(III y última: Una utopía la promesa de bajar tarifas de luz)
En el campo de las paradojas que ha caracterizado en las últimas tres décadas a la tecnocracia en el poder, se ha generado un evidente desbalance entre lo planteado por los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las directrices impuestas por los organismos financieros; en ambos casos, nuestro gobierno firma acuerdos globales, con la salvedad de que mientras a los primeros les da un uso cosmético para mostrar al exterior una aparente imagen de respeto a las leyes en la materia, dejando su cabal cumplimiento en el armario de los buenos deseos, a los segundos no les regatea ni un ápice en su escrupulosa aplicación y seguimiento, aunque esto conlleve un impacto negativo en el nivel de vida de millones de personas.
El tema de la electricidad como un derecho humano, profusamente establecido en los diversos pactos expedidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos, como medio indispensable para el desarrollo integral de millones de habitantes, aún es letra muerta en México, como lo muestran los incrementos a las tarifas de la luz que desde el cierre de Luz y Fuerza del Centro, en octubre del 2009, han sido constantes, impactado tanto a la población de escasos recursos como a las pequeñas y medianas empresas, lo mismo que al comercio y otras ramas de la actividad económica.
Elevar a rango constitucional los derechos humanos, incluyendo en la redacción del artículo primero constitucional a los tratados internacionales, no garantiza que los mismos se cumplan, pues se carece de los ordenamientos que especifiquen la ejecución de derechos tales como el acceso a la electricidad, y en otros que sí están contemplados como el derecho a la salud y una educación pública de calidad, sucede que en el papel se dice una cosa pero en los hechos se aplica otra muy distinta.
Por ejemplo, los servicios de salud que reciben millones de mexicanos, sobre todo los no asegurados, son de pésima calidad, al grado de poner en riesgo sus vidas. Por si esto no bastara, ahora se anuncian cambios a la Ley General de Salud con la imposición del modelo de universalización que tiende a subrogar estos servicios a particulares, por lo que sólo quienes puedan pagar tendrán una adecuada atención médica. De esta manera, no hay congruencia entre lo señalado en los pactos internacionales y lo que realmente se aplica en nuestro país.
Pero además, parece que en el mayor de los contrasentidos, los gobiernos neoliberales siguen fielmente los dictados de los organismos financieros únicamente con el objetivo de garantizar las inversiones y los intereses de las multinacionales. Hace unas semanas, al darse a conocer la noticia de que las tarifas de la electricidad nuevamente se incrementarían para las grandes empresas, el comercio y los altos consumos residenciales, la consultora Merrill Lynch alertó que algo no está funcionando bien en el sector energético de nuestro país, al señalar que los altos precios de la energía en México representan una “desventaja” para el dinamismo del sector manufacturero; en pocas palabras, un obstáculo para el crecimiento de la economía nacional.
El planteamiento oficial de la Reforma Energética siempre sostuvo que las tarifas eléctricas irían a la baja, incidiendo en un crecimiento exponencial de la economía y generando, en consecuencia, empleos de calidad para que las familias sintieran los beneficios de un buen gobierno, “día a día”.
¿Qué ha sucedido entonces y por qué si la tecnocracia ha acatado de manera puntual lo dispuesto por los organismos financieros internacionales, las cosas en el sector energético están peor que antes? ¿Por qué seguimos teniendo tarifas más altas, por ejemplo, que los Estados Unidos?
Tal vez debamos echar nuestro análisis un poco atrás y concitar los desventajosos acuerdos que pactaron los gobiernos panistas con las trasnacionales de la electricidad, al comprometerse a comprarles su generación de energía en contratos de 20 y 30 años. La Auditoría Superior de la Federación alertó durante su análisis de la Cuenta Pública de 2009, que el país terminaría pagando una altísima factura por estos erróneos acuerdos.
Ahora que los ingresos por el petróleo se desplomaron y no hay recursos suficientes para mantener los subsidios, la utopía de las tarifas a la baja se desmorona. No son realmente las inexistentes alzas al combustóleo y el gas, como esgrimió para justificar los incrementos el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad y ahora advenedizo líder del PRI, Enrique Ochoa Reza, sino las millonarias sangrías que cuestan a las finanzas públicas el cumplir con los contratos firmados en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.
La aprobación fast track de la Reforma Energética, que formó parte del paquete de disposiciones ordenadas por organismos globales como la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, hizo a un lado un debate nacional que permitiera ordenar al sector y a las tarifas en un sentido más acorde a las necesidades y características propias de nuestra economía. En su redacción no se abordó en lo absoluto las disposiciones que los tratados en materia de derechos humanos planteaban para asegurar a las mayorías el acceso a la electricidad. Pero aún más grave, no se instrumentaron los mecanismos para equilibrar las tarifas en beneficio de los diversos sectores de la economía.
Los efectos inflacionarios que tendrán las alzas a la luz en los costos de los procesos de elaboración de diversos productos, terminarán impactando en los precios finales al consumidor, de tal modo que será nuevamente la población de menos recursos la que resulte más afectada.
La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados en abril pasado, por el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), fue acompañada de más de 427 mil firmas que son el reflejo del grado de inconformidad que tienen los 32 millones de usuarios de la energía eléctrica en el país.
Descontento generalizado al que ahora no sólo se están sumando los usuarios domésticos, sino grupos de comerciantes, empresarios, campesinos y hasta gobiernos municipales a los que la CFE insiste no únicamente en cortarles el servicio sino embargarlos por la falta de pagos, no importándole a sus funcionarios dejar sin electricidad a los sistemas de bombeo de agua potable que llevan el vital líquido a los hogares de millones de personas. El problema de los tecnócratas de ubicar el acceso a la electricidad como una mercancía y no como un derecho humano.
Por eso, es importante que los legisladores corrijan lo que no está funcionando y voten a favor de modificar el artículo cuarto constitucional, para que la electricidad se convierta en el motor de una auténtica justicia social que garantice la verdadera aplicación de los derechos humanos en nuestro país. Es hora de debatir y analizar esta ineludible propuesta.
Martín Esparza Flores
