Durante el acto, el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, llamó al titular del Ejecutivo federal a debatir públicamente sobre los sueldos y las prestaciones de los trabajadores de su gremio y proporcionó una lista de grandes deudores de LFC, entre los que citó a la propia Presidencia de la República y demás dependencias federales, así como hoteles, empresas y medios de comunicación.
Las sucursales de LFC amanecieron cerradas ayer, por lo que los usuarios que suelen hacer ahí pagos o aclaraciones –muchos carecen de cuentas bancarias o de Internet para hacer trámites– se vieron en la necesidad de acudir a los bancos y desembolsar un pago adicional por comisión. Por añadidura, en muchas sucursales bancarias prevaleció un sentido de incertidumbre y desinformación sobre las disposiciones oficiales respecto al pago de los recibos de luz, y en algunas incluso se decidió suspender dicho servicio.
A estas afectaciones se deben agregar los apagones que ocurrieron ayer en distintos puntos del centro del país. Algunos duraron horas. La circunstancia obliga a traer a cuento las advertencias de la dirigencia del SME de que con la liquidación de los trabajadores de LFC y su sustitución por empleados de la CFE podría verse mermado el suministro eléctrico, ante el desconocimiento de estos últimos en la operación de los equipos y las maniobras correspondientes.
Por lo demás, las promesas realizadas la noche del domingo por Felipe Calderón Hinojosa de recontratar al mayor número posible de trabajadores de LFC quedaron sepultadas apenas unas horas después, cuando el titular de Hacienda, Agustín Carstens, anunció que sólo se podrá dar cabida a unos 10 mil trabajadores de la extinta paraestatal, lo cual implica que se dejará en la calle a decenas de miles de empleados de base y de confianza.
Los elementos citados, en conjunto, apuntan a la posibilidad de que en días próximos se configuren muestras de repudio ciudadano a la decisión asumida por el gobierno federal, a pesar de la campaña de linchamiento mediático a que fueron sometidos la paraestatal y sus trabajadores, como si éstos fueran los causantes de todos los males de la compañía –y no las autoridades encargadas de administrarla–, y como si gozar de condiciones laborales favorables y prestaciones de ley fuera motivo de escarnio.
La administración calderonista, deficitaria de legitimidad desde su origen y deteriorada en su imagen por la incapacidad mostrada en prácticamente todos los ámbitos de su quehacer gubernamental, se hace un flaco favor al porfiar en su intento por desmantelar una empresa propiedad del país, y al hacerlo, además, con total falta de decoro y de sensibilidad hacia las necesidades de los usuarios y a costa de miles de trabajadores y de sus familias.
El gobierno federal debe entender que en democracia no se puede ni se debe gobernar por decreto, ni por medio de la descalificación y la criminalización de los adversarios políticos. La sociedad, por su parte, debe presionar a las autoridades para que dejen sin efecto la desaparición de LFC, devuelvan sus puestos de trabajo a los electricistas organizados y emprendan un diálogo amplio y plural para sanear a la paraestatal de los males que la aquejan, los cuales son conocidos e innegables, pero no podrán ser resueltos a base de manotazos autoritarios.
México SA
El presidente del empleo rompió su propio récord
Carlos Fernández-Vega
Asistentes a la asamblea convocada por Andrés Manuel López Obrador gritan consignas de apoyo a los electricistasFoto Marco Peláez
Ya dio rienda suelta a su capricho, armó su show y aportó la chispa. Muy bien, pero ¿qué sigue? Por la gruesa variedad de dichos, interpretaciones, números, balances, compromisos y conexos divulgados por diversos integrantes del gabinetazo y zonas aledañas en torno a la extinción de Luz y Fuerza del Centro, parece que lo único que queda claro es que, como siempre, Calderón y sus muchachos armaron el pleito, pero se les olvidó planear cómo salir de él.
¿Cuál es el siguiente paso? Según el inquilino de Los Pinos, la Comisión Federal de Electricidad será la administradora del proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), pero de acuerdo con la versión del doctor catarrito, Agustín Carstens, el gobierno federal podría crear una nueva compañía que sustituya a la paraestatal extinguida por decreto, para lo cual sería necesario gastar un dinero que oficialmente no se tiene. Nadie sabe, nadie supo.
Dijo Calderón en su perfomance dominical que he dado instrucciones a la administradora de LFC (la CFE) para que busque recontratar al mayor número posible de trabajadores, a fin de que colaboren de manera directa o indirecta en la provisión del servicio eléctrico bajo nuevas condiciones laborales y un nuevo arreglo institucional. Pues bien, el secretario de Hacienda asegura que no, que ni de lejos será el mayor número; por el contrario, se recontrataría a uno de cada cuatro trabajadores (10 mil de 45 mil), aunque todavía no sabe si se integrarían a la plantilla de la Comisión Federal de Electricidad o a la nueva empresa, misma que Agustín Carstens desconoce si se creará a no.
El inquilino de Los Pinos decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro y, por ende, de su relación laboral con el Sindicato Mexicano de Electricistas, luego entonces cada quien para su casa y no hay nada más de que platicar, por instrucciones de Calderón. Pero resulta que tampoco, porque según puntual declaración del abogado corporativo disfrazado de secretario de Gobernación, se mantienen abiertos los canales de diálogo con el SME, aunque nadie sabe de qué puedan dialogar cuando la decisión de extinguir la empresa paraestatal fue tomada de forma unilateral, sin dialogar con nadie ni pedir la opinión a la agrupación sindical.
En su decreto nocturno, Felipe Calderón sostiene que la extinción de Luz y Fuerza del Centro era inevitable, dada su comprobada ineficiencia operativa y financiera, la cual representa un costo tan elevado que ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público. Pero todo indica que tampoco por allí, porque si atiende a la siempre cursi Josefina Vázquez Mota, ahora coordinadora de la bancada panista en San Lázaro, la desaparición de LFC es para terminar con prebendas y privilegios del sindicato.
Además, según Vázquez Mota, el decretazo calderonista da cumplimiento a lo establecido por el Ejecutivo en los 10 compromisos presentados a propósito del tercer Informe de gobierno. Tampoco coincide, porque en el show de Palacio Nacional (2 de septiembre pasado) Calderón convocó no a exterminar empresas del Estado, sino a emprender una nueva generación de reformas en las empresas públicas del sector energético, y hasta donde se sabe reformar no es sinónimo de extinguir. De cualquier suerte, la declaración de la todóloga del foxismo y el calderonismo va a contrapelo de lo dicho por el abogado Gómez Mont, es decir, la extinción de la empresa obedece exclusivamente a razones de onerosidad, y tampoco se reconoce este creativo término como sinónimo de reforma. Por cierto, en aquel show del 2 de septiembre Calderón prometía (algo común en él) que rescataría la misión histórica de las empresas públicas, no que pasaría a cuchillo a una de ellas; también proponía emprender una transformación de raíz, una profunda restructuración y modernización en dichas entidades del Estado, pero ninguno de esos conceptos rima con muerte a las paraestatales.
Una más: a lo largo de su campaña, y ya instalado en Los Pinos, Felipe Calderón no dejó de autodenominarse el presidente del empleo, pero de un plumazo y en una sola noche borró del mapa el mismo número de plazas laborales (permanentes y con registro en el IMSS) que se generaron a lo largo de un trimestre (junio-agosto de 2009), algo así como 45 mil puestos de trabajo en unas cuantas horas. Todo un récord para el autodenominado presidente del empleo, porque su promedio de matanza de puestos de trabajo en el último año, el de la crisis externa (según él), se aproxima a mil 700 por día. Con la extinción de LFC, sin duda mejoró su propia marca, al multiplicar por 26 su capacidad destructiva en materia de empleo.
En su discurso dominical, el inquilino de Los Pinos defendió la legalidad del acta de defunción por él expedida, pero a la par, como tinterillo, ofreció una coima a todo aquel trabajador de LFC que aceptara de inmediato su liquidación (un bono adicional a las prestaciones establecidas, tanto en la ley como en el contrato), más el mezquino anzuelo de garantizar una liquidación hasta de 33 meses de sueldo para algunos trabajadores. Si fue legal, como dice, ¿para qué ofrecer dinero extra? Además, se queja de la onerosidad (Gómez Mont dixit) de la hasta hace poco paraestatal, pero promete 20 mil millones de pesos en liquidaciones, cuando si de algo se ha quejado en los últimos meses es de que el gobierno no tiene dinero. Eso sí, con Fox hablándole al oído, se comprometió a facilitar a los ahora desempleados asesoría, apoyo y financiamiento, a fin de que los trabajadores puedan iniciar pequeñas empresas proveedoras de la industria eléctrica, o bien en otras actividades económicas de su preferencia, es decir, la tesis de la changarrización y los emprendedores.
En fin, lo más fácil y productivo hubiera sido sanear la paraestatal, corregir desvíos, combatir corruptelas, compadrazgos y excesos. La empresa pública, hoy extinguida por capricho y decreto del inquilino de Los Pinos, tenía solución, comenzando por algo que sólo se conoce en el discurso: inversión pública. Lo resumió ayer el ex subsecretario de Electricidad, Nicéforo Guerrero: si LFC cobrara lo que consumen las grandes empresas y comercios se resolvería su problema financiero, pues en cuentas especiales y concesiones a grandes empresarios se fugan anualmente casi 40 mil millones de pesos, el doble de lo que va a costar liquidar a los trabajadores activos.
Las rebanadas del pastel
Para justificar la extinción de LFC, el inquilino de Los Pinos dice que de no tomar la decisión, hubiera sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos. ¿Qué no es eso, precisamente, lo que propone en su paquetazo 2010?
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