El subprocurador federal de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, reconoció ayer que a casi dos meses de los actos mortales en la comunidad oaxaqueña de Asunción Nochixtlán, la Procuraduría General de la República (PGR) aún no se ha presentado en el lugar de los hechos para recabar las pruebas pertinentes. Asimismo, el funcionario dio a conocer que hasta la fecha la fiscalía no cuenta con la declaración de una sola de las víctimas del violento intento de desalojo que dejó entre nueve y 11 muertos y más de un centenar de heridos el pasado 19 de junio, cuando policías federales y estatales usaron armas de fuego para retirar el bloqueo carretero sostenido por pobladores de la localidad e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
La senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Seguimiento a los Hechos de Nochixtlán, completó ese panorama sombrío de la investigación al informar que, de acuerdo con la titular de la PGR, Arely Gómez, los avances hasta hoy consisten en la integración de expedientes por robo de uniformes, armas y equipo antimotines; ataques a las vías generales de comunicación y daños a instalaciones y vehículos oficiales o resistencia de particulares, entre otros, además de la realización de dictámenes periciales en medicina forense, balística, fotografía, audio, video, incendios y explosivos e informática.
Tales declaraciones resultan desoladoras porque muestran que, lejos de un esfuerzo encaminado a consignar a los victimarios ante la justicia, se asiste a la configuración de una revancha judicial contra las víctimas. A este ánimo persecutorio se suman las dudas que suscita la procedencia de los dictámenes y confirmaciones referidos, dado que, como la misma autoridad admite, los investigadores no han realizado las diligencias correspondientes en el escenario del ataque. En suma, los datos divulgados ayer permiten atisbar una investigación opaca, contradictoria y carente de la seriedad que exige la magnitud de los sucesos. Ejemplo de ello es que hasta la fecha no haya una cifra única y aceptada de víctimas mortales o que la PGR asegure que tiene en su poder la mayoría de las ojivas extraídas de los cuerpos de seis fallecidos por arma de fuego.
Para entender la situación desastrosa de la indagatoria oficial debe considerarse la crisis de credibilidad que aqueja a la procuraduría, entre otros factores. En efecto, debido a los malos antecedentes de la institución, en diversas circunstancias su presencia genera más temor que certidumbre o confianza en la obtención de justicia entre las víctimas, lo cual, en el caso presente, ha impedido hasta la elemental tarea de recoger sus testimonios.
Si a casi dos años de la desaparición en Iguala de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa la PGR sigue manteniendo en calidad de versión oficial la hipótesis poco verosímil y ampliamente cuestionada de la pira funeraria en el basurero de Cocula, es comprensible que los afectados por la violencia policial en Nochixtlán permanezcan renuentes a colaborar con esa dependencia.
La institución se encuentra, pues, atrapada en un círculo vicioso en el cual su descrédito la incapacita para realizar sus funciones, y tal incapacidad agrava la falta de confianza en ella de la sociedad, hasta llegar, en casos tan graves como el de Nochixtlán, a una situación de parálisis. Para superar ese empantanamiento el máximo organismo de procuración de justicia tendría que ofrecer a la opinión pública muestras contundentes de funcionalidad y voluntad política para llegar al fondo en los episodios que investiga.
