Luis Hernández Navarro
Acosado por el descontento popular en su contra y la sombra de su ilegitimidad de origen, Felipe Calderón comenzó su sexenio con una blitzkrieg y pretende refundarlo con otra. De la ceremonia de toma de posesión al asalto contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la militarización de la política y la guerra relámpago se han convertido en los sellos de su política.
La blitzkrieg, o guerra tan rápida como un relámpago, es una doctrina militar de ataque que combina los bombardeos iniciales con el uso de fuerzas móviles desplazadas a gran velocidad y sorpresa para impedir la defensa coherente del enemigo (Wikipedia.org). Se trata de una guerra de penetración rápida y anulación.
Una variante se efectuó el primero de diciembre de 2006. Recordemos. En esa fecha, el cambio de titular del Poder Ejecutivo, el acto más importante en la liturgia laica de la República, se realizó acelerada, torpe y desordenadamente. En pocos minutos Felipe Calderón llegó a un Congreso de la Unión sitiado por el Estado Mayor Presidencial, rindió protesta como presidente de la República, estuvo a punto de que su antecesor le impusiera la banda, tuvo que ser auxiliado por un militar para que ésta se quedara en su lugar, desairó a los cadetes emplazados para rendirle honores, no pudo dar un mensaje a la nación y puso pies en polvorosa.
Otra modalidad de blitzkrieg se echó a caminar para enfrentar a los trabajadores electricistas. Este 10 de octubre, las tropas de la Policía Federal y del Ejército ocuparon preventivamente las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) antes de que entrara en vigor el decreto de extinción. Horas después, el gobierno federal decretó la desaparición del organismo y anunció la liquidación de sus trabajadores.
No hay en ello novedad. Han transcurrido casi tres años desde que el actual inquilino de Los Pinos asumió el cargo y lo que sobresale de su mandato es su afición por los uniformes castrenses, las fanfarrias y los actos públicos con las fuerzas armadas como telón de fondo. La imagen lo dice todo: el 3 de enero de 2007, en Apatzingán, durante su primera actividad pública de ese año, se retrató con uniforme de campaña, una gorra de campo de cinco estrellas y el escudo nacional.
Una y otra vez Felipe Calderón ha recurrido al uso de la policía y el Ejército para administrar el país. Ha buscado en el combate al crimen organizado la vía de legitimación que las urnas le negaron. La militarización de la política le ha dado las herramientas para gobernar con medidas de excepción. El ataque a los trabajadores electricistas es el último eslabón de esta cadena.
El gobierno federal ha pretendido justificar el asalto al SME responsabilizando al sindicato de la quiebra de la compañía. Las condiciones establecidas en el contrato laboral impedían la operación de la empresa, dijo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. La acusación es falsa. Los responsables de las deficiencias de la paraestatal fueron sus directivos. Desde el gobierno federal se hizo todo por descapitalizar a LFC. Parte significativa de los subsidios federales transferidos a la empresa se destinó a subvencionar a consumidores industriales y comerciales. Se impidió a la compañía generar su propia electricidad y, simultáneamente, la Comisión Federal Electricidad le cobró en la hora pico una tarifa superior a la de uso industrial.
El decreto presidencial es arbitrario e ilegal. Es un nuevo acto autoritario. El Presidente no tiene facultades para extinguir la empresa. Pasó por encima de derechos exclusivos del Congreso de la Unión. El servicio eléctrico no estaba en riesgo ni había amenaza de huelga. Para desaparecer LFC el gobierno debió seguir un juicio de conflicto colectivo de naturaleza económica, que no se llevó a cabo.
Desapareciendo al SME el gobierno quiere aniquilar una de las fuerzas sociales capaces de aglutinar el descontento social hacia la crisis económica y la política gubernamental. Busca, además, relanzar la figura presidencial en un momento en que sus bonos están a la baja después de la derrota electoral en los últimos comicios y los continuos descalabros en la guerra contra el narcotráfico. Finalmente, quiere dar vía libre en el negocio de las comunicaciones a la iniciativa privada y, al liquidar LFC, acabar con el contrato colectivo y con la autonomía de un sindicato que le estorba para sus propósitos.
El SME desempeñó un papel central en la realización de los siete Diálogos Nacionales efectuados entre noviembre de 2004 y febrero de este año para promover un proyecto de nación alternativo al neoliberalismo, con libertad, justicia y democracia. La iniciativa fue promovida, sobre todo pero no exclusivamente, por un conjunto de fuerzas sindicales que se ubican por afuera o en abierta contradicción con los dirigentes gremiales del Congreso del Trabajo. En ella participan básicamente representantes de fuerzas políticas y gremiales de centro-izquierda ya organizados.
En meses recientes el movimiento popular se muestra reanimado. Damnificados ambientales, opositores a la construcción de grandes presas, indígenas en lucha por su autonomía, defensores del maíz, afectados por las altas tarifas eléctricas, han constituido coaliciones de resistencia a las que podría sumarse el descontento con las víctimas de la crisis y las políticas económicas del gobierno. Los electricistas tienen mucho que aportar en esta convergencia.
Quienes aseguran que con la blitzkrieg del sábado pasado el SME ha sido derrotado no saben lo que dicen. Quienes exclaman tenemos Presidente deberían pensar dos veces el alcance de su júbilo. Las consecuencias de esta aventura pueden ser muy graves para el país. La última palabra en este conflicto no se ha dicho aún.
