Gustavo Leal F.*
En noviembre 2018, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en Cámara de Diputados, suscribió la iniciativa que expide la Ley General de Pensiones por Retiro y Garantizadas por Vejez ( Gaceta Parlamentaria, 22/11/18), luego turnada a las comisiones de Trabajo y Previsión Social –para dictamen–, así como a la de Presupuesto y Cuenta Pública –para opinión.
Ante sus repercusiones sobre el inmediato comportamiento de la bolsa y el peso, el secretario Carlos Urzúa declaró –pronto– que ella no tiene pies ni cabeza: jamás respaldaríamos algo así, mientras su subsecretario Arturo Herrera confirmaba reuniones constantes con Afore para revisar comisiones, régimen de inversión y aumentar el retorno neto a los trabajadores. Siguió Carlos Ramírez –entonces– responsable de Consar, para quien ella es inviable operativamente y expropiatoria. Por su parte, el diputado morenista Mario Delgado, estimó que es la iniciativa aislada, de un diputado: no forma parte de la agenda legislativa prioritaria. Y el diputado petista Óscar González agregó que vamos a acompañar a Morena, seremos aliados leales, el diálogo será permanente. Después, el presidente López Obrador descartó actos arbitrarios como expropiaciones.
Sin duda, el contenido de la iniciativa (26 artículos y 6 transitorios) exige amplias, profundas e indispensables precisiones. Véase al respecto Odilia Ulloa Padilla: Comentarios generales y al proyecto de ley; Alberto García: Comentarios a la iniciativa (Grupo de Estudios de Políticas de Seguridad Social: https://geppss.com; Facebook, GEPPSS, noviembre 2018). Aún así, ese contenido recordó la urgencia de enfrentar de raíz y sin demora los desafíos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que, después de 21 años de operación, no garantiza pensiones dignas.
El 6 de diciembre, la 60 Legislatura del Edomex (Morena-PT) derogó la repudiada reforma al Issemym impuesta –al vapor– por el gobernador Del Mazo, apenas en agosto 2018, y que establecía un sistema de cuentas individuales operadas por Afore. Queda abierto el expediente para establecer qué administración es responsable del quebranto pretextado para reformar al vapor.
Hoy es evidente el incumplimiento de las promesas tecnocráticas para mal reformar IMSS, Issste, IMSS-Patrón (RJP), Banca de Desarrollo, CFE, Pemex, Issemym-Del Mazo, que vislumbraban exagerados beneficios derivados del multipublicitado régimen de capitalización individual. Después de los 21 años recorridos en la experiencia del SAR, el saldo muestra otra realidad: coberturas estancadas, beneficios deteriorados, creciente desigualdad de género, altos costos de transición con elevadas presiones fiscales, altos costos administrativos, reguladores capturados, fuerte concentración de la industria administradora de los fondos pensionarios, privatización sólo en beneficio del sector financiero con efecto limitado sobre los mercados de capitales y transferencia de los riesgos demográficos y financieros a los asegurados. Todo ello, en el cuadro de un maltrecho diálogo social (OIT, Reversing pension privatisations: rebuilding public pension systems in Eastern Europe and Latin America, 2018).
Frente a este escenario, la presentación de la iniciativa –y sus evidentes e inmediatas repercusiones– así como la derogación de la reforma impuesta al vapor al Issemym por Del Mazo, ponen igualmente sobre la mesa la manifiesta insuficiencia de los primeros pronunciamientos del equipo económico designado por el presidente López Obrador para enfrentar el desafío del SAR, el sistema pensionario en su conjunto y, muy especialmente, el futuro de las nuevas generaciones. En efecto, la ruta trazada –hasta ahora– por el nuevo gobierno, posterga tres largos años entrar al fondo del asunto público –al decir del secretario Urzúa– y se contenta con, por lo pronto, subsidiar un oportuno apoyo alimentario duplicado (mil 274 pesos) que equívocamente fue anunciado –y nombrado así por el señor Gerardo Esquivel– como pensión pretendidamente universal, al tiempo que espera una –entusiasta y poco factible– mejora en los rendimientos de las Afores, así como simultáneas disminuciones en comisiones –al decir del subsecretario Herrera.
Además de la inminencia de ubicar esta temática en la agenda prioritaria del nuevo gobierno, es necesario abordar –desde un amplio debate y con todos los actores de la arena política– el postergado asunto para conformar un grupo de estudiosos que, con el debido corte de caja, establezca –primero– el saldo efectivo de esos 21 años del SAR y –luego–, proponga términos para estructurar la previsible nueva orientación que debiera tomar una auténtica reforma pensionaria en beneficio de todas las generaciones involucradas.
La ofrecida Cuarta Transformación también pasa por atender esta problemática, en su profundidad, de manera seria e incluyente.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
