La firma calificadora Standard and Poor’s (S&P) anunció ayer que redujo de estable a negativa la calificación de la perspectiva de impago de la deuda pública mexicana y advirtió que si el gobierno federal no reduce sus pasivos podría decretar una nueva degradación. La revisión de la perspectiva de las calificaciones a escala global refleja una posibilidad de al menos una en tres de que bajemos la calificación en los próximos 24 meses si el nivel de deuda del gobierno general o la carga de intereses presenta un deterioro superior a nuestras expectativas, y aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas de México ante los choques adversos, señaló la agencia.
Agregó que factores no económicos como la corrupción, la débil aplicación de la ley y las debilidades en la gobernabilidad han derivado en una tasa de crecimiento decepcionante a pesar de las reformas estructurales. S&P apuntó que en la última década la deuda pública no ha dejado de crecer en relación con el producto interno bruto (PIB), y en la actualidad el gobierno tiene menos margen de maniobra fiscal que hace 10 años, cuando era de 28 por ciento del PIB. Esa proporción es ahora de 45 por ciento y la calificadora prevé que llegará a 47 o 48 por ciento para 2018-2019.
El balde de agua fría arrojado por la empresa estadunidense –una de las tres principales calificadoras del mundo, junto con Moody’s Investors y Fitch Ratings– viene precedido por una caída en las estimaciones del crecimiento económico de este año, originalmente proyectado en más de 3 por ciento y que ahora se ha fijado, dependiendo de la fuente, en 2 por ciento o menos, y constituye una señal de alerta que debiera ser tomada en cuenta por las autoridades económicas del país.
El hecho esencial es que las reformas estructurales aprobadas a finales del sexenio anterior y en los primeros 14 meses del actual no sólo no han detonado el crecimiento económico que México requiere, sino que han causado una fuerte polarización nacional y han derivado, como es el caso de la educativa, en una marcada agudización de los conflictos sociales.
Es cierto que parte de la explicación de la naturaleza contraproducente de tales reformas se encuentra en el mal momento económico internacional, particularmente por lo que hace a la caída de las cotizaciones del petróleo y al insifuciente crecimiento en diversas regiones del mundo. Pero es evidente que las modificaciones constitucionales de corte neoliberal implantadas en el marco del Pacto por México se traducen en un incremento de la desigualdad, la pobreza y la desprotección jurídica de la porción mayoritaria de la población y, con ello, en un desasosiego social que inevitablemente reduce las expectativas de recuperación económica, incluso si el entorno exterior fuera menos desfavorable que el actual.
Ha de constatarse, pues, que el dogma contenido en el llamado consenso de Washington ha sido llevado demasiado lejos en el país y que ha desembocado en un callejón sin salida. La propuesta de generar riqueza en las cúpulas para que se derrame poco a poco al resto de la sociedad, no ha funcionado: la riqueza generada, lejos de socializarse, se concentró en unas cuantas manos y ahora, para colmo, ya no se genera. Es tiempo, en consecuencia, de cambiar el orden de prioridades, abandonar la estrategia que ha favorecido a los capitales nacionales y transnacionales y colocar el bienestar de la gente como preocupación central de la política económica.
