Miguel Concha
La Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHDF), por medio de su presidenta, Nashieli Ramírez, dio a conocer el pasado 2 de mayo el contenido de la recomendación 01/2018 sobre la falta de debida diligencia reforzada en la investigación del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, y la negligencia en la atención a sus familiares.
Las autoridades responsables por estas violaciones a los derechos humanos son la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX), el Tribunal Superior de Justicia (TSJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPCDMX). La debida diligencia en las investigaciones de muertes violentas de mujeres se traduce en la exacta aplicación del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio, así como en el uso de la perspectiva de género en cada caso.
La CDHDF acreditó con rigor la aplicación negligente de las normas de protección existentes; la resistencia a investigar por razones de género; la revictimización del afectado y su familia; el mal manejo del lugar del hallazgo; la pérdida de evidencia; la falta de análisis de contexto; la obstaculización para que la sociedad y los familiares de Lesvy puedan conocer la verdad; la obstrucción para el acceso al expediente y, por consiguiente, acreditó de manera fundada la violación al derecho al debido proceso, el acceso a la justicia y al derecho a la verdad, el derecho a la integridad personal, todos ellos con enfoque de derechos humanos, en relación con el derecho a la memoria de la persona fallecida, y a derecho a la intimidad y la vida privada con perspectiva de derechos humanos.
La familia de Lesvy y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria aportaron toda la información disponible para la debida integración del expediente, y facilitaron a cada momento la comunicación y el acompañamiento de la Comisión.
El documento, disponible en http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2018/05/reco_0118.pdf, contiene un exhaustivo análisis del caso y 18 puntos recomendatorios que a continuación enumeramos, en parte: 1) Indemnización a las víctimas por daño material e inmaterial. 2) Rehabilitación de las víctimas, lo cual se traduce en proporcionarles atención médico-sicológica especializada. 3) Investigar a las autoridades que actuaron de manera negligente en la investigación penal, así como en la atención a las víctimas. 4) Implementar un mecanismo de supervisión, evaluación y monitoreo en la aplicación del Protocolo de Actuación Policial para la Preservación del Lugar de los Hechos, o del Hallazgo y Cadena de Custodia. 5) Contar con un sistema de información que permita determinar la efectividad del servicio que presta el personal ministerial, policial, pericial y de atención a víctimas, que interviene en investigaciones relacionadas con violencia contra la mujer y muertes de mujeres. 6) Actualizar, conforme al Sistema Penal Acusatorio, y para hacerlo más efectivo en la persecución y sanción de la violencia contra las mujeres, y en específico en materia de presuntos feminicidios, el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, utilizando para ello la perspectiva de derechos humanos, con un enfoque de género diferenciado y atención a víctimas y sus familiares, con respecto a su dignidad y necesidades. 7) Revisión y actualización de la Guía Técnica para la elaboración de necropsias en caso de Feminicidios. 8) Realizar una jornada cultural que promueva las expresiones artísticas de interés para la población juvenil, cuya finalidad sea promover el respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y específicamente, en honor a Lesvy, la temática del feminicidio. 9) Llevar a cabo una disculpa pública a las víctimas por los agravios sufridos.
A partir de su legal notificación, las autoridades responsables cuentan con 15 días hábiles para responder a este llamado y definir si aceptan o no la recomendación. Aún nos encontramos dentro de ese periodo. El impacto que tendrían el reconocimiento de responsabilidad y el compromiso de la PGJCMDX, el TSJCDMX y la SSPCDMX en el cumplimiento de las medidas que les fueron indicadas, indudablemente se traduciría en asegurar a las mujeres que viven y transitan por la capital el acceso a una vida libre de violencia con un poderoso mensaje: se aplicarán las normas vigentes conforme al estándar más alto, y no habrá impunidad para los servidores públicos que no actúen conforme a la ley.
De conformidad con el informe La Violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, de la ONU-Mujeres, (http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/12/violencia-feminicida), en 10 años, la violencia feminicida ha cobrado la vida de más de 23 mil 800 mujeres en el país. Actualmente, la incidencia asciende a ocho mujeres al día. Su atención requiere del compromiso, colaboración y coordinación de todas las autoridades y la sociedad. ¿Cuándo vamos a empezar a restar y no a sumar?, decía la madre de Lesvy, Araceli Osorio, durante la develación de la placa que en memoria de su hija fue develada el 4 de mayo en Ciudad Universitaria, refiriéndose a esta cifra atroz.
Esa pregunta nos la hacemos todos. Allí está el nodo de lo que queremos. La consigna de los colectivos feministas y de mujeres #NiUnaMás, #NiUnaMenos se traduce en que comience a bajar la cifra, hasta llegar a cero. Cero muertes de mujeres por la expresión más violenta de discriminación en su contra. Ese es el indicador más claro de que las autoridades hacen su trabajo. Y en ello también depositamos nuestros esfuerzos y esperanzas.
