Luis Javier Garrido
La decisión del gobierno calderonista de asaltar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (10 de octubre) y decretar su desaparición (11 de octubre) como una vía para acelerar la privatización de la industria eléctrica del país y ofrecer pingües negocios a las mafias a las que se halla asociado se le ha revertido de inmediato, pues está poniendo en pie de lucha no tan sólo a los trabajadores electricistas y a múltiples sindicatos sino a amplios sectores de la nación que lo acusan de actuar en la más absoluta ilegalidad.
1. El decreto de Felipe Calderón ordenando la extinción de Luz y Fuerza del Centro, publicado en una edición especial del Diario Oficial de la Federación el domingo 11 (pp. 2-5), es un documento inconstitucional porque aun en el supuesto de que el espurio michoacano fuese gobernante legítimo del país, no tendría facultades para suprimir con su sola firma una entidad pública, creada como consecuencia de la nacionalización de la industria eléctrica del país el 27 de septiembre de 1960 y la reforma constitucional del 30 de diciembre de ese año, y regulada por un cúmulo de leyes federales, y no es tratando de fundamentarse en leyes secundarias anticonstitucionales como los panistas pueden salir del embrollo en el que se han metido.
2. La decisión atrabiliaria e ilegal del gobierno a la deriva que pretende encabezar el panista michoacano es, además de ética y jurídicamente inaceptable, por atentar contra los derechos de los más de 43 mil trabajadores a los que deja sin empleo, un acto de traición a la patria que vulnera los intereses fundamentales de la nación, ya que busca acelerar de manera anticonstitucional la privatización de una industria estratégica fundamental para un desarrollo soberano e independiente del país, y eso lo comprendieron los cientos de miles de manifestantes que desfilaron ayer 15 de octubre de la columna a la Independencia a la Plaza de la Constitución –en una marcha que superó todas las expectativas–, muchos de los cuales exigieron la remoción inmediata de Calderón, que no tiene otra propuesta de gobierno que la de violentar de continuo el orden fundamental de la República para satisfacer intereses espurios, y demandaron que sea sometido a juicio político.
3. La movilización que se está incrementando en México no es hoy, por lo mismo, nada más en defensa de los trabajadores, de las organizaciones sindicales del país y en particular del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), o de los derechos de todos los mexicanos amenazados por un gobierno atrabiliario, que en su desesperación y fracaso da manotazos políticos sin respetar las leyes fundamentales del país, sin tener más argumento que la utilización de las fuerzas policiaco-militares, a las que recurre para todo, sino de la nación en su conjunto.
4. El decreto inconstitucional del 11 de octubre fue concebido por quienes urdieron hace tiempo la medida como una vía imprescindible para acelerar la privatización de la industria eléctrica de México, al permitirle al gobierno panista uncir la generación de energía eléctrica en el centro del país al esquema de corrupción creado en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de paso facilitarle eliminar al SME, opuesto a ella –dando así un paso más en el desmantelamiento del Estado nacional mexicano–, y fue asumido como suyo por Calderón al verlo también como un golpe político propagandístico que en su limitado entendimiento le permitiría levantar un poco su deteriorada imagen ante el capital trasnacional y los más fascistizados empresarios nacionales, y sin embargo todo se les está revirtiendo.
5. El aspecto más grave de lo que acontece es que a pesar de la vasta campaña de desinformación orquestada por Televisa y Tv Azteca, los mexicanos han entendido que la medida constituye también en lo político una agresión sin precedente a la organización obrera del país, al atacar a uno de los sindicatos más antiguos y emblemáticos de las luchas del México del siglo XX, al que se busca aplastar en el afán de trastocar por completo la estructuras económicas y sociales del país retrotrayéndonos a un esquema similar al existente en los años del porfiriato.
6. La electricidad fue entendida ya desde los años de la Revolución Mexicana como un recurso estratégico fundamental, y cuando tras décadas de luchas se logró la nacionalización de la industria eléctrica, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, se entendió que se había logrado una conquista invaluable pues un switch clave del desarrollo nacional estaba en manos de los mexicanos, de ahí que las luchas de la Tendencia Democrática del SUTERM, y más tarde del SME, se opusieran a que se violaran las previsiones constitucionales.
7. El móvil atrás del decreto de extinción de Luz y Fuerza aparece claro ante todos, pues de lo que se trata es de beneficiar a las redes de corrupción de la clase política vinculadas a Salinas y a Calderón, señalados de manera insistente en los medios como los dos gobernantes más corruptos de los últimos tiempos. En el marco de la CFE se han creado mecanismos para entregar anticonstitucionalmente la industria eléctrica a corporaciones privadas extranjeras (principalmente las españolas Fenosa e Iberdrola Energía, la estadunidense Enron y la japonesa Mitsubishi) vinculadas a políticos del PRI y el PAN, contradiciéndose el principio sustentado en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que establecen que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, el área estratégica de la electricidad.
8. Los responsables de las posibles fallas de Luz y Fuerza del Centro no son los trabajadores, que de manera ejemplar han defendido a la empresa con su trabajo cotidiano y en múltiples conflictos, sino los políticos corruptos beneficiarios directos del poder político, y ahora del decreto, a los que la prensa cita una y mil veces, amigos todos de Salinas y Calderón: Fernando Canales Clariond, Ernesto Martens, Joseph-Marie Cordoba, Claudio X. González, Diego Fernández de Cevallos, los Mouriño, Antonio Lozano Gracia, Armando Salinas Torre y muchos más, los que ahora pretenden hacer el negocio del siglo con las redes de fibra óptica (Proceso, 1719).
9. La campaña calumniosa del gobierno contra los trabajadores, culpándolos de los malos manejos que han hecho los altos funcionarios de Luz y Fuerza del Centro, no hace más que pintar una vez más de cuerpo entero a Felipe Calderón, a quien su propio mentor y guía Carlos Castillo Peraza calificaba como inescrupuloso, mezquino, desleal a principios y personas, según relata Julio Scherer en su reciente libro Secuestrados (Grijalbo, 2009), y a quien los mexicanos ya han puesto en su sitio –como se decía ayer en la marcha– como un enemigo de México.
10. La situación existente antes del 10 de octubre no podrá volver a ser la misma. La controversia constitucional que van a presentar los trabajadores electricistas va a situar una vez más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante su realidad, pero la controversia del pueblo frente al gobierno panista ya no tiene vuelta de hoja.
