la redacción
19 de agosto de 2026 16:17
En medio del miedo, el frío y la larga espera de ayuda, jóvenes migrantes marroquíes no acompañados que duermen a la intemperie en Ceuta, se niegan a regresar a casa y compartieron sus historias con el medio France 24.
Son las 2 de la madrugada, hora local, y un profundo silencio se cierne sobre la zona industrial de Tarajal en Ceuta. La oscuridad se rompe con las luces intermitentes de los coches de la Policía, mientras las olas rompen contra las costas de este enclave español en el norte de África.
“Estamos aquí en busca de un futuro mejor”
Reda, de 17 años, dice que llegó a Ceuta en busca de un futuro mejor. Tenía previsto presentarse a los exámenes de graduación de bachillerato este año y acababa de obtener un diploma en francés. También tenía previsto presentarse a las pruebas de selección de un equipo de fútbol.
Pero las precarias circunstancias en las que vivía lo obligaron a marcharse. “Estamos aquí en busca de un futuro mejor”, afirma.
Regresar a Marruecos no es una opción, insiste. “No regresaremos; no tenemos ningún deseo de volver”, subraya Reda, a pesar de sus difíciles condiciones de vida. Señala que los jóvenes que viven en las calles de Ceuta mantienen la esperanza de que Europa no los abandone.
“Mi amigo fue asesinado ante mis ojos”
Khaled relata cómo él y sus amigos fueron atacados por un grupo de jóvenes de El Príncipe, un barrio obrero en la zona sur del enclave. Sus agresores blandieron armas e intentaron robarles, cuenta, y varios de sus compañeros resultaron heridos y fueron trasladados al hospital.
Reda afirma que otro amigo fue asesinado durante un ataque en el mismo barrio. Los dos intentaron huir, pero su amigo tenía heridas en las piernas y no fue lo suficientemente rápido para escapar de sus atacantes. Recibió una herida mortal en el cuello.
“Mi amigo murió ante mis ojos; jamás olvidaré esa escena. Su sueño se desvaneció en un instante. En lugar de empezar una nueva vida, dejó este mundo”, lamenta Reda.
“¿Has visto a mi hijo?”: el drama de las familias que buscan a los desaparecidos tras su intento de llegar a Ceuta
La pesadilla de Manal
A pocos pasos de Reda y Khaled, Manal, una joven marroquí de 16 años, cuenta otra historia de pérdida y miedo. Explica que partió a pie de Tánger, ciudad del norte de Marruecos, hacia Tetuán, junto a un grupo de migrantes del África subsahariana, antes de llegar a Ceuta durante la última oleada de travesías.
“Si no me hubiera escondido, ahora estaría muerta”
Entonces se encontraron con un grupo de jóvenes armados, relata. “Nos escondimos en las alcantarillas y nos dispararon. Si no me hubiera escondido, ahora estaría muerta”, afirma. La pesadilla de aquel incidente aún la atormenta.
la vida no ha sido fácil para Manal, quien afirma que su padre nunca reconoció su paternidad y que vivió con su abuela antes de partir hacia Ceuta. “Siento que la vida me ha cerrado las puertas. No tengo ni ambición ni futuro”, dice.
Poco después de llegar a Ceuta, Manal cuenta que la Policía la trasladó a un centro para menores migrantes. Sin embargo, explica que la violencia en el centro la obligó a marcharse y que ahora prefiere pasar las noches a la intemperie.
Menores vulnerables: “una tragedia de pobreza extrema”
Durante nuestra entrevista con Manal, un joven sale de una tienda de campaña de cañas instalada cerca. Es evidente que nuestra conversación ha despertado a Mohammed, también de 16 años. Suspira y describe otra dificultad más para los migrantes que viven en los almacenes de Tarajal.
“No tenemos baños (...) Así que nos vemos obligados a hacer nuestras necesidades cerca del mar. E incluso para lavarnos, tenemos que usar agua de mar”, explica el joven de Larache, una ciudad del noroeste de Marruecos.
Los niños dependen de la comida que les proporciona la ONG Luna Blanca, con sede en Ceuta. Pero las comidas solo se distribuyen una vez al día.
Muchos niños aún conservan las marcas de las heridas sufridas durante su travesía a Ceuta hace casi tres semanas. La falta de higiene y de acceso a medicamentos ha provocado que algunas heridas se infecten. Muchos migrantes también padecen sarna y buscan desesperadamente medicamentos para aliviar el picor y el dolor.
Dos menores se desplomaron en la zona industrial en la tarde del 12 de agosto. Uno de ellos, debilitado por la falta de comida y agua, no pudo soportar el intenso calor de agosto. El segundo niño sufría de amigdalitis, que se había agravado por la falta de tratamiento, dejándole con dificultad para tragar. Mientras los dos niños yacían en el suelo, otros migrantes acudieron rápidamente al lugar, pidiendo ayuda a gritos y exigiendo una ambulancia, que tardó en llegar.
Raúl Arnaiz, director de programas de Save the Children en España, describe la situación en los almacenes de Tarajal como “una tragedia de pobreza extrema”.
Estos menores no acompañados corren el riesgo de sufrir agresiones sexuales y explotación, dada la falta de vigilancia nocturna en una zona industrial prácticamente desierta, advierte.
Un destino incierto
En las primeras horas de la madrugada, comienza un nuevo viaje. A las 5 de la mañana, cientos de menores se congregan frente a la comisaría de Ceuta con la esperanza de inscribirse e ingresar al sistema de protección. Pero las colas son largas, ya que las autoridades españolas intentan gestionar el enorme volumen de solicitudes. Alrededor de mil 400 menores se han inscrito hasta el momento, según el ministro español de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Las autoridades marroquíes y españolas quieren priorizar la reunificación familiar y repatriar a los menores a Marruecos. Pero no es un procedimiento sencillo. La ley española prohíbe cualquier repatriación colectiva de menores no acompañados y cada caso debe evaluarse individualmente.
Dado que los menores no están sujetos a los mismos procedimientos que los adultos, no pueden ser repatriados automáticamente, explica Basem Salem, abogado de inmigración especializado en casos de asilo. En primer lugar, debe establecerse la identidad de los menores, examinarse su situación y verificarse sus circunstancias familiares, respetando siempre las garantías legales y el interés superior del niño.
Foto autor
Sputnik
19 de agosto de 2026 14:13
La Habana. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este miércoles la existencia de un "laboratorio de guerra cognitiva" que opera desde Florida, Estados Unidos, con el objetivo de influir en temas de la isla caribeña al reproducir contenidos negativos.
"Estudio del Observatorio de Medios de Cubadebate aporta evidencias de la existencia de un laboratorio de guerra cognitiva que opera desde Florida, y busca influir en la esfera pública de Cuba", escribió el ministro cubano de Relaciones Exteriores en la red social X.
También señaló que con el objetivo de instalar la imagen de que el país caribeño está en "crisis permanente", ese entramado produce y multiplica de forma sistemática "contenidos negativos" sobre Cuba.
Para ello, detalló el canciller, repiten los mismos temas y explotan emociones como la ira, el miedo y la desesperanza. A juicio de Rodríguez, buscan "reforzar, desde el terreno comunicacional, la política de presión y asfixia del gobierno estadunidense contra el pueblo cubano".
Estados Unidos usará su oficina de impuestos para estrechar cerco migratorio
Foto: Cuartoscuro / Archivo Foto autor
Dora Villanueva
19 de agosto de 2026 11:29
Ciudad de México. El gobierno de Estados Unidos plantea estrechar el cerco migratorio a través de su oficina de impuestos. De acuerdo con una propuesta del Departamento del Tesoro, todos los contribuyentes que busquen asistencia social a través de ciertos beneficios fiscales deberán comprobar su estatus, ya sea como ciudadanos estadunidenses, o como “extranjeros cualificados”.
Estos beneficiarios de apoyos fiscales, al “autocertificarse” como residentes o “extranjeros cualificados” también deberán identificar a su cónyuge y situación migratoria, so pena de ser acusados de presentar deliberadamente información incorrecta o falsa en su declaración de impuestos, lo que constituye un delito grave en Estados Unidos y pueden llevar a multas de 100 mil dólares y prisión de hasta 3 años.
La propuesta del Tesoro y su Servicio de Impuestos Internos (IRS por su sigla en inglés) busca implementar una serie de medidas “para reforzar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996 (PRWORA, por sus siglas en inglés)”.
La PRWORA implica una parte central en el sistema de asistencia social de Estados Unidos y desde su publicación en 1996 se acotó que cualquier “beneficio público federal” no se daría a extranjeros.
De ahí que el Tesoro, a través del IRS, busca clasificar los créditos fiscales por adopción, por hijos, el “American Opportunity” (Oportunidad Estadunidense) y por ingreso del trabajo (EITC) —todos subsidios que se dan a población vulnerable— como un “beneficio público federal”, a fin de que no se otorguen a personas que no cuentan con documentos migratorios.
“Esta medida combate el abuso de los créditos fiscales rembolsables sobre la renta individual financiados por los contribuyentes y garantiza que los extranjeros indocumentados y otros extranjeros no cualificados, a quienes la ley federal prohíbe recibir tales beneficios, no los obtengan”, explicó el Tesoro en un comunicado.
“Efectos económicos limitados”
Sin embargo, la propuesta a publicarse este 20 de agosto en el Registro Federal se exhibe como una medida de identificación migratoria más que una manera de ahorrar recursos al gobierno federal. El documento completo reconoce que tendrá “efectos económicos limitados”, dado que en general se requiere que los contribuyentes posean un número de Seguro Social válido para poder optar a estos subsidios.
A falta de información sobre el número de beneficiarios, el Tesoro estima que “entre 200 mil y 700 mil contribuyentes” —migrantes sin documentos, pero contribuyentes al fin— quedarán fuera de estos programas de subvenciones en 2026. Dado que el importe promedio de apoyos fiscales se estima en 3 mil 656 dólares por persona, se proyecta que los créditos denegados se encuentren entre 700 y 2 mil 600 millones de dólares.
En este punto, la propuesta revela que en realidad no tiene información para sustentar una medida fiscal, pero sí de identificación migratoria. “El Departamento del Tesoro y el IRS no disponen de datos sobre la condición de extranjero cualificado de los contribuyentes a efectos de la PRWORA que permitan estimar con precisión el importe monetario que se denegaría en virtud de las regulaciones propuestas”, expone el documento.
“Simplificación” como cebo
La parte nodal del reglamento propuesto por el Tesoro es que para hacerse de estos apoyos fiscales una persona que no es ciudadano estadunidense, debe tener la condición de “extranjero cualificado” cuando presente su declaración del impuesto federal sobre la renta. Para ello se debe “autocertificar”, es decir, exponer su condición de residente o migrante, a riesgo de que si el gobierno encuentra información falsa les acuse de un delito grave.
“En el caso de una declaración conjunta, basta con que uno de los cónyuges sea ciudadano estadunidense, nacional estadunidense o extranjero cualificado”, expone el reglamento propuesto. Sin embargo, justo estos programas, el EITC, el Oportunidad estadunidense y el crédito fiscal por adopción generalmente exigen que las personas casadas presenten una declaración conjunta para reclamar el crédito.
Esta simplificación para matrimonios —de acceder a las subvenciones con que sólo un cónyuge cuente con documentos— implica descubrir el estatus indocumentado de la pareja, dotando de información precisa, de entrada domicilio, al gobierno de Estados Unidos; el mismo que bajo la administración de Donald Trump se ha dedicado a perseguir y criminalizar migrantes.
Personal militar de EU en Ecuador operará sin visa y con inmunidad
Foto tomada del perfil de X del Secretario de Guerra. @PeteHegseth Foto autor
Orlando Pérez/ Especial para La Jornada
19 de agosto de 2026 17:12
Quito. Los integrantes de las Fuerzas Armadas estadunidenses, empleados civiles del Departamento de Defensa, empresas extranjeras contratadas o subcontratadas por ese departamento y sus trabajadores no ecuatorianos podrán ingresar sin necesidad de permisos oficiales y contarán con inmunidad para cualquier acción de carácter judicial, tras el Acuerdo Ministerial del gobierno de Daniel Noboa, que se respalda en el Estatuto de las Fuerzas —SOFA— entre Ecuador y Estados Unidos.
Y esto ocurrió el mismo día, este 18 de agosto, que el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, se reunía en Quito con el ministro de Defensa del Ecuador, Gian Carlo Loffredo y el titular del Comando Conjunto, Henry Delgado, para revisar los avances de las operaciones conjuntas, supuestamente para el combate contra el “narcoterrorismo”.
De acuerdo con ese documento, todas esas personas tendrán hasta 180 días no renovables dentro de cada año, con entradas múltiples, mediante un registro denominado “Actos de Comercio y Actividades”, sin necesidad de una visa ecuatoriana. Incluso, para ingresar bastará con llevar pasaporte o identificación oficial estadounidense, una orden colectiva de movimiento o individual de viaje, expedida por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Pero no solo eso, el documento explica las ventajas como la exención de tasas migratorias para el personal y para las naves y aeronaves estadunidenses; la protección frente a sanciones administrativas migratorias mientras la permanencia sea regular; la tramitación diplomática cuando las actuaciones involucren a personas cubiertas por privilegios e inmunidades, con lo cual podrían realizar cualquier tipo de actividad sin responder a las autoridades judiciales.
El acuerdo ministerial es mandatorio expresamente para contratistas y subcontratistas del Departamento de Defensa, no solamente a militares, a los cuales en una situación regular se les pediría visa de trabajo y no con entradas múltiples.
Y lo que esta normativa no explica es de cuántos militares, civiles o contratistas podrían ingresar, si para ello deben quedar identificados o registrados sus nombres, compañías y funciones, las provincias, instalaciones o puertos donde operarán, si portarán armas o participarán directamente en ataques, qué autoridad ecuatoriana aprobará cada misión y qué jurisdicción investigará posibles muertes, lesiones o daños civiles.
El punto crítico es la rendición de cuentas: las inmunidades y la canalización diplomática pueden dificultar que autoridades y víctimas ecuatorianas investiguen directamente posibles abusos. Esto adquiere mayor gravedad tras las denuncias sobre ataques a pescadores y el anuncio de trasladar a tierra la campaña militar estadunidense.
