Iván Restrepo
Esta vez no deseo escribir sobre los problemas ambientales, como la contaminación de la Cuenca de México, analizada hasta el cansancio y para la cual no hay solución a la vista. Mejor referir asuntos que indignan a la ciudadanía e ilustran a qué grado de impunidad y corrupción hemos llegado. Por ejemplo, el sindicato de Petróleos Mexicanos tiene más de mil de trabajadores comisionados a quienes la empresa entrega mensualmente 7 millones de pesos para el pago de transporte y viáticos. La empresa registra pérdidas estratosféricas y el gobierno intenta ahora rescatarla con 123 mil millones de pesos que provienen de nuestros impuestos.
Cuando tomó posesión como gobernador de Nuevo León, el candidato independiente Jaime Rodríguez El Bronco dijo que el poder siempre ha sido de los ciudadanos y dejamos que se ensuciara. Gracias a ustedes, Nuevo León ha recuperado el camino de su destino. Y para recorrerlo designó como fiscal anticorrupción al abogado Ernesto Canales. Pero este personaje enfrenta una demanda por fraude. Se quedó con 6 millones de dólares que debió recibir la señora Paula Cusi, tercera esposa de Emilio El Tigre Azcárraga, por la venta de sus acciones de Televisa. La señora Cusi solamente recibió 50 mil pesos. Todos los detalles del fraude los publicó en El Financiero Raymundo Riva Palacio. El Congreso de Nuevo León pidió entonces al gobernador la inmediata destitución de Canales. El Bronco se negó. No acepta presiones. Un corrupto se encarga de perseguir a sus iguales.
Cuando la Secretaría de Desarrollo Social estuvo a cargo de la señora Rosario Robles (hoy responsable del ordenamiento territorial del país), ex trabajadores de la empresa Liconsa –que proporciona leche a precio subsidiado a las familias más pobres– denunciaron el alto grado de corrupción que existe en dicha institución. Por ejemplo, a los proveedores de leche en polvo importada les exigen una comisión por cada tonelada que venden a Liconsa. Unas 30 mil toneladas al año. Los periodistas Salvador Camarena y Denise Maerker ofrecieron datos precisos de esta y otras irregularidades. Y dos nombres de los beneficiados: Héctor Pablo Ramírez Puga y Luis Gendrón. De todo esto tuvieron conocimiento la señora Robles y el presidente Peña Nieto. Del dinero mal habido…
En Cuernavaca se inauguró recientemente el Centro Cultural Juan Soriano, merecido homenaje al pintor y escultor jalisciense que se distingue por su originalidad y perfección, como bien escribió Elena Poniatowska. El apoyo federal para dicho recinto ascendió a 100 millones de pesos. Entre otras irregularidades que de dicho apoyo encontró la Auditoría Superior de la Federación destaca el destinar casi 16 millones de pesos a papelería. Y otros 40 millones por traslado de equipo, lo que ya estaba incluido en los costos indirectos del lugar.
Nuestros impuestos trabajan, pero no en lo urgente. En Oaxaca el gobierno estatal desvió dinero para combatir la pobreza a fin de construir el estadio sede del equipo Alebrijes. La obra estuvo a cargo de la empresa ICA, hoy en quiebra. Entre otras cosas, porque el gobierno prefiere contratar a las españolas, como OHL, de bien ganada fama por sus corruptelas. El estadio no costó los 196 millones previstos, sino el doble. Otros 137 millones que debían servir para paliar la marginación en Oaxaca van a donde no deben. El gobierno estatal tuvo que cancelar la construcción del Centro Cultural y de Convenciones en el Cerro del Fortín por la oposición ciudadana que encabezaron los pintores Francisco Toledo y Sergio Hernández. La obra beneficiaría a un colaborador del gobernador: el titular de Turismo, de apellido Zorrilla. Pese a que la absurda obra fue suspendida, las empresas que la realizarían recibieron 137 millones de pesos.
Concluyamos con Juan Armando Hinojosa, el de la Casa Blanca y la de Malinalco, el incluido en Los Papeles de Panamá, el dueño del Grupo HIGA, el consentido presidencial y del gobierno del estado de México. Violando un amparo de la justicia, una filial de HIGA destruyó viviendas para dar paso a la autopista Naucalpan-Toluca. Desde lo alto del poder prometen acabar con la corrupción y la impunidad, pero no cumplen.
