Miguel Concha
El 26 de abril, el Senado de la República aprobó intempestivamente una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, por la cual se adiciona el artículo 213 bis y un segundo párrafo al artículo 215, que supuestamente tiene como objetivo brindar mayores y mejores herramientas judiciales especiales en materia de derechos de autor, que permita la generación de medidas precautorias o preventivas en beneficio de los titulares de dichos derechos.
A pesar de estos argumentos, las modificaciones han sido denunciadas por la falta de claridad en sus preceptos y un ejercicio legislativo poco transparente. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización social especializada en temas de libertad de expresión e Internet, se pronunció en contra, utilizando para ello el hashtag #MadrugueteAInternet, y un pronunciamiento en el que señaló que se le otorga la facultad a cualquier tribunal de ordenar que una comunicación pública sea censurada, y que los servidores, enrutadores u otros instrumentos sean asegurados sin que medie investigación u orden judicial.
Denunció, además, la falta de discusión previa en Comisiones legislativas, y sin llevarse a cabo un proceso de consulta abierto en el Congreso de la Unión (https://bit.ly/2I6fsFF). En efecto, dentro de un proceso que fue calificado como irregular por diversos medios de comunicación y organizaciones, debido a la nula convocatoria y falta de consulta, la reforma se aprobó con 63 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones.
Esta iniciativa tiene sus antecedentes en 2015, cuando luego de la aprobación de un dictamen en la Cámara de Diputados, se dio a conocer la propuesta de la diputada del PRI Araceli Guerrero Eruviel. En 2016, este dictamen se tornó a la Cámara de Senadores, donde supuestamente quedó para su análisis y debida dictaminación en Comisiones.
No obstante, por iniciativa del PRI y del PVEM y de senadores como Javier Lozano y Ernesto Cordero, el proyecto se retomó hasta abril del presente año. Senadores distintos a esos partidos señalaron que no se les convocó a sesión de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y que tampoco existió una convocatoria, con el tiempo necesario, para su análisis.
Por la falta de claridad en todo el proceso legislativo, señalaron también un dejo de impunidad y corrupción procesal; incluso algunos denunciaron que se intentó que firmaran el dictamen sin que pasara por un debate serio y abierto.
Resulta cuestionable que la aprobación de la reforma se haya dado de manera tan rápida después de estar dos años en espera, sin participación ciudadana, y en un contexto electoral que bien podría beneficiar a algunos poderes fácticos que buscan censurar y lastimar derechos relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la información y la búsqueda de la verdad.
Tampoco se consideraron los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema, como la tesis de junio de 2017, relacionada con que la protección de derechos de autor no justifica en sí y por sí misma el bloqueo de la página web, y que estas prohibiciones no se consideran constitucionalmente válidas, salvo situaciones excepcionales (https://bit.ly/2KOeYWr).
Entre los puntos críticos de la reforma destacan las medidas que pretenden contrarrestar las violaciones a los derechos de autor, las cuales permitirían la suspensión de la representación, comunicación o ejecución públicas, el embargo de las entradas o ingresos y el aseguramiento cautelar de los instrumentos materiales, equipos o insumos, con poca claridad en la interpretación de estas acciones, y limitando el derecho a la libertad de expresión.
Es evidente que en las últimas horas de la Legislatura saliente existen grupos que están dispuestos a atentar contra los derechos humanos, como el libre acceso a la información por cualquier medio, sea físico o digital. Intento claro y manifiesto con la aprobación de todo el paquete de medios en semanas recientes.
Recordemos que en esos mismos días se aprobó en términos similares la ley relacionada con la publicidad oficial, de la que me ocupé en La Jornada el pasado 14 de abril, aprobada igualmente de manera rápida e intencionada, mediante procesos legislativos irregulares, sin transparencia y sin consultas ni participación de actores importantes.
El ejercicio de la libertad de expresión, la existencia de medios libres y confiables, y el acceso a diferentes medios de comunicación e información, son necesarios para el fortalecimiento de la democracia. Acciones violatorias como las reformas recién aprobadas, que benefician a monopolios de comunicación y control, y a grupos de poder con intereses particulares deben, sin duda, denunciarse.
Y por ello las organizaciones de la sociedad civil buscarán impulsar un juicio de amparo, y vía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y posiblemente también por medio de un grupo de legisladores, acciones de inconstitucionalidad, para ir en contra de esta reforma.
Además, es importante evidenciar que existen fallas internas que reflejan la impunidad existente en todas las esferas gubernamentales, incluso en el Poder Legislativo. Fallas que como puede observarse en este caso, derivan de bancadas dominantes y falta de apertura por parte de los legisladores.
Dada la falta de legitimidad del proceso legislativo para aprobar esta reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, el Ejecutivo Federal debiera abstenerse de publicarla, para que se reponga el proceso en el Congreso. De lo contrario, son más que oportunas todas las acciones legales en su contra.
