miércoles, 26 de abril de 2017

Desfonde estructural.

Luis Linares Zapata
Las acciones del nuevo presidente estadunidense obligan a revisar, con urgencia y a fondo, el sistema de convivencia propio. El acento puesto por el republicano en la inmigración y el TLCAN conlleva extender una mirada crítica a las modalidades adoptadas e impuestas por el modelo vigente. Poco va quedando intocado en el curso de la violenta confrontación desplegada en este corto tiempo por las agresivas decisiones que provienen de un norte imperativo. Cierto es que, también, irá en aumento la prudencia, es decir, un sesgado conjunto de temores, bastante conocidos para no tocar los sustratos que condicionan el mismo orden básico. Se trasmina entonces la urgencia de visualizar un sistema más o menos funcional, aunque tal imagen deseada sea poco resistente y se deshilache ante los sucesivos embates de actitudes y decretos del republicano. La realidad interna que lucha por emerger no es, para nada, halagadora. Por el contrario, con el paso de los días, se muestra una estructura llena de agujeros de variados tamaños e importancia y, junto a ellos, hartos desprecios entre personas.
Marcadas y hasta meditadas ausencias de los grupos decisorios y privilegiados afectaron, de lleno, a la población del país. Los conjuntos más vulnerables han sido –y siguen siendo– los que resintieron, en sus propias humanidades, las consecuencias del despapaye habido durante los 30 o 40 años anteriores. En ese mismo periodo se revirtió, con violencia, la previa tendencia hacia la igualdad. Un radical conjunto de normas y programas acentuaron, hasta con fiereza, las diferencias de clase hasta convertirse en cerradas barreras que, por un lado, protegen a los beneficiados y, por el otro, aumentan la exclusión de las mayorías. Este despiadado proceso las deja, sin miramientos, fuera del reparto de beneficios y oportunidades. Se dio así acabada forma a lo que ahora se llama modelo neoliberal. Un efectivo entorno productor de desigualdades que bien puede afirmarse que ha funcionado a las mil maravillas para los intereses de sus diseñadores y usufructuarios. El desfonde actual del entramado es ya observable a simple vista. No tiene, por lo que se aprecia, asidero alguno para reponer sus perdidas capacidades. El panorama derivado contempla un reguero de organizaciones sociales dispersas, partidos políticos sin apoyo popular, una clase política ensimismada y corrupta hasta la exageración, empresas productivas de escaso alcance y divorciadas de la creación científica y tecnológica, universidades como botín de simuladores o sindicatos, pervertidos al extremo por sus liderazgos, que se disputan lo que resta del gran festín de aquellos situados en la cúpula.
El poder central, después de la crisis del nacionalismo revolucionario y el desarrollo estabilizador, se concentró, de manera acelerada, en pocas manos. Muy arriba se apoltronaron dos o tres manojos de dueños del capital, celosos protectores de sus privilegios. Se apoyan en obsecuentes gerentes auxiliados por incipientes centros de estudio y una rala corte de difusores bien escogidos. Se ha consolidado también un grupo de llamados tecnócratas, incrustados en instituciones financieras, moldeados en universidades privadas y ciertas extranjeras de renombre. Estos personajes han fungido como adaptadores de normas y programas diseñados en los centros mundiales de poder. Una tupida red de operadores políticos de variadas categorías tratan, desde la cintura del cuerpo colectivo, de llevar a cabo la socialización de los dictados emanados desde arriba por las anteriores formaciones descritas. Este denso tejido de individuos, instrumentos y recursos ha sido el responsable de instalar lo que bien se puede ahora llamar, el sistema establecido. En realidad una terminal subsidiaria del modelo neoliberal hegemónico cuya valoración y característica actual puede definirse con las palabras ineficiente e inhumano. En tal conglomerado se incluyen las instituciones sociales, productivas, culturales y políticas con las que hoy día cuenta el Estado nacional.
La confrontación entre los esfuerzos de la comunidad mexicana en Estados Unidos por adaptarse, y fincar su nueva vida en ese país, contrasta con el desfondado sistema nacional aún imperante. Durante años, la emigración se vio como un fenómeno, casi obligado y necesario, al que se cubría con cínico manto de aparente conmiseración. En el fondo, era y sigue siendo, un racista desprecio derramado a borbotones por los de arriba y lados que se les juntan. Los pasados errores, tapizados con impunes negocios de la élite, hoy se padecen con deficientes servicios e inocultable ilegitimidad institucional. A muy pocos les importó la tragedia que implicaba la desesperada emigración de la juventud mexicana. Menos aún les interesa atender la centroamericana o caribeña que pasa por aquí. Mucho de la urgencia actual del gobierno, empresarios y sociedad radica en mantener, como salvavidas, el enorme cúmulo de dólares que en­vían los trabajadores migrantes. Vital subsidio que engrasa la ineficiente maquinaria so­cial y productiva a la vez que prolonga la agónica fase terminal de un modelo injusto y por demás exhausto.

Trump: también contra la ciencia.

Ana María Aragonés
Al embate de Donald Trump contra los migrantes mexicanos –a los que está deportando sin importar sus condiciones, el tiempo que hayan estado viviendo y trabajando en Estados Unidos, con hijos ciudadanos estadunidenses y sin haber tenido ningún evento con la justicia de ese país– se añade ahora la posibilidad de que los llamados dreamers, es decir, aquellos jóvenes que llegaron de pequeños con sus padres indocumentados, pero que se encuentran estudiando, puedan verse también afectados con la deportación, a pesar de estar protegidos por la orden ejecutiva de Barack Obama bajo la ley DACA. De hecho, tres de ellos han sufrido la deportación.
Pero ahora, en la medida en que muchas de sus propuestas han sido un fracaso, Trump dirige su atención hacia las visas H1B, las que, según su criterio, afectan a los trabajadores estadunidenses, pues se privilegia a los extranjeros calificados a los que se les paga menos. Vuelve a enarbolar el lema comprar estadunidense y contratar estadunidenses y traer de vuelta los empleos para los estadunidenses. Estas visas a lo largo del tiempo han ido incrementando su número hasta alcanzar actualmente 85 mil por año. Lo que Trump busca con la orden ejecutiva es endurecer y controlar la asignación de esas visas para otorgar esos puestos de trabajo a los estadunidenses. Pero cuestionar el funcionamiento de las visas H1B que se otorgan a profesionistas calificados y que son esenciales para la industria tecnológica en Estados Unidos, no sólo es problemático para las empresas que dependen de ellas, sino que no toma en cuenta las condiciones que las promueven. Y de entrada 2 mil 500 mexicanos altamente calificados podrían verse afectados.
Lo que Donald Trump olvida, pues así conviene a sus dichos y a sus propuestas fantasiosas, es que, por un lado, el desempleo en esos niveles profesionales es muy bajo, 3.7 por ciento, a diferencia del que se presenta a escala nacional, que es de 4.8 por ciento. Es decir, sí hay escasez de este tipo de trabajadores a pesar de las visas H1B, pues las ocupaciones denominadas STEM no pueden llenar sus vacantes por falta de contingentes internos con las habilidades requeridas.
Por otro lado, en este nivel no hay diferencias salariales entre extranjeros y nativos; por el contrario, en algunas áreas hay una pequeña diferencia en favor de los migrantes. La mayoría de los países desarrollados y algunos emergentes, están cambiando y flexibilizando sus políticas migratorias para poder captar ese recurso humano, en la medida en que es insuficiente internamente y escaso a escala mundial, pero central para el desarrollo de los procesos de la revolución tecnológica. Esto explicaría por qué se habla de una competencia mundial por los talentos. Sin embargo, si en verdad Trump revierte la tendencia y pone en peligro la captación de profesionistas extranjeros, entonces veremos otros escenarios.

Cozumel: soberanía vulnerada.

En la Conferencia de Seguridad de Centroamérica (Centsec 2017), realizada ayer en Cozumel con el patrocinio de las secretarías mexicanas de la Defensa Nacional y de Marina y de los comandos Norte y Sur de Estados Unidos, que reunió a ministros, mandos militares y funcionarios de seguridad de México, Centroamérica y Panamá, el general guatemalteco Juan Manuel Pérez Ramírez, jefe del Estado Mayor de su país, dijo que las fuerzas armadas de México y Guatemala, con el apoyo del Comando Sur, proyectan integrar una fuerza de tarea conjunta para efectuar patrullajes terrestres y aéreos en la frontera común, con el propósito de intercambiar información e inteligencia, a fin de combatir a la delincuencia organizada. El proyecto, indicó, se ha venido elaborando desde hace cinco años y contará con una base operativa en el departamento del Petén, fronterizo con México.
Lo que allí se dijo resulta sumamente preocupante, por cuanto exhibe el punto al que los países situados al sur del río Bravo han llegado en materia de cesión de soberanía ante Estados Unidos y el rezago intelectual de los responsables de defensa y seguridad, quienes insisten en un modelo de combate a las drogas impuesto hace décadas por Washington, que –como han señalado múltiples voces políticas, sociales e institucionales en el mundo– resulta manifiestamente obsoleto y contraproducente.
Sobre el primer punto resulta exasperante que la sociedad mexicana se entere por boca de un militar extranjero –el general Pérez Ramírez– que efectivos castrenses estadunidenses se aprestan a operar en el territorio nacional, una situación que resulta claramente contraria a las consideraciones más elementales de soberanía.
De ser cierto ese dato, ha de concluirse que el Estado mexicano se encuentra en proceso de una renuncia progresiva de facultades esenciales en materia de preservación de la independencia y la integridad territorial: si en el sexenio pasado se permitió la operación de funcionarios civiles de Washington en tareas de combate al narcotráfico y de persecución de migrantes centroamericanos, en éste se habría autorizado a militares del vecino país del norte a integrarse en la lucha contra la delincuencia organizada.
El asunto amerita una explicación puntual de las máximas autoridades civiles y militares nacionales y, en su caso, una rectificación, a la espera de que semejante alteración de los lineamientos históricos del Estado sea sometida a debate público y consulta nacional.
En otro sentido, llama la atención y alarma la insistencia de algunos participantes en el encuentro de Cozumel en normalizar la participación de fuerzas armadas en el combate a la criminalidad, algunos de ellos en forma tan desinformada como la del ministro salvadoreño de Defensa, general David Munguía, quien opinó que los militares mexicanos intervienen en esa actividad con respeto a su marco legal vigente, sin saber que ese marco no existe y que en estos momentos se desarrolla en el país un intenso debate sobre la conveniencia de establecerlo, en el contexto de la proyectada ley de seguridad interior.

martes, 25 de abril de 2017

Pronunciamiento en solidaridad de la CONJUPAM con los Jubilados de Mexicana.

PRONUNCIAMIENTO EN SOLIDARIDAD.
La Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, manifiesta su repugnancia y rechazo total al acto violento y represivo en contra de nuestros compañeros jubilados de Mexicana de Aviación.
Sr. Mancera le exigimos frene esos actos propios de gobiernos fascistas, si los jubilados están en las calles es porque les han sido violentados sus derechos; en este caso, tiene ocho años que tanto Calderón como Peña Nieto han permitido que a los compañeros de Mexicana de Aviación no les hayan pagado en monto de sus jubilaciones que a derecho les corresponde.
Por ello, demandamos se les pague ya jubilaciones.
C. Jubilados de Mexicana les enviamos nuestra solidaridad y un abrazo fraterno y combativo.
Carlos Magariño y Jorge Herrera, presidente y vicepresidente , respectivamente.

El tiempo de Ayotzinapa, nuestro tiempo.

Luis Hernández Navarro
De pie, delante de un librero, vestido con suéter azul marino, un joven de 87 años sostiene una pancarta con ambas manos, en la que envía un mensaje directo: Mi solidaridad con las familias de los normalistas de Ayotzinapa y de los sacerdotes asesinados y desaparecidos en Guerrero. Nos faltan 43 y más.
El hombre solitario que aparece en la foto del cubículo académico se llama Noam Chomsky. Es, a un tiempo, uno de los más prominentes lingüistas y uno de los más destacados intelectuales públicos del mundo.
Una distinguida dama de 84 años, pelo color platino y chaqueta roja, muestra un cartel con las fotos de los 43 normalistas desparecidos, y la consigna: ¡Vivos se los llevaron! ¡Con vida los queremos ya! Está acompañada de familiares de los muchachos y por estudiantes de la Raúl Isidro Burgos. He recordado mi misma historia, la historia de mis compañeras las abuelas, que con lágrimas de no saber qué hacer empezamos la búsqueda, dice a los asistentes a un acto de solidaridad.
La mujer que defiende a los desaparecidos mexicanos es Estela Carlotto, la presidenta de la asociación argentina Abuelas de Plaza de Mayo. Sabe de qué habla. Durante 36 años buscó a su nieto, después de que su hija fue desaparecida y asesinada por la dictadura militar. Finalmente lo encontró.
El 8 de octubre de 2014, un pensador de 82 años, con pantalón y camisa de mezclilla se retrató en la Piazza Cardusio de Milán, Italia, rodeado de un grupo de unos 40 hombres y mujeres que enarbolan una bandera mexicana y varios carteles escritos a mano con exigencias en español e italiano. Uno reza: Basta de violencia en nuestro México. Protegido del frío otoñal por una larga chamarra café, carga una bolsa llena de libros y papeles.
El personaje de la fotografía es el semiólogo Umberto Eco. Año y medio más tarde falleció. La protesta en la que aparece fue convocada para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Allí, el autor de El nombre de la rosa leyó cada uno de los nombres de los normalistas.
En otra instantánea, un escritor argentino de 89 años, rodeado de plantas, con sus lentes y un vaso con un poco de vino sobre una mesa a su costado, muestra una cartulina escrita a mano con colores diferentes que dice: Nos faltan... 43.

Elevar salarios, no muros.

Raúl Hinojosa Ojeda*
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se debió a los sentimientos de malestar de sus votantes. Trump fomentó y canalizó el coraje de sus simpatizantes por medio de una narrativa que atribuía cualquier problema económico que tuvieran a las fábricas que trasladaban la producción a México, y a los migrantes que robaban cualquier empleo que hubiera quedado en Estados Unidos.
Para apaciguar estos temores y restaurar la grandeza de Estados Unidos, Donald Trump prometió la construcción del gran muro, deportaciones masivas, impuestos sobre las remesas y nuevos aranceles.
La narrativa de Trump no se apega a la realidad. Nuestros estudios en UCLA sobre la votación condado por condado revela que los votantes de Trump tienden a estar más concentrados en condados con pocos o ningún mexicano y la probabilidad de estar expuestos a las importaciones mexicanas son menores que en los condados que votaron por demócratas. Mientras se debería admitir que los condados que votaron por Trump enfrentan una situación económica adversa, pero el comercio y la migración mexicana no son ni la causa ni la solución a sus problemas.
Nuestra investigación también ha mostrado que el presidente Trump ha promovido prescripciones de políticas que, si fueran implementadas, reducirían significativamente el bienestar de todos los estadunidenses, siendo sus partidarios quienes más sufrirían los daños.