El desafío al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y a los amplios sectores sociales que lo respaldan con la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) no le depara a Felipe Calderón mejor suerte que la lograda en su combate a la delincuencia organizada. Su primer fracaso es que no resultaron los preparativos del golpe a uno de los sindicatos emblemáticos, como fue la negativa de la toma de nota para su dirigencia a fin de profundizar la división: de manera ejemplar, y pese a los conflictos intrasindicales, la primera decisión de asamblea, a unas horas de la toma policiaca de las instalaciones de LFC fue que enfrentarían en unidad la agresión gubernamental.
La decisión calderonista se anunció con la incursión policiaca horas antes de que se publicara el decreto, cuestión que habrá de analizarse en la defensa jurídica, pues resulta inadmisible el dicho del secretario de Gobernación: El secretario de Seguridad Pública recibió instrucciones (de su parte) para que se realizaran todos los actos tendientes a preservar la paz pública, el orden y preservar la integridad de personas y de instalaciones propiedad del gobierno federal, en preparación de la publicación del decreto. Y el mérito de ello es que no hubo costo humano que lamentar. Sacaron a los empleados de LFC de su centro de trabajo, ocuparon las instalaciones sin que existiera fundamento jurídico.
La patética decisión, tomada sin medir las consecuencias, se refleja en el boletín 184 leído primero por Gómez Mont a los medios hacia el mediodía del domingo y reproducido casi textualmente, horas después, por Felipe Calderón en cadena nacional. Esto de las jerarquías de cargos de plano no les resulta.
Para convencer a la ciudadanía del despropósito financiero de LFC señalaron ambos que tan sólo en 2009, el subsidio al organismo es equiparable a casi la totalidad del presupuesto anual del Programa Oportunidades, el principal programa de combate a la pobreza y que beneficia a más de 25 millones de mexicanos; o dos veces el presupuesto de la UNAM, que conforma una comunidad de más de 350 mil personas. Esto equivale a lo que se requeriría para construir un millón 200 mil viviendas de interés social. Mantener estas transferencias hubiera implicado elevar las tarifas de manera desproporcionada y pedir más impuestos a los contribuyentes. Les faltó informarnos a cuánto equivalen los altísimos sueldos y prestaciones en la Suprema Corte, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal con su alta burocracia.
Para justificar la afectación de LFC a la economía nacional se anotó que las cadenas de autoservicio en el valle de México han tenido que invertir en promedio 400 millones de pesos cada una para suplir las deficiencias en el suministro eléctrico.
Por fortuna tenemos las evidencias del boletín de prensa en Bucareli y luego el mensaje en cadena nacional; de lo contrario se pensaría que abusamos de la ironía o el humor negro. Porque, aparte de que con la extinción decretada la economía se reactivará, se fomentará el establecimiento de más centros comerciales, oficinas y fábricas, lo que redundará en la creación de más y mejores empleos.
Luego vinieron las aclaraciones, no pedidas, por aquello de las acusaciones manifiestas: Esta medida no implica la privatización del servicio eléctrico. La prestación de dicho servicio seguirá a cargo del Estado, como lo ordena la Constitución y la ley en la materia. Y después se aclaró que las modalidades de operación de un nuevo organismo se definirán en el futuro.
Con todas estas razones fundadas, según su lógica la ciudadanía saldrá a las calles a felicitar al gobierno, seguida de los trabajadores, porque a ellos se les respetarán todos sus derechos, menos el principal: el empleo. Y no quedan ahí los ofrecimientos: cual vendedores de enciclopedias con el objeto de hacer mucho más tersa la transición, les ofrecen un bono extra si aceptan en un mes la liquidación y además los orientarán para que con su jugosa liquidación pongan un changarro (perdón, ése era el proyecto foxista)e inviertan en proyectos de autoempleo. Parece inocente y no lo es: apuestan nuevamente a dividir a los trabajadores.
La cuestión de fondo es dar un paso más en la cadena de privatización, de momento manteniendo el servicio por conducto de la Comisión Federal de Electricidad. Además de que ya se tendrá que aclarar el uso que pretenden dar a los recursos de la empresa.
Seguramente el SME ya está preparando la estrategia jurídica, políticamente se está moviendo con rapidez y con suma precaución para evitar un enfrentamiento con la policía federal. Si se deja pasar esta nueva agresión nadie los detendrá para avanzar en otros espacios. Todos los sectores estamos expuestos al veredicto de la improductividad.
La decisión
Marco Rascón
Desprestigio generalizado de la izquierda en el entorno político; excesos de gremialismo; divisionismo interno; debilidad y subordinación del gobierno federal en busca de legitimidad, errores y condescendencia con la vieja legislación laboral protectora del charrismo; carencia de un proyecto de modernización desde la posición de los trabajadores; débil solidaridad sindical; anacronismo en las formas de defensa; ánimo de derrota traducido en falta de compromiso con el servicio e ineficiencia. Todas, en su conjunto, fueron factores que motivaron la decisión para liquidar Luz y Fuerza del Centro (LFC), aprovechando el conflicto en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Si comparamos este golpe con la requisa de 1976 en contra de Tendencia Democrática, del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), veríamos el tamaño de la debilidad actual, tanto del sindicalismo independiente mexicano como de los movimientos sociales actuales, en comparación con el que se daba en aquellos años. Recordaríamos las campañas de amenazas de los charros sindicales, respaldados por el gobierno a través de los medios e incluso con volantes arrojados desde avionetas sobre el valle de México en contra de los dirigentes del movimiento electricista.
Una diferencia entre lo que sucedía hace 33 años y hoy es que el golpe a los electricistas y a los trabajadores de la industria nuclear en aquellos años fue resultado de una ofensiva del gobierno –el PRI–, los dirigentes de la CTM y los charros del SUTERM, quienes actuaron frontalmente haciendo uso de todo el aparato represivo. Hoy son los mismos: no enseñan la mano, pero están detrás del gabinete panista que abre brecha al tricolor para su regreso triunfal.
Eran tiempos en los que se formaba el sindicalismo universitario y se daban importantes luchas por la independencia sindical y el salario en el Sindicato Minero Metalúrgico, cuando aún existía Fundidora Monterrey y Altos Hornos de México, en Monclova, que todavía eran parte de un modelo económico basado en la sustitución de importaciones y un desarrollo industrial nacional que ahora es inexistente. Eran tiempos en que se defendía por la vía salarial y contractual el valor del trabajo.
Hace 33 años la lucha de los electricistas fue el eje articulador del sindicalismo independiente y la lucha social, y proponía, mediante su programa y la Declaración de Guadalajara, aprobada en abril de 1975: la unidad democrática de los trabajadores (particularmente los de la Tendencia Democrática con el SME), acabar el charrismo y una ley eléctrica para integrar cabalmente a la industria eléctrica nacionalizada, lo cual revela que no sólo se perdió capacidad organizativa y de combate, sino la visión programática para luchar por la integración de la industria y su modernización desde una visión obrera.
Estos golpes, tanto los electorales como el que se acaba de propinar al SME, no solamente son cuantitativos, sino cualitativos, porque se derivan de la falta de coherencia y congruencia; del conservadurismo de la izquierda atrapada por la siniestra. Esta fabricante de derrotas considera estar en lucha para así negar y no reconocer que lo que necesita es tocar fondo después de que no ha sabido ubicarse políticamente y ha sido patente que carece de visión programática y que ha sido condescendiente con la corrupción y ha hecho una trichera con la defensa del pasado y las viejas estructuras. Si el PRD se ha venido pareciendo al priísmo; el sindicalismo independiente, al charrismo.
La decisión de desaparecer a Luz y Fuerza del Centro y el contrato colectivo del SME obedece a que los poderes económicos y políticos salivaron ante la debilidad generalizada de la izquierda y del sindicato, incapaz desde su autonomía de resolver el conflicto interno. Hay que recordar que al inicio del proceso electoral y el conflicto poselectoral había sectores y grupos que se consideraban parte de corrientes democratizadoras del SME contra Martín Esparza, y hoy ante el golpe aparecen como parte de una alianza oscura con el PAN y el gobierno federal; es decir, la oposición de derecha. Hoy la reflexión es tardía, es suma cero, confusión, pues se generaron las condiciones que estarían esperando para la liquidación de LFC, que hoy parte de un error estratégico y central de los mismos sindicalistas del SME.
El gobierno tomó la decisión e hizo una operación quirúrgica, pues si se habla del SME como una carga presupuestal e ineficiente, no es el único. ¿Dónde queda el SNTE y la estructura de poder de Elba Esther Gordillo? ¿Y la de los ferrocarrileros con Víctor Flores? ¿Y la de los petroleros con Romero Deschamps, dueño y señor de los contratos con Pemex y que la nueva ley no tocó y la vieja ha protegido desde siempre como parte de la fuente de recursos del PRI para hacer política negra?
Derivado de la toma de nota que los sindicatos no cuestionaron en su momento ni demandaron su reforma, el gobierno panista, con el respaldo a trasmano de los priístas, ha lanzado esta ofensiva que no vemos que se vaya aplicar al viejo charrismo, ya que es su aliado y cómplice.
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