Carlos Fazio
El asalto policiaco militar contra las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), seguido del decreto de extinción de la paraestatal y la campaña de guerra sucia mediática contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), es un paso más en la perspectiva de construcción de un Estado autoritario de nuevo tipo.
A hurtadillas como actúan los delincuentes; mediante el uso de la fuerza bruta de los federales que comanda Genaro García Luna, apoyados por 3 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en violación de los derechos constitucionales (artículos 14, 16, 27, 73, 89, 90 y 123 de la Carta Magna) y pisoteando la Ley Federal del Trabajo y normas laborales pactadas por las partes; utilizando el chantaje contra los trabajadores y jubilados del SME; con mentiras y argumentos demagógicos en el marco de una campaña de terrorismo mediático en las cadenas de radio y televisión bajo control monopólico, el régimen espurio de Felipe Calderón ha dado un paso más en su guerra larvada contra el pueblo y en beneficio de los barones del dinero.
La desfachatez y majadería del Robin Hood de Los Pinos no tiene límites y es un insulto a la razón. Dijo Calderón: Prefiero dar a 25 millones de pobres los escasos recursos con que cuenta el gobierno, que destinarlo a los privilegios de 44 mil trabajadores. A Calderón le importa un bledo el pueblo pobre. Su discurso populista y demagógico exhibe su estilo personal de gobernar, tendiente a la conformación de un Estado militarizado. Usa a los pobres y sirve al gran capital. El golpe de mano pro oligárquico contra una empresa pública de carácter social y la arremetida contra el SME pretenden culminar la ilegal privatización de la industria eléctrica. La ofensiva clasista del régimen de Calderón contra los trabajadores busca beneficiar a sus patrones nacionales y del exterior; a los que lo impusieron mediante un fraude de Estado en 2006 y hoy quieren quedarse con una de las últimas joyas de la corona: un multimillonario negocio llamado triple play, que requiere de la transmisión de energía combinada con tecnología adecuada, para cobrar por dar servicio de voz, datos y video.
No hay que dejarse engañar. La campaña de linchamiento contra el SME –por un puñado de empleados de los dueños de las cadenas de radio y televisión y otros escribidores tarifados de la prensa escrita– busca encubrir la disputa por un negociazo de 6 mil millones de dólares.
En la pasada revisión del contrato colectivo de trabajo, el SME había logrado que LFC, además de arrendadora de sus mil 100 kilómetros de fibra óptica montada en sus redes eléctricas en el centro del país (zona muy prometedora, comercialmente, por su gran concentración demográfica y el nivel de ingreso de sus habitantes), pudiera ser también concesionaria para dar el servicio de triple play gratuito a millones de usuarios. Es decir, con sólo conectar un módem a la toma corriente de las casas, mediante una nueva tecnología instalada en la red (la fibra óptica), LFC se disponía a brindar, además de electricidad, servicios de telefonía, Internet y televisión por cable. ¡Cuatro servicios en uno!
Ésa es la principal razón para la extinción de Luz y Fuerza. Se busca garantizar a particulares el usufructo de la red de fibra óptica de la paraestatal. Se pretende beneficiar a un puñado de empresas privadas de la comunicación, que pugnan por la concesión de la red. Entre ellas Televisa, Nextel, TV Azteca, Telmex y las españolas Telefónica y WL Comunicaciones S. A. de C. V., en las que están involucradas dos ex secretarios de Energía de Vicente Fox, Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens.
El 8 de septiembre, mientras planificaba con saña el asalto policiaco militar contra LyFC, otro ex secretario de Energía del sexenio foxista, Felipe Calderón, hoy inquilino de Los Pinos, envió una iniciativa de decreto a la Cámara de Diputados para abrir a licitación de la red de fibra óptica en perjuicio del erario federal. No es casual, tampoco, que el decretazo calderonista haya previsto que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dirigida por el privatizador Elías Ayub, se haga cargo del servicio que proporcionaba LyFC. Las redes eléctricas y de fibra óptica de la CFE suman 30 mil kilómetros, a los que se adicionarán ahora los 1,100 kilómetros de LyFC.
Durante los gobiernos ultraconservadores de Acción Nacional, el viejo Estado cleptocrático priísta se ha refuncionalizado; el continuismo no es sólo económico-financiero. El régimen autocrático panista garantiza impunidad a los clanes, mafias y cofradías de banqueros, empresarios, tecnócratas, políticos de viejo cuño y dirigentes sindicales charros. La gansterización de la política se exhibe cada día en los medios masivos de (des)información y control social. Igual que los padrinos innombrables, los poderes fácticos hacen lo suyo. La recomposición de las alianzas en la cúpula ha dado paso a una estrategia de Estado en función de sus intereses de clase. El nuevo Estado antisocial atenta contra los derechos de las mayorías. El espacio abandonado por la responsabilidad social del Estado ha sido ocupado de manera facciosa por empresas privadas. Se trata de un Estado de los empresarios para los empresarios (Fox dixit), administrado por un gabinete al servicio de las fracciones capitalistas hegemónicas, en el marco de una democracia de baja intensidad que sume al país en una gran polarización y en el caos. Calderón es un peligro para México. Sólo la presión y movilización popular lograrán frenar a los neofascistas del PAN y sus aliados priístas, y alcanzar el nuevo pacto social que el país requiere.
