Las cifras constituyen un mentís inequívoco a las buenas perspectivas de Pemex anunciadas en días pasados por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, a la costosa propaganda oficial invertida para presentar a la CFE como una empresa de clase mundial y a los argumentos esgrimidos en 2008 por el gobierno para destruir a Luz y Fuerza del Centro (LFC) y sustituirla por la CFE al argumentar que la primera perdía dinero.
Tanto la generación y distribución de energía eléctrica son negocios por demás atractivos, con utilidades prácticamente garantizadas, a condición de que sean correcta y honestamente administrados. No es gratuito que los principales consorcios energéticos del extranjero hayan venido presionando, por diversas vías, para una mayor apertura del sector a operadores privados, a pesar de que dicha apertura se ha llevado a cabo de cualquier manera, incluso a contrapelo de los lineamientos contenidos en el artículo 27 constitucional y en las leyes reglamentarias aplicables.
Las cifras referidas dan cuenta, sin embargo, de una administración ineficiente y turbia en las dos entidades paraestatales, del exceso de contratismo por lo que hace a la CFE y, en el caso de Pemex, de la persistencia del saqueo fiscal que padece la empresa y que debió ser corregido desde hace muchos años.
No ha de pasarse por alto que los malos resultados de las dos grandes empresas energéticas de propiedad nacional aportan argumentos a la causa de las cúpulas empresariales, del gobierno de Estados Unidos, de Acción Nacional y de la fracción dominante del Revolucionario Institucional, para suprimir o reducir en forma significativa lo que queda de propiedad pública en la economía nacional.
En ese sentido, es procedente preguntarse hasta qué punto las pérdidas sufridas por CFE y Pemex son consecuencia de la llana ineptitud del equipo gobernante y de la presencia de una corrupción que viene de muy atrás, pero que se refrenda sexenio tras sexenio, y hasta qué punto es resultado de un designio por presentar al Estado como intrínsecamente incapaz de administrar de manera eficiente y transparente las entidades a su cargo, a fin de presentar como viables y hasta necesarias las desincorporaciones que han sido consistentemente rechazadas por la mayoría de la sociedad.
Es necesario que la sociedad se mantenga pendiente e informada de la situación en Pemex y la CFE –las cuales le pertenecen– y que el Congreso de la Unión exija al Ejecutivo una explicación detallada y precisa de los motivos por los cuales ambas entidades se encuentran en números rojos, que se ponga, de manera definitiva, un alto a la depredación fiscal de la primera y que se deje de lado el discurso oficial trinfalista y engañoso sobre la circunstancia real de las dos empresas.
