Gilberto López y Rivas
Esgrimiendo razones auto-referenciales de que lo suyo no es la venganza y declarándose partidario del perdón y la indulgencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso de toma de protesta ante el Congreso, el primero de diciembre, propuso un punto final para delitos cometidos por los funcionarios del pasado, afirmando que en su Presidencia se abstendrá de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos, y de que esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie. Contradictoriamente, afirma que la parte medular de su programa de gobierno será acabar con la corrupción y la impunidad.
El contrasentido radica en que los delitos cometidos por los funcionarios del pasado van más allá del saqueo del erario por las innumerables vías de la corrupción gubernamental; muchos de ellos estuvieron involucrados, por omisión o comisión, en crímenes de Estado y lesa humanidad, como las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales que no prescriben ni pueden ser eximidos por el nuevo titular del Ejecutivo federal.
¿Jamás se investigará quiénes son los responsables de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, o la perpetrada también contra estudiantes el 10 de julio de 1971? ¿Quedarán sin desentrañarse los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, cárceles clandestinas, y vuelos de la muerte durante la guerra sucia que duró más de 20 años? Las masacres de Aguas Blancas, Guerrero, Acteal, Chiapas (1997), Tlatlaya, estado de México, (2014), Nochistlán, Oaxaca, (2016) ¿quedarán en el olvido? Esto por enumerar los crímenes más conocidos en los que se identifica la mano del Estado y sus fuerzas armadas con sus grupos paramilitares, como el Batallón Olimpia, Los Halcones, La Brigada Blanca, y los más de una docena que fueron identificados por la PGR para el caso de Chiapas, en 1997, sin mencionar los que operan bajo la cobertura del crimen organizado, que pasaron a constituir la cara clandestina de gobiernos mafiosos y delincuenciales.
Ha sido positivo el decreto presidencial para crear una comisión de la verdad que investigue los asesinatos y las desapariciones forzadas de los estudiantes de Ayotzinapa, crimen de Estado y lesa humanidad que cimbró la conciencia del país y del mundo. En Iguala, Guerrero, se condensó el 26 de septiembre de 2014 toda la violencia estructural y de Estado que ha padecido México durante más de una década, y que ha resultado en más de 200 mil muertos, en su mayoría jóvenes y pobres, al menos 40 mil desaparecidos, así como medio millón de desplazados internos y fuera del país. Siendo esta tragedia un caso paradigmático, en el que se visibilizan los estrechos lazos de complicidad entre crimen organizado, Ejército, gobernantes de los tres órdenes, policías y todo el aparato judicial, constituye, sin embargo, una entre miles de desapariciones forzadas en las que el Estado mexicano está involucrado. Este crimen será supuestamente investigado hasta sus últimas consecuencias, pero: ¿quedará archivada la desaparición forzada de los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, secuestrados por fuerzas de seguridad en Oaxaca en 2007? Recordemos a los entrañables compañeros Samuel Ruiz, Carlos Montemayor y Miguel Ángel Granados Chapa, integrantes de la Comisión de Mediación, junto con quien escribe, que durante años enfrentó la cerrazón cómplice del gobierno y la protección tacita del Estado respecto a la participación del Ejército en este caso emblemático.
¿Qué pasará con los otros miles de procesos judiciales que no tienen atención mediática, ni sus familiares los medios organizativos para demandar la aparición con vida de sus desaparecidos? Con toda razón, parientes de desaparecidos forzados cuestionaron que sólo haya una comisión para Ayotzinapa. ( La Jornada 6/12/18).
En estos crímenes el Ejército ha participado en defensa de los intereses de los grupos dominantes, por no citar su involucramiento directo en asesinatos de dirigentes populares como el purépecha Primo Tapia de la Cruz, asesinado por orden de Elías Calles en 1926; o el ocurrido el 26 de mayo de 1962, cuando militares masacraron a Rubén Jaramillo y su familia en el sitio arqueológico de Xochicalco, Morelos.
Las fuerzas armadas fueron exoneradas de toda responsabilidad con el argumento de que sus altos mandos no son parte de la oligarquía e integrarán la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública. Esta propuesta ha sido duramente criticada por organismos de derechos humanos que la consideran otra forma de militarización.
Así, coincido con el Colectivo Iglesias por la Paz que señaló: antes de buscar el perdón de las víctimas de la violencia, se requiere acceder a la verdad y la justicia. ( La Jornada 21/09/18).
