De acuerdo con el Informe de seguridad empresarial en México: retos y tendencias 2015-2016, las empresas que operan en nuestro país perciben la corrupción de las autoridades como la principal amenaza externa a sus operaciones, incluso por encima de graves fenómenos delictivos. El estudio, realizado a partir de una encuesta aplicada a 330 firmas nacionales y extranjeras por la Cámara Americana de Comercio (AmCham) a principios de año, encontró que 50 por ciento de los participantes consideran esta práctica como de alto riesgo para sus actividades. Ayer el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México, Jesús Padilla, ratificó la postura de los líderes de negocios al enfatizar el impacto de la corrupción gubernamental en materia de competitividad y crecimiento económico.
Además de este problema, los principales incidentes que afectaron a las empresas durante 2015 fueron la extorsión virtual, el robo, los ataques a la cadena logística, las agresiones contra empleados, la intrusión de instalaciones, así como las manifestaciones, bloqueos y disturbios sociales, todo lo cual llevó a que al menos seis firmas se vieran obligadas a abandonar el país.
Si bien la AmCham realiza este tipo de mediciones cada año, vale la pena destacar que el informe actual se presenta una semana después de que el presidente Enrique Peña Nieto promulgara las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), conjunto de modificaciones jurídicas con que la administración federal busca recuperar la confianza ciudadana en materia de transparencia y combate a este flagelo. Debe recordarse que la discusión de la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas estuvo marcada por las tensiones entre la cúpula empresarial y la bancada oficialista en el Congreso en torno a la obligatoriedad de difundir las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses de los funcionarios públicos.
Aunque no puede pasarse por alto el papel de los actores del sector privado en la comisión o encubrimiento de prácticas irregulares para la obtención de ventajas indebidas, el informe de las percepciones prevalecientes entre los empresarios que operan en México constituye un recordatorio de la gravedad que reviste el fenómeno de la corrupción de las autoridades de todos los niveles. En efecto, resulta un agravante inaceptable el que este tipo de conductas sean perpetradas por aquellas personas elegidas o designadas para salvaguardar el estado de derecho e impulsar la creación de las condiciones idóneas para el desarrollo económico.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno deben prestar atención a estas expresiones y adoptar, en la práctica, las medidas necesarias para garantizar la plena vigencia de la legalidad en el desempeño de sus funciones. Asimismo, el informe del organismo empresarial recuerda el indeclinable mandato de responder a las exigencias ciudadanas con sensibilidad social y mediante el diálogo efectivo para evitar que deriven en formas de protesta legítima que impacten en la actividad económica.
