by Juan Contreras March 10, 2012 Toque Crítico
Martín Esparza Flores
La Corte daría una buena noticia al país y una bocanada de aire fresco al asfixiado Estado de derecho si, a través del Segundo Tribunal Colegiado de Trabajo del Primer Circuito, aplicara la ley y echara abajo los retruécanos jurídicos implementados por el gobierno federal, desde el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro con los que además de avalar la anticonstitucional medida ha tratado de acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), pisoteando los derechos humanos y laborales de sus agremiados.
Catedráticos y maestros eméritos en derecho han visto atónitos las mil y un triquiñuelas de que se ha valido el presidente Calderón y sus funcionarios para justificar la arbitraria medida que dejó en la calle a 44 mil trabajadores y en la indefinición jurídica a 22 mil jubilados.
Por doquier, los expertos en la materia se preguntan dónde han quedado el Estado de derecho y su aplicación en el más elemental de los sentidos comunes. Si el discurso del ministro Juan Silva Meza, enviado durante su toma de protesta del 3 de enero del 2011, como presidente de la Corte a los miembros del Poder Judicial de la Federación, aún permea en el ánimo de los buenos impartidores de justicia ¾que aunque escasos, existen honrosas excepciones¾, la demanda de justicia de los electricistas deberá ser escuchada, sobre todo si se toman en cuenta las palabras del presidente de la Corte, y que aquí citamos:
“Estos momentos hacen inevitable que la sociedad busque y obtenga que sus instituciones públicas garanticen certeza, seguridad y paz social, y hoy no hay una institución que pueda encarnar de manera más clara esa seguridad, esa estabilidad y ese refugio exigido por la sociedad que el Poder Judicial de la Federación.”
Los miembros del SME esperamos que, en efecto, las leyes laborales no sean “textos muertos” y se determine el porqué la Junta Especial Número Cinco de la JFCA se negó a analizar de manera conjunta los expedientes IV-239/2009 donde el SAE pide la terminación de las relaciones laborales, aduciendo caso “fortuito o de fuerza mayor” en la desaparición de Luz y Fuerza, y de forma independiente el 1267/2009 donde, en apego a nuestros derechos constitucionales, pedimos que ante el despido injustificado de que fuimos víctimas se invoque la obligación del Estado a proporcionarnos un patrón sustituto dado que la necesidad del servicio subsiste, lo mismo que las instalaciones y los recursos, amén de que a dos años y cuatro meses 16 mil 599 trabajadores no hemos aceptado liquidarnos ni hemos renunciado a nuestros derechos individuales y colectivos establecidos con claridad en la Constitución y en la LFT.
Está en manos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo el resarcir la violación a nuestros humanos y laborales.
Revista Siempre!
