miércoles, 17 de enero de 2018

Guerra tonta.

Luis Linares Zapata
Aquellos admiradores de los procesos electorales estadunidenses celebran los efectos de la propaganda negativa. Sostienen que ayuda a conocer mejor a los candidatos en pugna. A la sombra de esos postulados han crecido numerosos publicistas que presumen ser especialistas en tal rubro. Algunos al alcanzado inmerecida fama internacional y se teme su posible arribo a México. Ya han sido empleados con anterioridad tanto por panistas como por el PRI. Habría entonces que distinguir si esta práctica merece ser adoptada como una fase lateral de la competencia por los cargos públicos en juego. Insistir, por tanto, en la distinción entre esparcir francas mentiras que azuzan fobias indebidas o temor colectivo, frente a lo que implica sacar a la luz ángulos oscuros, cadáveres ocultos de partidos o candidatos, pero que algo tienen de realidad.
Lo que viene sucediendo en la precampaña en curso se aleja de ambas posibilidades descritas. La difusión conlleva, hasta ahora al menos, solo un conjunto de tonterías magnificadas. Decir que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un nini o que J. A. Mead no levanta a muy poco conduce al electorado. Ningún descubrimiento dañino para los destinatarios contienen tan pedestres frases. Tachar, con cara desquiciada de gobernante pendenciero, a AMLO de estar loco, es simple desquite estomacal y no más de eso. Pintar bardas en Caracas apoyando la candidatura de AMLO en la Venezuela de Maduro fue una ridiculez. Insistir en agrandar la riqueza del panista R. Anaya por su caro tren de vida o los incrementos en las propiedades familiares es cuete quemado. Gastar tiempo aire en publicitar que Anaya habla inglés y francés tampoco le da ventaja. Como tampoco la da el ser avezado financiero.
Otras rutas iniciadas en la llamada precampaña, en cambio, comienzan a orientarse por senderos que pueden ser efectivos en su cometido: afectar las posibilidades de triunfo de uno o todos los contendientes. El caso llevado en Chihuahua sobre el peculado con recursos públicos es un punto señero, ejemplar. Ya esparce múltiples consecuencias para formar o robustecer las opiniones ciudadanas. La sospecha de los dineros públicos fluyendo a las campañas del PRI eran asunto casi normalizado en el horizonte ciudadano. Lo novedoso es la comprobación con cantidades y rutas usadas en la ilegal manipulación. La posterior detención del secretario adjunto del PRI complica y esparce ramificaciones insospechadas con anterioridad. La misma intervención de la Secretaría de Hacienda le ha dado el toque adicional. La capacidad de esta poderosa secretaría para llevar a las ocho columnas (radio, Tv y prensa) su postura pone de relieve, no sólo la dimensión alcanzada por los sucesos difundidos, sino su desmesurada influencia mediática. No se olvidan, tampoco, las otras vertientes: reiteradas peticiones de extraditar al ex gobernador César Duarte y la torpe negativa de la PGR de inacción premeditada es una de ellas. Mientras más tarde esta procuraduría en cumplir su obligación y solicitar la extradición, el encubrimiento en curso causará más daños. Certificará las complicidades implicadas en los altos nivel priístas. Otras vertientes adicionales van surgiendo en cuanto se avanza en la desigual disputa que sostiene la Federación contra el gobernador J. Corral. Muchos de estos y otros ángulos inciden, de manera directa en colorear, con tonos y acentos negativos, la realidad de las trampas electorales. Llama la atención el escaso efecto que tuvo la intervención del presidente Peña para mediar o apaciguar el diferendo. Los titubeos y excusas de los funcionarios de Hacienda para justificar sus presiones, usando sus vastos recursos, sólo contribuyen a reforzar la postura del gobernador. Lo notable, empero, es lo que implica y revela el uso desmedido de la fuerza central en la intentona de aplastar a Corral y socavar su versión. Sobran las peticiones y hasta exigencias de no politizar el asunto comentado. Hay que afirmar, con decisión, que el caso es de marcado tinte político y sus incidencias electorales innegables. Por lo demás, alegar el poco éxito de la campaña priísta a la Presidencia es redundante. La condena masiva (60 por ciento) de los electores para votar por el PRI es cosa documentada. Tendrán que llamar a magos en su auxilio para evitar la debacle. La plutocracia y sus aliados están en un brete. Tendrán que arrellanarse con la posibilidad de un cambio que no obedezca a sus intereses de continuar imponiendo condiciones.

Contra abusos moleculares masivos.

Miguel Concha
En estos tiempos, en los que se normalizan diatribas, se formalizan alianzas inexplicables, se difunden revelaciones de corrupción, se ejecutan actos represivos, y se propagan promesas de esperanza y propuestas de cambio, debemos, ante la incertidumbre que circunda a tiros y troyanos, mantener la defensa de los derechos humanos. Si bien unos como artífices, y otros como opositores, lo cierto es que ni propios ni extraños aciertan a superar el conservadurismo que supone pretender resolver la problemática nacional desde una sola silla. Proteger por ello en resistencia los derechos fundamentales desde las vías social y jurídica, y por medio de las innovadoras redes sociales, representa un contrapeso liberal imprescindible. Para ejemplificar la anterior afirmación, podemos citar el caso de los juicios de acción colectiva. El objetivo de este mecanismo legal consiste en abrir una vía para que los ciudadanos puedan enfrentar los abusos masivos que pueden perpetrar corporaciones privadas o públicas, sin que los ciudadanos dependan de la voluntad política de los legisladores, partidos o gobierno alguno. Esta independencia civil permite evitar convertirse en rehén o moneda de cambio de intereses electorales legítimos o bastardos, de politiquerías o decisiones de Estado. Un grupo de treinta ciudadanos afectados o una organización civil registrada, pueden representar a un grupo social, incluso a toda la población nacional, y hasta a las generaciones futuras, sin necesidad de nombramiento alguno. La representación permite confrontar a un sector del gobierno o de la industria trasnacional contra alguna política comercial y/o pública que tenga aplicación en una comunidad o en todo el país. A pesar de tener un origen puramente civil o ciudadano, esta representación colectiva tiene el carácter de interés público que la ley le confiere. Eso sí, debe actuarse con diligencia, pericia y buena fe, sujetos además a la supervisión de los jueces. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció en la sentencia 28/2013 que las acciones colectivas tienen como objetivos garantizar el acceso a la justicia, proporcionar economía procesal y generar en la sociedad un efecto disuasivo ante abusos masivos. Explica que existen reclamos que individualmente apenas podrían ser llevados a juicio por su bajo valor económico, y porque las personas afectadas pueden no tener los medios necesarios para hacer valer sus derechos en juicio. Cuantía que hace incosteable un litigio individual. Por ello los ministros de la SCJN definieron que los juicios colectivos permiten enfrentar de mejor forma el desproporcionado poder económico de los grandes consorcios comerciales, y desincentivar prácticas masivas ilícitas que estos agentes económicos realicen, ya que si éstas son combatidas colectivamente, la reclamación puede ser mayor al beneficio obtenido ilícitamente. De esta manera las acciones colectivas proporcionan eficiencia al sistema jurídico, puesto que múltiples juicios son sustituidos por uno solo. En otras palabras, cualquier agente económico, incluyendo a las entidades públicas que por algún beneficio ilícito se aprovechen de su desproporcionado poderío, puede ser juzgado en los tribunales por el simple hecho de que le demanden treinta personas. Y como es obvio, esta vía no está sujeta a la voluntad o incluso a omisiones de buena fe, de actores políticos. Por el contrario, litigar un juicio colectivo significa una responsabilidad legal con carácter de interés público. En nuestro caso, un grupo de 53 científicos, campesinos, defensores de derechos humanos, consumidores y abogados, así como una veintena de organizaciones de la sociedad civil, decidimos en 2013 defender las reservas genéticas de los maíces nativos y sus parientes silvestres –únicos en el mundo–, frente al poderío de toda la industria trasnacional y el gobierno federal, que pretenden sembrar maíz genéticamente modificado. Acción que de forma irreversible alterará molecularmente tales reservas. Podemos afirmar que la intención de liberar maíz transgénico en millones de hectáreas equivale a un abuso masivo de carácter molecular, porque altera el patrimonio biocultural heredado por miles de años, y porque al ser introducido de forma permanente en su descendencia, utilizando una tecnología que rebasa las barreras naturales de reproducción o recombinación de los seres vivos, impide el acceso de todos los mexicanos, e incluso del mundo, a las reservas genéticas del cultivo más importante del planeta. La desproporción entre las partes es manifiesta. La posibilidad de que un solo individuo que se represente a sí mismo haga frente al interés particular trasnacional, con la complicidad del gobierno federal es nula. Por ello un colectivo compacto, que por ley representa a la población nacional y a las generaciones futuras, tiene la posibilidad de exigir a los tribunales que equilibren las fuerzas en el juicio colectivo. Así las cosas, respetuosamente, y con base en la ley, exigimos a la SCJN que, con base en los principios que ella misma estableció, estudie la pretensión de la industria trasnacional –encabezada en esta reclamación por Dupont–, de declarar inconstitucional la fracción IV del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que regula un tipo de medidas cautelares, con la clara intención de conculcar el derecho humano colectivo de la población mexicana y de las generaciones futuras de conservar, utilizar e intercambiar libremente las reservas genéticas de los maíces nativos y sus parientes silvestres. Caso que ordenó remitirle el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por considerarse incompetente para estudiar la constitucionalidad de una ley federal.

Fosas clandestinas: impunidad y enojo social.

Ayer se dio a conocer el hallazgo de 33 cuerpos en tres fosas clandestinas en el municipio de Xalisco, Nayarit, así como el de cuatro cadáveres en un socavón en Valle de la Trinidad, Baja California. Aunque las pruebas periciales indican que ambos enterramientos fueron realizados hace varios meses, la noticia se suma a la zozobra que viven ciudadanos de amplias zonas del país por la ola de violencia que sólo el primer fin de semana del año dejó más de 70 asesinatos, amenazando con una repetición del macabro récord de 2017, que con 26 mil 500 homicidios es el año más mortífero desde que se lleva este registro.
En este contexto, resultan particularmente preocupantes las declaraciones de altos funcionarios federales que parecieran minimizar la crisis de seguridad. Durante un acto empresarial ayer al mediodía, el presidente Enrique Peña Nieto pidió ver los avances y desarrollos obtenidos durante su administración, los cuales, juzgó, no son valorados con justicia debido al enojo extendido que nubla la vista de algunos. En el mismo sentido de autoalabanza se expresó por la tarde el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, al pedir a empresarios maquiladores no menospreciar lo que se ha logrado en esta década.
Queda claro que el enojo extendido persistirá mientras no se diseñe una estrategia de seguridad que ponga fin a la impunidad con que se cometen atrocidades inaceptables como los citados entierros clandestinos, pero también a aquella que protege a los funcionarios de todos los niveles de gobierno sin cuya complicidad, omisión o incapacidad sería imposible la existencia del crimen organizado en la escala y con la virulencia presentes.
También es un asunto de sentido común que tal estrategia no puede ser una continuación de la vigente, por la cual se captura o abate a uno tras otro líderes del narcotráfico, lugartenientes, sicarios o simples narcomenudistas, pero se dejan intactas las estructuras económicas y políticas que permiten la continuidad de la producción, trasiego y distribución de estupefacientes como un negocio rentable. Este camino, llevado a la hipertrofia desde que en el sexenio anterior se trasladara la responsabilidad de perseguir este ilícito a las fuerzas armadas, no sólo ha sido en todo punto inútil para alcanzar su objetivo último –evitar el consumo de drogas– sino que ha multiplicado la violencia asociada a este negocio criminal.
Por último, quienes se desempeñan en la función pública no deben olvidar que dentro de una democracia los ciudadanos tienen todo el derecho a estar enojados con sus gobernantes, ya se trate de quienes se encuentran en el nivel central, estatal o local, si éstos incumplen los compromisos por los cuales se presentan a las urnas, como habrán de hacer el próximo primero de julio.

martes, 16 de enero de 2018

¿Qué es hoy un gobierno de izquierda?

Víctor M. Toledo
La crisis de México es un caso particular, peculiar y dramático de lo que está sucediendo a escala global. En todo el mundo una minoría de minorías, 1 por ciento de la población humana, atenta contra la supervivencia del restante 99 por ciento, de los demás seres vivos y del equilibrio ecológico del planeta. Es el modelo no sólo económico, sino civilizatorio del neoliberalismo llevado a su máxima expresión, los intereses de unas cuantas decenas de gigantescas corporaciones y de bancos imponiéndose contra todo y contra todos, dominando sin excepción las mayores ramas de la actividad humana, y doblegando y poniendo al servicio de sus intereses a gobiernos y partidos políticos.
El capitalismo corporativo representa ya una formidable fuerza de destrucción de la vida (humana y no humana), una maquinaria voraz de proyectos de muerte que ha devastado extensas superficies de innumerables regiones. Estos corporativos fincan sus afanes de lucro a partir de una doble explotación: la del trabajo humano y la del trabajo de la naturaleza. Para ello disponen de enormes recursos científicos y tecnológicos cuyas innovaciones están dirigidas a perfeccionar ambos procesos de explotación.
En su expansión, el modelo neoliberal empobrece, margina e ignora a las mayorías, y al depredar, contaminar y dilapidar a la naturaleza, atenta contra las condiciones esenciales del bienestar humano, al afectar la calidad del agua, aire, alimentos, suelos, paisajes, espacios de convivencia y la estabilidad misma del clima y de la atmósfera. El resultado de este proceso general de deterioro, único en la historia de la especie humana, es el dislocamiento del metabolismo entre las sociedades y su entorno natural, lo cual conduce al rompimiento de los tejidos sociales, la pérdida de la memoria histórica, el deterioro cultural, el debilitamiento de las instituciones públicas, la supresión de la soberanía en todas sus dimensiones y, por último, el aumento del riesgo, el fin de la paz y la posibilidad de un colapso global en las próximas décadas. Vivir hoy es cada vez más peligroso, no solo para los seres humanos, sino para los millones de especies que conforman la biodiversidad del planeta Tierra.
Si por izquierda se entiende aquella fuerza social y política que busca la equidad en todas sus expresiones, la justicia, la democracia y el respeto a la naturaleza y a los seres vivos, entonces un gobierno que se denomine de izquierda debe dirigirse a remontar ese ominoso panorama que hemos descrito en los párrafos anteriores. No se trata ya de la decimonónica lucha de clases. Hoy la explotación se extiende de mil formas sobre el trabajo humano y el trabajo de la naturaleza y, por tanto, se deben implementar mil formas también de resistencia y liberación. Ya es tiempo de dejar los anacrónicos textos de la épica revolucionaria para adoptar la nueva óptica del pensamiento complejo que permite interpretar desde una ciencia integradora y con conciencia social y ambiental la compleja realidad actual. Hoy, un gobierno de izquierda o es anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal o no lo es. O es ecológico, diverso, multicultural, feminista y libertario o no lo es. Vivimos ya la época de la emancipación múltiple, donde todas las reivindicaciones de los seres humanos se conectan, se complementan y se retroalimentan, en una sola batalla por la vida.
Vivimos también la era de la regeneración. En México, por ejemplo, 35 años de una guerra de exterminio han dejado un país devastado. La nación ha tocado fondo. Hoy resulta más que urgente no sólo detener estos procesos de deterioro y explotación, sino el de iniciar múltiples mecanismos de regeneración nacional. La regeneración implica un proceso orgánico. Regenerar es restaurar, reponer, recobrar, reparar, retomar y recordar, pero también conlleva la recuperación e incluso el renacimiento de un organismo dañado o afectado. Por fortuna la nación aún conserva reservas estratégicas a partir de las cuales realizar esa regeneración: abundantes y ricos recursos naturales, gran diversidad cultural, formas sociales ligadas con la comunalidad y el bienestar colectivo, millones de empresas de pequeña o mediana escala o de carácter familiar y social, como las cooperativas, sectores que no han perdido la memoria, maneras sanas de vivir y convivir, instituciones rescatables de carácter público, sindicatos y gremios, amplios sectores educativos y académicos que generan conocimiento crítico, y principios constitucionales que han logrado sobrevivir a los embates de las reformas neoliberales. Pero, sobre todo, aún existe en el país una resistencia por la vida que se expresa de mil maneras.
Resta solamente asentar que un verdadero gobierno de izquierda no podrá iniciarse solamente por las agencias, programas y acciones del gobierno, a pesar de que esas sean bien intencionadas. El verdadero agente del cambio no es el gobierno, sino los ciudadanos organizados y empoderados. Un gobierno de izquierda debe impulsar la organización de colectivos a todas las escalas y fortalecerlos ahí donde ya existan. Ello significa trabajar por la soberanía en todas sus dimensiones y escalas. Un gobierno de izquierda es aquel que dota de poder a comunidades, cooperativas, gremios, sindicatos, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, y que es capaz de acotar la depredación del capital y de conducirle por caminos que tengan un verdadero significado social. Ya veremos en una próxima entrega cómo este empoderamiento social o ciudadano al que está obligado todo gobierno de izquierda, se basa en un conjunto de principios y valores, que la propia experiencia ha logrado decantar y definir.

Las nubes económicas de 2018

Economistas de distintas corrientes coinciden en señalar que a lo largo de los decenios anteriores la economía ha ganado más peso que la política, aun cuando ambas disciplinas se encuentran estrechamente vinculadas. Por un lado, la toma de decisiones económicas continúa dependiendo de factores ideológicos, pero por otro, la adopción de medidas políticas a menudo es altamente influida por componentes económicos, tendencia que se ha acentuado desde que comenzó el proceso de la llamada globalización. De tal modo que las políticas económicas acaban por reflejar no tanto la orientación de los gobiernos que las diseñan, como las presiones que los mercados y los agentes económicos ejercen sobre aquéllos.
Esto, que a primera vista podría parecer una cuestión puramente teórica, cobra importancia aquí y ahora, cuando examinamos las perspectivas económicas (y en cierto grado políticas) que afronta México a comienzos del año electoral 2018.
Muchos pronósticos que se formulan sobre el particular tienen trasfondo partidario o reflejan simples expresiones de deseos; pero otros llaman la atención sobre puntos que es preciso tener en cuenta, pues constituyen indicios sobre el probable futuro que aguarda a la economía nacional. Y es aconsejable atender esos indicios porque no se refieren sólo a los grandes indicadores que poco y nada le dicen al ciudadano común, sino que aluden también a la economía doméstica y cotidiana de cada habitante del país.
La exposición verbal desarrollada ayer en Londres por el subgobernador del Banco de México (BdM), Javier Eduardo Guzmán Calafell, sobre la política monetaria y la influencia de ésta en las expectativas económicas de la República, enfatizó la incierta relación que durante los próximos meses mantendrá nuestra moneda con el dólar y la probable necesidad de realizar ajustes adicionales sobre el particular. El funcionario no precisó en detalle el carácter de esos ajustes, pero la experiencia indica que en cualquier caso difícilmente estaríamos hablando de medidas beneficiosas para los bolsillos de la población: cuando los gobernantes hablan de ajustes, los gobernados saben que es hora de apretarse el cinturón.
En términos de la relación peso-dólar, la expresión volatilidad (que utilizó de manera reiterada Guzmán Calafell) no suele resultar favorable al primero: de hecho, la variación en el precio de la divisa estadunidense casi siempre significa su encarecimiento. Y aunque el expositor previó un fuerte descenso para el año que empieza, también habló de un crecimiento en las expectativas de inflación, lo que bastaría para revertir ese descenso, porque una tasa inflacionaria que tiende a subir afecta al tipo de cambio de manera negativa.
Si a eso se le suma la probabilidad de que los índices de crecimiento no estén a la altura de las previsiones (en términos más crudos, que la economía siga creciendo a duras penas) el panorama no se presenta nada halagüeño para el gobierno que este año concluye su gestión; para el que tome el relevo y reciba su herencia tras las elecciones de julio, y particularmente para los ciudadanos, sobre cuyas espaldas recae invariablemente el peso de las crisis.
Naturalmente, la incertidumbre que generan los comicios –cuyo periodo de precampañas se caracteriza hasta ahora más por la descalificación y la opacidad que por la abundancia de propuestas– juega un papel relevante en las poco alentadoras previsiones de la economía. El camino para impedir que éstas se cumplan cabalmente tiene dos vertientes: una es atender puntualmente los indicadores que dan cuenta de la economía y las finanzas, y el otro bregar porque las campañas políticas propiamente dichas mejoren el tono de la discusión y con ello, tal vez, las expectativas ciudadanas.

¿Hacia dónde?

José Blanco
Eamonn Butler ha escrito libros sobre Hayek, Friedman y Ludwig von Mises, padres del pensamiento neoliberal, y fundadores, en 1947, de la Mont Pèlerin Society.
Butler también escribió A short history of the Mont Pèlerin Society, basada, según sus palabras, en la historia que escribió Max Hartwell sobre esa sociedad, cuyos miembros han sido el gran think tank del neoliberalismo que ha ahogado a la humanidad desde los años 70 y 80 del siglo pasado.
En el capítulo de su historia, La batalla de las ideas, Butler escribe: “La Sociedad [Mont Pèlerin] surgió como respuesta a la ruina social, política, intelectual y moral, que se había apoderado de Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial. [La sociedad] apuntó a mantener la luz, la lla­ma intelectual del liberalismo (la pa­labra se usa en el sentido europeo) en los oscuros días de la posguerra y criticar las nociones intervencionistas centralizadoras que entonces prevaleció. Los miembros originales, escribe Hartwell, ‘compartieron un común sentido de la crisis, una convicción de que la libertad estaba siendo amenazada y que algo debería hacerse al respecto’”.
¿Contra quiénes, o contra qué realidades batallaban los nuevos liberales? Insistamos: el liberalismo clásico surgió para derrotar el ancien régime monárquico que privaba en toda Europa hasta el siglo XVIII, aunque tendría un papel distinto en Estados Unidos y en América Latina en los movimientos anticoloniales.
El liberalismo clásico, como conjunto de ideas para organizar el nuevo régimen se extendió y fue hegemónico durante más de dos siglos después de la Revolución Francesa, pero a finales del siglo XIX surgió la tendencia del social liberalismo en Gran Bretaña, que hacía hincapié en un mayor papel del Estado a fin de variar las condiciones sociales devastadoras de la operación del mercado libre que defendía el liberalismo clásico. Con todo, el cambio mayor que minó la hegemonía del liberalismo fue el surgimiento de la URSS.
Contra el liberalismo, pero también contra el socialismo soviético, surgieron nazis y fascistas. El ejército soviético habría de salir victorioso de la Segunda Guerra Mundial desatada por la Alemania nazi.
La influencia internacional de la URSS antes, pero sobre todo después de la Segunda Guerra, fue amplísima entre las clases explotadas y los desposeídos de múltiples áreas del planeta.
Frente a esa influencia, la alianza atlántica (Europa y Estados Unidos), construyó gradualmente desde la primera posguerra, pero intensamente después de la segunda, con una potente participación popular de por medio, un escudo protector que fue el Estado de bienestar, los derechos sociales y el consenso keynesiano. Sin apelación posible, la institucionalización de esa triple tendencia incluía posicionarse también en contra de los fundamentos del liberalismo clásico.
El consenso keynesiano, sin embargo, llevaba consigo un núcleo bacteriano altamente pernicioso que operaba contra las bases de los Estados de bienestar: los acuerdos de Bretton Woods. La implosión final del sistema financiero y monetario internacional catapultó al pensamiento neoliberal a inicios de los años 70 del pasado siglo, que inició con una reforma financiera estafadora y expoliadora. Así saltó a la palestra política el neoliberalismo en una lucha que se propuso pulverizar para siempre tanto al socialismo soviético, como al Estado de bienestar; y se derrumbaron en tal medida que tan temprano como 1992, Fukuyama decretó sonoramente el fin de la historia.
El neoliberalismo afirma que nada hay comparable a la máxima libertad de mercado y a la mínima intervención del Estado. El papel del gobierno debe limitarse a crear y defender los mercados, y proteger la propiedad privada. Todas las funciones son mejor desempeñadas por la empresa privada, que es impulsada por el afán de lucro para vender hasta los servicios esenciales. Liberada la empresa, se toman decisiones racionales y se libera a los ciudadanos de la mano opresiva del Estado. Nada de caricatura hay en lo dicho. En una gran cantidad de países, además, fue copiado el modelo estadunidense de un binomio político neoliberal turnista.
Pero con la conformación, ahora del 0.1%, con la ruina del planeta, con el hambre de tantos millones, con las guerras abusivas, la cuenta regresiva del neoliberalismo inició, aunque no sepamos cuándo termina. Ya le han nacido dos contrincantes, adversarios entre ellos: el populismo reaccionario de los Trump, Macron, Macri, y los movimientos nacional populares o populismos reales, entre otros, los que han hecho su primera experiencia de gobierno en América Latina, que han sido golpeados sin medida, pero regresarán, ya se advierte.
En Alemania han vuelto a formar gobierno los democristianos (CDU) de Merkel y los socialdemócratas (SPD); éstos, cada vez más debilitados: con menos votos propios y con más votos de la ultraderecha en el Bundestag, lo que ha celebrado Macron feliz y satisfecho. El SPD no logró incluir en el programa de gobierno ni el seguro médico ciudadano, ni la elevación de impuestos a los más ricos, que ­proponía.
El neoliberalismo global está en crisis, y el inevitable nacionalismo del capital, a la Trump, coadyuva a la escalada de China –con otros países asiáticos–, hacia el lugar dominante en la economía mundial. En tanto, Rusia, al tiempo que da un giro más a la derecha, deviene protagonista cada vez más descollante en la escena internacional, más allá de Siria.
En ese escenario incierto y abrumadoramente riesgoso, ¿no deben los mexicanos votar contra el binomio neoliberal del panpriísmo? Morena representa no la certeza de un óptimo escape ­de ese escenario, pero sí la posibilidad de buscar mejor destino.