John M. Ackerman
Resulta que Enrique Peña Nieto es un genio. Aun después del fracaso histórico de las reformas estructurales y en medio de una enorme crisis económica, con constantes recortes al gasto público, agravamiento de la carestía, debilitamiento del peso y un colapso en el precio del petróleo, el Presidente de la República supuestamente ha logrado un milagroso aumento en los ingresos de todos los mexicanos y en particular de los más pobres. De acuerdo con el estudio presentado el viernes pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el ingreso promedio de los mexicanos más pobres se habrá aumentado 33.6 por ciento entre 2014 y 2015.
Esta supuesta bonanza no fue resultado de nuevas políticas públicas, el descubrimiento de yacimientos petroleros o de una oleada de inversiones extranjeras, sino de la simple y llana manipulación de datos por el organismo supuestamente autónomo a cargo de la estadística nacional. De la misma manera en que el muy autónomo Instituto Nacional Electoral (INE) infla la votación para el PRIANRD en cada elección, hoy el Inegi también le ha echado la mano al narcogobierno. El mismo Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha cuestionado duramente la opacidad y la discrecionalidad con la cual el Inegi ha modificado sorpresivamente la manera de contabilizar los ingresos de los mexicanos (véase).
En lugar de aceptar su derrota y cambiar de rumbo, Peña Nieto aparentemente ha decidido huirse a un mundo de fantasía. En lugar de atender las necesidades sociales de la población, el ocupante de Los Pinos prefiere utilizar las instituciones del Estado para fabricar un mundo alterno en que él sigue siendo el rey de todos los mexicanos.
Desde la reforma al artículo 26 de la Constitución en 2006, el Inegi es supuestamente un organismo autónomo con plena independencia técnica y de gestión, así como personalidad y patrimonio propios. Sin embargo, en 2008 se aprobó una nueva Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que viola la autonomía constitucional al subordinar el instituto al Poder Ejecutivo (aquí un extenso estudio que un servidor coordinó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre el tema.
Quien impulsó con particular interés la ley anticonstitucional en 2008 fue nada menos que José Antonio Meade, entonces subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Meade, actual secretario de Desarrollo Social, ahora cosecha los frutos de la manipulación jurídica de antaño al poder presentarse ante el mundo como el mago del supuesto combate a la pobreza fabricado por el Inegi a su servicio.
El presidente del Inegi, Julio Alfonso Santaella Castell, es colega tecnosaurio de Meade, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Ambos recibieron sus licenciaturas en economía en aquel semillero de líderes autoritarios y posteriormente se formaron como dignos apóstoles de la ideología neoliberal cumpliendo sus estudios de doctorado en economía en la UCLA (Santaella) y Yale (Meade).
Otro egresado de la carrera de economía en el ITAM y después formado en la Ivy League es Enrique Ochoa Reza, el nuevo presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Así como Santaella hoy supuestamente defiende la autonomía del Inegi, Ochoa también trabajó arduamente en favor de la independencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) entre 2007 y 2011. Ochoa primero fungió como secretario particular de la magistrada María del Carmen Alanís, arquitecta del fraude de 2012, y posteriormente como director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF. En ambos puestos Ochoa recibió salarios millonarios que supuestamente lo blindarían en contra de la influencia indebida ejercida por partidos políticos y candidatos.
Pero resulta que todo fue un engaño. El trabajo institucional de Ochoa era desde siempre para favorecer a su partido. El ahora presidente del PRI ocultó su afiliación partidista cuando laboraba en el TEPJF y también cuando se postuló para ser consejero electoral del IFE en 2010. Hoy, dos personajes del mismo molde de Ochoa –Marco Antonio Baños y Adriana Favela– se preparan para saltar al TEPJF para continuar con el trabajo de subordinar las instituciones públicas a los intereses partidistas.
El centro de capacitación del TEPJF, que encabezó Ochoa, tiene la misión de mejorar la impartición de la justicia electoral y fortalecer la democracia. Con razón tanto la justicia electoral como la democracia andan en tan mal estado hoy en el país.
Otra institución que se encuentra en franca bancarrota es el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El otrora partido de izquierda eligió el perfecto líder para terminar de enterrar su legado histórico. Como secretaria de Educación de la Ciudad de México, Alejandra Barrales jamás apoyó a los maestros ni cuestionó la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Barrales también fungió como una perfecta agente de Aurelio Nuño al perseguir a los maestros disidentes. Ahora la nueva presidenta del PRI será la perfecta pareja para Ochoa Reza: dos nuevas caras para seguir el viejo negocio de robar y reprimir a la nación.
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