La conmemoración, ayer, del 74 aniversario de la expropiación petrolera ocurrió en un panorama incierto y preocupante para la industria de hidrocarburos, para Pemex y también, desde luego, para el país en general.
Aunque el gobierno federal presuma de haber garantizado la viabilidad de la paraestatal, ésta sigue sufriendo, aumentados, los mismos problemas que al inicio de la actual administración: saqueo fiscal por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, opacidad extrema en el manejo de sus finanzas y en su relación con el sindicato, contratismo con particulares, igualmente opaco, y una sobrexplotación a todas luces desaconsejable y peligrosa, con la pretensión de llevar la producción a promedios diarios de tres millones de barriles de crudo. Es sorprendente que, ante este cúmulo de vicios y problemas, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, afirme que es el régimen de pensiones de sus trabajadores lo que amenaza la viabilidad financiera de Pemex.
Hasta hace muy poco se tenía un diagnóstico sumamente pesimista de la empresa. Ejemplos de ello son algunos de los cables entregados a este diario por Wikileaks, como el que emitió en 2010 a Washington el ex embajador estadunidense Carlos Pascual (La Jornada, 16/3/12), en el que señalaba que México se encaminaba a convertirse en importador de petróleo, o como el que presentó en 2008 el propio gobierno federal, con el propósito de hacer creer a la opinión pública que la extracción en aguas profundas era impostergable y que para ello era necesario privatizar segmentos de la industria petrolera.
Resulta inverosímil que haya podido revertirse la crítica situación de la paraestatal en un plazo tan breve, sin tocar los problemas de fondo que la afectan –saqueo fiscal, contratismo, opacidad–, y que sólo mediante una operación de restitución de reservas, se haya logrado revertir una situación tan desastrosa como la que el propio gobierno calderonista pintaba en 2008, en vísperas de enviar al Senado su iniciativa de reformas legales privatizadoras, y que en forma confidencial fue ratificada dos años después por el ex embajador Pascual.
Ante los propósitos de respeto a la soberanía en la operación del sector energético es también pertinente citar el cable referido, en el que Pascual informaba de la asistencia furtiva del gobierno de Washington al de Calderón para aplicar las reformas legales en que desembocó el fallido intento de privatización de abril de 2008, y recordar que apenas la semana pasada se inició la segunda ronda de licitaciones de 22 campos petroleros maduros en media docena de municipios de Tamaulipas y Veracruz, y que esas licitaciones entregarán a empresas privadas –nacionales o extranjeras– el control, por 30 años, de miles de hectáreas de la franja costera y de una producción estimada en 24 mil millones de barriles.
Un dato que acaso se convierta en emblemático del desempeño de esta administración en materia de industria petrolera es el incumplimiento casi total –de no ser por un tramo incompleto de barda perimetral– de la construcción de una nueva refinería en Tula, prometida por Calderón hace ya 30 meses.
Con estos hechos en mente, no es fácil dar un voto de confianza al optimismo oficial en el ámbito de la industria petrolera. Por el contrario, resulta urgente redoblar las presiones sociales orientadas a incrementar la fiscalización sobre lo que ocurre en Pemex y a impedir que prosiga lo que, de acuerdo con los datos asquí referidos, no es fortalecimiento, sin debilitamiento y erosión de la paraestatal.
