La cifra de muertos por la explosión ocurrida el miércoles en la planta de Petroquímica Mexicana de Vinilo, en Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz, llegó ayer a 28, que se suman a las decenas de heridos y las numerosas personas desaparecidas. Al igual que sucedió la víspera, durante la jornada del viernes se dieron reclamos de las familias ante el manejo poco transparente de los responsables de la planta y las autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) para atender los requerimientos de información sobre las víctimas mortales.
A medida en que las horas transcurren, se va transitando del sentimiento de zozobra e incertidumbre por el paradero de las víctimas y los trabajadores a la indignación y los reclamos de un pleno esclarecimiento de los hechos, que incluya el consecuente deslinde de responsabilidades. Las autoridades ministeriales de Veracruz y de la Federación han abierto, por lo pronto, sendos expedientes de investigación, que deberían llevar –si no hay designios de impunidad de por medio– a esclarecer y sancionar conforme a derecho las posibles conductas negligentes y delictivas que podrían estar detrás de este lamentable episodio.
En esta circunstancia es imperativo recordar que la propiedad en un porcentaje mayoritario del complejo siniestrado pertenece a la empresa Mexichem, como resultado de una operación ocurrida en 2013, antes incluso de la aprobación de la reforma energética que entregó los filones más redituables de esa industria a manos privadas.
Ante esa consideración, es de llamar la atención que sigan siendo las autoridades federales y la propia empresa productiva del Estado (Pemex) las que den la cara ante los cuestionamientos sobre el acontecimiento, y que el papel de la empresa privada se mantenga en la marginalidad. El esclarecimiento de los hechos demanda que se aborden todas las aristas y niveles de responsabilidad en torno a la operación de la planta, y ello incluye, ineludiblemente, a la compañía referida.
En efecto, en este hecho trágico se concatenan, además de las omisiones presumibles de autoridades energéticas y laborales, las deficiencias señaladas por familiares y trabajadores de la planta en distintos rubros de seguridad industrial. Ejemplo de ello son las denuncias por fugas de gas ocurridas en horas y días previos a la explosión. La experiencia reciente señala que esas faltas suelen estar asociadas a mentalidades empresariales que operan en aras de la rentabilidad a toda costa y con marcado desprecio por la vida humana, y que terminan por configurar conductas negligentes y criminales de consecuencias trágicas.
Es exigible, ante estos elementos de juicio, una investigación acuciosa y puntual de lo sucedido, así como un deslinde de las responsabilidades civiles y penales a que pudiera haber lugar, es decir, lo que no se ha hecho tras numerosos episodios trágicos sucedidos en entornos industriales del pasado reciente. En caso de no actuar en ese sentido, las autoridades estarán contribuyendo a perpetuar una estela de impunidad, abulia institucional y ausencia de estado de derecho.
