En la conferencia matutina de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo mención de los grupos neofascistas que, azuzados desde el anonimato, emprendieron una campaña sucia en contra de su gobierno, tratando de capitalizar la trágica muerte de la gobernadora poblana, Martha Éricka Alonso, y de su marido, el ex gobernador Rafael Moreno Valle; el mandatario se refirió también al ambiente hostil creado en forma deliberada por una minoría de conservadores que actúa de manera muy mezquina en el homenaje fúnebre a las cinco víctimas del percance aéreo del 24 de diciembre y en el cual su representante, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue objeto de insultos por parte de algunos de los asistentes; López Obrador explicó que decidió no asistir a ese acto justamente para no hacerles el juego a esos provocadores y enviar en su representación a la funcionaria mencionada.
Ante lo expresado por el titular del Ejecutivo federal, líderes de opinión conocidos como comentócratas, opositores de varios partidos y bots, así como trolls que pueblan las redes sociales intensificaron su agresividad recurriendo a falsificaciones noticiosas y a etiquetas como #AMLOASESINO y #AMLOCobarde, en un esfuerzo por desprestigiar a la figura presidencial, a sus colaboradores y a sus adeptos.
A estas alturas es inocultable que hay sectores de la oposición política y social empeñados en inducir en la sociedad percepciones falsas, como la de una falta de voluntad gubernamental para esclarecer lo ocurrido. Estas andanadas deben contrastarse con la expresa disposición de las autoridades federales a llevar a cabo una investigación transparente y exhaustiva de lo ocurrido en Santa María de Coronango. En el esclarecimiento participan ya las secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Seguridad Ciudadana y Marina, además de expertos de los fabricantes de la aeronave, y se ha solicitado la colaboración del Consejo de Seguridad del Transporte de Estados Unidos –entidad que no ha podido dar respuesta por la parálisis del gobierno en el país vecino–, del organismo homólogo de Canadá –cuyos especialistas llegan hoy al país– y de peritos europeos no especificados. No hay, pues, justificación para sospechar alguna intención de encubrimiento por parte de las autoridades nacionales ni margen para exigir un esclarecimiento que, de hecho, ya está en curso.
Es necesario que los adversarios del gobierno canalicen su inconformidad en forma institucional, civilizada y ética, desistan de sacar réditos políticos de un hecho trágico y permitan que la investigación del percance en Puebla arroje resultados.
Debe tenerse en cuenta que, por interés de todos, el país debe avanzar en la consolidación institucional de las nuevas autoridades y que Puebla deberá afrontar en breve un nuevo proceso electoral, circunstancia que requiere de la reconstrucción de la convivencia, el fin de la polarización política y un clima de mínimo entendimiento entre las facciones políticas. Por ello resulta obligado deponer las inquinas, las fobias y las actitudes pasionales, dejar de lado rumores, noticias falsas y versiones insidiosas, recuperar la serenidad y centrar el debate en los graves problemas sociales, económicos y políticos que gravitan sobre el país y esa entidad.
Los muertos y los vivos
Aurelio Fernández F.*
Los muertos pertenecen a los vivos. Los colocamos en tumbas, los hacemos cenizas, los mandamos al más allá, les asignamos vida eterna y hasta resurrección; los empleamos para nuestras tristezas y melancolías. Los usamos según nuestras propias necesidades. Cuando mucho, los invocamos como instructores de tal o cual decisión póstuma. Total, ellos ya no pueden opinar. El día 24 de este mes murieron en un accidente aéreo cinco personas, dos de ellas de relevancia política: Martha Éricka Alonso y su marido, Rafael Moreno Valle.
La muerte de estos políticos fue una sorpresa descomunal. Aún ahora, hay quienes aseguran que fingieron su deceso y simplemente huyeron a Suiza o cualquier otro lugar mítico, a gozar de la inmensa fortuna amasada durante su carrera en el servicio público, por el nieto del general y doctor, del mismo nombre. Que estos políticos hayan muerto, aun trágicamente, no borra su historial de represión, manejos escandalosos del erario estatal, de endeudamiento condenatorio, de manipulación electoral; de los 360 presos, procesados y perseguidos políticos, de los cientos de feminicidios, del auspicio al desarrollo galopante de la mafia de huachicoleros; de la supresión de las políticas campesina, ambiental, laboral, de acoso a la prensa crítica y de muchas otras acciones que perjudicaron los intereses de la población, pero beneficiaron significativamente los de ellos.
Por estos días, lo verdaderamente trascendente luego del helicopterazo, es lo que a continuación sucederá en la vida política estatal y nacional. Ya hay una discusión en torno a cómo es el procedimiento jurídico para nombrar al gobernador interino, si con mayoría simple de los diputados o con la calificada.
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, pide que por usos y costumbres y por cortesía, quede alguien de su partido. Ayer las bancadas morenista y de Acción Nacional dieron una conferencia de prensa hablando de que buscarían un gobernador interino de unidad, pero eso está por verse. Este Ejecutivo especial conducirá el estado apenas durante pocos meses, pero representa un factor crucial en la consecución del resultado electoral que el morenovallismo desea, porque en su esquema comicial, los dineros y la acción gubernamental son los que suplen a la voluntad popular. Como el histórico PRI. Si el gobernador en turno no opera en favor de su candidato, lo más probable es que pierda, a pesar de que el Instituto Estatal Electoral es un engendro del senador fallecido. De ahí la importancia del nombramiento.
A las pocas horas del impacto sobre una milpa del municipio de Cuautlancingo, los de Acción Nacional y sus letrados empezaron una campaña de doble propósito: acusar a Andrés Manuel López Obrador de homicida, y victimizar la situación con el propósito de impactar en el ánimo de los electores de cara a la determinación de quién será el próximo mandatario, o mandataria. Ya vimos el éxito de este procedimiento en 1994, cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio posibilitó que se revirtieran las tendencias que había en favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, para trasladarlas a Ernesto Zedillo, bajo la astuta conducción de Carlos Salinas de Gortari. No quiero calificar de detestable el uso de los muertos para fines electorales o políticos, siempre se ha hecho. Lo que quiero es contribuir al análisis de cómo está ocurriendo esto. El asunto es ver cómo los más vivos, los vivillos, se están y estarán aprovechando de los muertos, de sus muertos. Y una pregunta del todo pertinente: ¿quién va a manejar –y para qué– la fortuna de Rafael Moreno Valle Rosas, esa que tenía como finalidad última su llegada a la Presidencia de la República?
* Director de La Jornada de Oriente
