaba ese lugar. “Pero sabes –le dijo–, allí hay una normal rural y yo quiero ser maestro.” De paso, le pidió que no dijera a sus papás adónde realmente se marchaba.
En el examen de admisión que presentó para entrar a la normal rural obtuvo el lugar 16 de entre mil 500 aspirantes. Fue uno de los 120 muchachos que lograron quedarse. Sin apoyo económico paterno, sobrevivió haciendo cuanto trabajo llegaba a sus manos. Allí estudió tres años de bachillerato y cuatro de licenciatura, aunque en total estuvo en esa institución ocho años. Y es que, durante 12 largos meses, las clases se suspendieron porque la autoridad trató (infructuosamente) de cerrar la escuela.
López Castellanos se burla de quienes dicen que la educación pública en nuestro país no es una vía para la movilidad social. “Para mí –asegura– Mactumatzá es como una segunda madre. Si no fuera por ella yo no sería maestro.” Además de obtener su licenciatura, leyó libros que lo marcaron de por vida, como Así se templó el acero, de Nicolás Ostrovski.

lunes, 29 de agosto de 2016

El reino del engaño

Gustavo Esteva
La distancia entre el discurso gubernamental y la realidad es ya tan grande, que es imposible atribuirla a bendita ignorancia. Forma parte de una estrategia perversa que contribuye a formar base social y justificación pública para el despotismo autoritario y violento que se ha instalado entre nosotros.
Se ha pregonado que la reforma educativa busca recuperar para el Estado el control de la educación. En este contexto, la palabra Estado se refiere al grupo político a cargo de agencias y dineros públicos y con extensiones mafiosas por toda la sociedad. Hace años se le llamaba PRI-gobierno. Ese Estado nunca perdió el control de la educación en México.
Ante todo, la Secretaría de Educación ejerce férreo control sobre todos los aspectos importantes del sistema educativo, a todos los niveles. Los dispositivos burocráticos reducen el margen de autonomía y libertad de maestros y alumnos y de cuantos se relacionan con la educación.
El gobierno también ha controlado al SNTE. Desde el diseño corporativo de tiempos de Cárdenas, el gobierno ejerció dominio del sindicato, aunque haya enfrentado periódicas rebeliones. No sólo corrompió a los líderes, sino a la estructura sindical y a los trabajadores. La herencia de plazas no es un invento de la CNTE, como se ha querido hacer creer, sino un diseño del PRI que aplica en diversos sindicatos.

Preguntas para el plagiador

John M. Ackerman
Libertad inmediata para Adán Mejía López y César León Mendoza, jóvenes presos políticos en Oaxaca.
Ya es hora de que Enrique Peña Nieto dé la cara. En lugar de enviar su Informe de gobierno por mensajería al Congreso de la Unión este jueves 1º de septiembre, tendría que asistir personalmente a la Cámara de Diputados para exponer sus supuestos logros y escuchar los cuestionamientos de los representantes populares. Un verdadero gobernante preocupado por los grandes problemas nacionales no se esconde del pueblo atrás de escritos plagiados, sino que acude a un diálogo franco con la ciudadanía y sus representantes populares.
Pero en lugar de abrirse a la ciudadanía, Peña Nieto ha decidido armar un teatro al peor estilo de Televisa. Temeroso de los 628 legisladores electos, el ocupante de Los Pinos ha invitado a 300 jóvenes, previamente seleccionados, censurados y amenazados, a una conversación personal sobre los logros del último año de gobierno.
Cada uno de estos jóvenes tendría que asumir su responsabilidad como vocero temporal del sentir de la nación y cuestionar duramente al Presidente de la República sobre el estado crítico que guarda el país. Una actitud complaciente o pasiva de su parte sería equivalente a un acto de traición a sus colegas, sus amigos, sus familiares y sus compatriotas, quienes hoy sufrimos las terribles secuelas del malgobierno.
A veces, quedarse callado equivale a mentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia, afirmó el gran escritor Miguel de Unamuno. El día en que nos quedamos callados sobre las cosas que importan es el inicio del ocaso de nuestras vidas. …Llega la hora en que el silencio equivale a traición, decía Martin Luther King Jr.

Mexicana: seis años de tragedia y opacidad

Ayer, al cumplirse seis años de la supensión de operaciones de Mexicana de Aviación, ex trabajadores de la aerolínea realizaron una marcha de protesta en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Es pertinente recordar que hace dos décadas la empresa hoy extinta se encontraba entre las mayores líneas aéreas del mundo por generación de ingresos y que en menos de tres lustros pasó a ser una compañía en ruinas. Esta historia catastrófica ilustra a cabalidad la destrucción provocada por las políticas económicas neoliberales, privatizadoras y opacas puestas en práctica en el país por las sucesivas administraciones desde 1988 hasta la fecha, por la voracidad empresarial y por la indiferencia de las autoridades ante la destrucción de miles de puestos de trabajo.
Hasta 2005 Mexicana era una empresa de propiedad pública –administrada por medio de Cintra– que transportaba 11 millones de pasajeros al año, operaba cerca de 60 aeronaves, generaba 8 mil empleos directos y unos 200 mil indirectos y contaba con dos filiales. En 2005, el gobierno de Vicente Fox vendió la empresa a Grupo Posadas, encabezado por Gastón Azcárraga, en una transacción por cerca de 165 millones de dólares. Al año siguiente los nuevos propietarios exigieron a los trabajadores recortes salariales de 35 por ciento y cancelación de prestaciones, con el pretexto de que la empresa debía ahorrar para adquirir más aviones. Pero, en vez de ampliar la flota, Azcárraga contrató empréstitos multimillonarios –sin informar de ello al consejo de administración de la empresa y sin enterar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la situación real de la compañía–, para lo cual hipotecó parte de las aeronaves, lo que derivó en una caída de las ventas.