Magdalena Gómez
A casi dos años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, nos encontramos el escenario de la justicia aplazada. Mucho dolor de por medio para las madres y los padres de esos jóvenes, que mientras no conozcan el paradero de sus hijos viven el infierno de la incertidumbre. Han encontrado un eficaz apoyo en sus abogados del Centro Tlachinollan y del Centro Pro de Derechos Humanos, así como en la movilización de amplios sectores de movimientos sociales dentro y fuera del país. Han superado el desafío que implicó la llamada verdad histórica del ex procurador Murillo; a ello contribuyó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, de manera tal que el Estado mexicano se negó a renovar la asistencia técnica de dicho grupo. Como justificación insostenible en círculos oficiales se sigue señalando que el GIEI no aportó algo distinto a lo que ya su investigación –¡la de la verdad histórica!– había encontrado. Corolario de la decisión de prescindir del GIEI es la obstrucción y aplazamiento en la definición y el diseño del mecanismo de seguimiento a la investigación del caso Iguala. Han transcurrido 10 semanas desde que el GIEI-CIDH salió del país. Los familiares y sus abogados proponen que el mecanismo esté a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para vigilar el avance de las medidas cautelares emitidas en 2014, las cuales exigen que se encuentre a los estudiantes y descubrir qué pasó con ellos, es decir, el ámbito de la búsqueda, pero se refieren también a la investigación y la atención de las víctimas. Las madres y los padres solicitan que el mecanismo esté integrado por dos comisionados, entre ellos el relator James Cavallaro, y por un equipo operativo que deberá tener facilidades para estar de manera permanente en México. Además, piden para los comisionados acceso pleno a la información y que puedan visitar el país cada dos meses. En tanto, el gobierno federal ha insistido en que el mecanismo sólo debe dar seguimiento a las medidas cautelares emitidas por la CIDH. Los familiares se han desgastado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para derivar hace unos días en la Secretaría de Gobernación, donde desde la Subsecretaría de Derechos Humanos les ofrecieron apoyo en la gestión del mecanismo aludido por lo que esperan la decisión oficial de acudir ante la CIDH y formalizarlo.
Por otra parte, en virtud de que en el expediente de la PGR se registra que los estudiantes se dividieron en dos grupos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, los familiares han decidido organizar brigadas ciudadanas de búsqueda que encabezarán los padres en los primeros días de agosto en Coalla, Huitzuco y municipios aledaños, en un radio amplio que involucra ranchos y cuevas. Para ello solicitaron en Gobernación el apoyo perimetral de la Policía Federal, por tratarse de una zona de riesgo. En suma, por lo pronto han reactivado contacto en Bucareli y acordado mecanismos de seguimiento y relación periódica. El problema de fondo, hemos insistido, está en las deficiencias estructurales que se han mostrado durante la búsqueda e investigación. La PGR habrá de responder hoy a los familiares, si ya concluyó su investigación sobre las evidencias que mostró el GIEI en su segundo y último informe sobre una probable siembra de pruebas por parte del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. Como vemos, hay muchos cabos sueltos.
Sin justicia en Ayotzinapa, llegó Nochixtlán, en Oaxaca, el pasado 19 de junio, con la intervención de la Policía Federal para romper un bloqueo carretero del magisterio y los padres y pobladores que les apoyan. El saldo: nueve muertos y 108 heridos, cifras imprecisas, pues la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que hay dos desaparecidos.
El titular de la Policía Federal afirmó que no usaron armas y las evidencias han sepultado su dicho. El gobernador Cué declaró que sólo uno de los fallecidos era maestro. ¿Y? Esta vez no se intentó, como en Iguala, señalar que es un asunto local, pero de nueva cuenta se interviene tardíamente, y en buena parte por la auténtica rebelión de las autoridades municipales e indígenas de la región que se trasladaron a la Ciudad de México para exigir justicia integral. Diecisiete días después la PGR atrajo la investigación de los delitos cometidos durante la intervención de la Policía Federal. Al día siguiente acudió el subsecretario de Derechos Humanos a Nochixtlán. En encuentro complejo, ofreció dos mesas, una de investigación y la otra sobre reparación integral. Por cierto, habrá que valorar el informe de la CNDH, pues ella sí ha estado en la zona desde el primer momento. Estamos ante otro caso de disputa por la investigación: ¿masacre o enfrentamiento?, ¿autores intelectuales o sólo materiales? Nochixtlán ha quedado en la ruta de los pueblos mixtecos, la CNTE y los ojos del mundo. Otra piedra en el zapato para el régimen priísta.
