jueves, 23 de febrero de 2017

Incertidumbre: justificación para la negación.

Orlando Delgado Selley
Con la imprecisión que le caracteriza, Peña Nieto nos anuncia que el país afrontará un periodo de incertidumbre provocada por las variaciones del precio del petróleo y del tipo de cambio, así como por las dificultades de la relación bilateral con Estados Unidos. Como bien sabemos, el precio del petróleo ha tenido una larga racha de caídas que redujeron el valor de la mezcla mexicana en 70 por ciento alcanzando su disminución mayor en 2015. De entonces a la fecha el precio del crudo mexicano ha recuperado parte de lo perdido, pero se mantiene muy por debajo de los niveles promedio registrados en el sexenio anterior. Es claro que hay total certidumbre de que el petróleo no se recuperará en los próximos años.
El tipo de cambio, por su parte, se ha venido deteriorando consistentemente desde que Peña Nieto empezó su mandato. El menoscabo acumulado es muy significativo y, aunque también ha habido una ligera recuperación en las semanas recientes, nadie sostiene que pudiera recuperarse por debajo de 19 pesos por dólar. Por el contrario, es muy probable que en los meses próximos el dólar reanude su apreciación prácticamente frente a las diversas monedas, entre ellas por supuesto nuestro peso. Así que tampoco en este frente hay incertidumbre.

Hasta que la dignidad se haga costumbre.

Francisco López Bárcenas
Todo marchaba conforme a lo programado hasta que Estela Hernández, hija de Jacinta Francisco Marcial, tomó el micrófono y dijo su palabra. Desde el principio fue al grano. Dijo que era lamentable y vergonzoso que hubieran pasado 11 años para que la Procuraduría General de la República reconociera, obligada por un juez, que el proceso contra su madre, igual que contra Alberta Alcántara y Teresa Hernández, las tres mujeres hñahñus acusadas de secuestrar a seis policías federales en agosto de 2006, fue un error. El murmulló del auditorio Jaime Torres Bodet, en el Museo Nacional de Antropología, cedió su lugar a un silencio más solemne que el acto mismo. El acto preparado para que el Estado mexicano reconociera la inocencia de las tres mujeres procesadas injustamente y les ofreciera una disculpa pública se transformó en un espacio para la denuncia de la represión estatal, la falta de justicia, la inseguridad, la discriminación y el racismo.

Resistir la guerra fría de Trump contra México.

Antonio Gonzalez *
Dice el Diccionario Webster: Fascismo: filosofía política, movimiento o régimen que exalta la nación y a menudo la raza por sobre el individuo y postula un gobierno centralizado autocrático, encabezado por un líder dictatorial, con severa reglamentación social y económica y supresión coactiva de la oposición.
Donald Trump ganó la elección presidencial como un candidato estrafalario que prometió crear empleos y combatir al Isis. Pero el presidente Trump, lejos de gobernar como populista, de hecho está reuniendo en tiempo real los elementos de un régimen fascista. La fase uno de los objetivos fascistas de Trump se propone:

Homicidio industrial e impunidad

Napoleón Gómez Urrutia
El domingo 19 de febrero de 2017 se cumplieron 11 años de la terrible tragedia en la mina 8 de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, donde perdieron la vida 65 mineros, de los cuales 63 cuerpos todavía hoy permanecen abandonados en el fondo del socavón a 120 metros de profundidad, mientras 11 más sobrevivieron con graves quemaduras y lesiones que los dejaron marcados para el resto de sus vidas.
Para la mayoría de los familiares, amigos y compañeros de los mineros caídos parece que apenas sucedió ayer. Once años después todavía se escuchan los gritos y la desesperación por el dolor que dramáticamente continuó por horas, días y semanas, hasta que el sufrimiento y los lamentos se fueron apagando gradualmente. En el exterior de la mina en la que quedaron atrapados los trabajadores, era notable e impresionante la angustia, la desesperación y la incertidumbre de las familias, las cuales fueron tan intensas que ese homicidio industrial no se ha podido, ni se podrá olvidar jamás.

miércoles, 22 de febrero de 2017

Red de impunidades.

De acuerdo con la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y presentada ayer por el titular de ese organismo, Luis Raúl González Pérez, a la comisión especial que da seguimiento a los sucesos del 19 de junio del año pasado en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el entonces gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, ordenó el operativo policial en el que murieron ocho habitantes de esa población. El ombudsman lamentó las fallas cometidas posteriormente por las autoridades –federales y estatales– encargadas de investigar el caso, pues entorpecieron en forma significativa el esclarecimiento de lo ocurrido aquella mañana en la localidad mixteca.
El señalamiento de la CNDH confirma la responsabilidad de Cué en la toma de decisiones, algo que ya había dicho la noche de ese día el entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, al brindar una explicación poco convincente y contradictoria, con posicionamientos emitidos horas antes por la dependencia que él encabezaba.
Hasta la fecha, sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha avanzado en la debida investigación para deslindar responsabilidades de los autores materiales e intelectuales de los homicidios cometidos el 19 de junio. Tal empantanamiento es consecuencia de los desvíos en la actuación preliminar de esa misma institución, la cual, en las horas y días posteriores a esa fecha, asumió conductas intimidantes y agresivas hacia la población de Nochixtlán, y la desconfianza resultante la ha incapacitado hasta la fecha para completar las diligencias en el sitio. Por lo demás, hasta donde se ha hecho público, ninguno de los jefes de las tres corporaciones policiales que participaron en el fallido y mortífero intento de desalojo de la carretera –la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la policía estatal oaxaqueña– ha sido llamado a declarar, como no lo han sido el propio Cué y sus colaboradores, y hasta el momento los homicidios y los atropellos perpetrados por las fuerzas del orden el 19 de junio permanecen en la más completa impunidad.
En una escala menor, pero no menos exasperante, se sitúa el caso de Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, las tres comerciantes ñañús que en 2006 –en el sexenio de Vicente Fox– fueron acusadas de haber secuestrado a seis policías de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), encarceladas, enjuiciadas e injustamente condenadas en procesos del todo irregulares y violatorios de los derechos humanos. Ayer, en un acto realizado en el Museo Nacional de Antropología e Historia, la PGR ofreció, a regañadientes y 10 meses después de haber recibido la orden judicial correspondiente, una disculpa pública a las tres mujeres.
Aunque para las afectadas y sus familias esa disculpa constituye una mínima reivindicación, hasta la fecha los policías falsamente secuestrados, los agentes del Ministerio Público que las inculparon y los jueces que las condenaron siguen sin ser tocados por la mano de la justicia.
Los dos casos mencionados son un botón de muestra de la extensión y densidad de la red de impunidades presente en diversas dependencias públicas, y un recordatorio de la imperiosa necesidad de hacer acopio de voluntad política para enfrentar y erradicar esa lacra.

La Constitución ha muerto.

Pedro Salmerón Sanginés /III y último
El artículo 27 constitucional, el más importante de todos según los constituyentes, recogió la principal demanda de la Revolución: la reivindicación agraria. Estableció un nuevo sistema de propiedad de la tierra y asumió como responsabilidad del Estado la reforma agraria. Además, reivindicó para la nación la propiedad original de la tierra, las aguas y el subsuelo, y como una atribución del Estado la transferencia de su dominio a los particulares, constituyendo la propiedad privada, reservándose la facultad de expropiarla por causa de utilidad pública. El texto constitucional aceptaba como legítimo el reparto agrario, restituyendo la tierra a las comunidades rurales que hubieran sido despojadas de ella y otorgándola a quienes no la tuvieran. Por lo que respecta a los recursos del subsuelo, establecía la propiedad de la nación sobre ellos y encomendaba al Estado su preservación, lo facultaba a concesionarlos y a utilizarlos para impulsar el desarrollo nacional. El artículo 27 ponía así en manos del Estado y, sobre todo, del presidente de la República, el formidable poder de decidir cómo, cuándo, a quiénes y en qué proporción debía repartirse la tierra y de definir las modalidades para la explotación del subsuelo.
A diferencia de las propuestas revolucionarias del zapatismo y el villismo, que buscaban una revolución agraria inmediata y desde abajo, instrumentada y defendida por las comunidades armadas, la que surgió del Congreso Constituyente fue una reforma desde el Estado, llevada a cabo gradualmente por la vía institucional, y como una concesión desde el gobierno hacia las comunidades campesinas, que tenían que solicitar la restitución o dotación de tierras y esperar el proceso establecido por las leyes. A pesar de esto, la aplicación de los postulados de este artículo durante el sexenio de Cárdenas, en materia agraria y petrolera, permitió la radical transformación de la vida nacional y fue la base del desarrollo sostenido entre 1935 y 1970 (y, a pesar de las desfavorables circunstancias externas y de las erróneas decisiones en política económica, hasta 1982).