Ante la magnitud del robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex), fenómeno delictivo calculado en casi 60 mil barriles diarios –o una cantidad equivalente a la que cabe en 600 pipas y con valor de 200 millones de pesos–, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esta acción delictiva se ha venido realizando por personal de la empresa del Estado; “hay la hipótesis –dijo– de que de todo el robo de combustible, sólo 20 por ciento se da con la ordeña de ductos; (ésta) era una especie de pantalla”, en tanto que el resto se opera con la complicidad de autoridades y una red de distribución. El mandatario agregó que si bien no hay por lo pronto elementos para imputar a directivos de Pemex, de que sabían, sabían, porque diariamente se levantaba un reporte del faltante. Señaló asimismo que el operativo criminal incluía la distribución del combustible sustraído y de la construcción, por parte de contratistas de la empresa, de depósitos para almacenar lo robado.
Por su parte, el nuevo director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que en 2016 el robo de combustibles representó pérdidas por 30 mil millones de pesos, cifra que se elevó el año siguiente a 59 mil millones y que en el año que está por concluir suma ya 66 mil 300 millones.
Más allá de las acciones de vigilancia anunciadas por el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, de las advertencias formuladas por su par de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al dirigente sindical Carlos Romero Deschamps, y de las acciones legales anunciadas por el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, el astronómico volumen del saqueo a Pemex hace ineludible una acción de esclarecimiento de gran escala y una minuciosa revisión de las cuentas de los pasados sexenios de la empresa estatal, porque es un secreto a voces que el despojo no data de los años recientes sino que se remonta a décadas atrás.
Hasta ahora, además de la inexplicable facilidad con la que eran pinchados los ductos de Pemex, y que hacía suponer que los huachicoleros contaban con información y encubrimiento al interior de la empresa, mucho se podía inferir del insultante y vertiginoso enriquecimiento de líderes y funcionarios petroleros, del escándalo conocido como Pemexgate –el desvío de cerca de mil 500 millones de pesos de la empresa a la campaña del candidato presidencial priísta Francisco Labastida Ochoa en 2000– y la completa opacidad con la que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón administraron el producto de los sobreprecios petroleros a lo largo de 12 años.
Pero no es sino hasta ahora que se puede tener una cuantificación del robo a Pemex y el país se encuentra ante uno de los más lacerantes desfalcos, una suerte de huachicoleo oficial e institucional ante el cual no se puede desviar la mirada ni incurrir en omisiones en materia de procuración de justicia, porque sumado a los efectos desastrosos de la reforma energética, este saqueo sistemático, que se ha perpetrado no sólo en Pemex, tiene una relación causal directa con las condiciones miserables de muchas escuelas públicas, las lacerantes carencias del sistema de salud, la anemia presupuestal de los programas y servicios a la población y la debilidad de un aparato gubernamental que fue convertido en ventanilla para gestionar privatizaciones y, como lo indica la información comentada, en mecanismo de enriquecimiento inmenso y delictivo para miles de funcionarios.
¿Cuarta Transformación?
Gilberto López y Rivas
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República y el triunfo de Morena como primera fuerza política en el Congreso de la Unión, las gubernaturas de cuatro estados, la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, numerosas alcaldías y gobiernos municipales, exigen reflexionar, desde el pensamiento crítico, sobre los alcances y las limitaciones de la denominada Cuarta Transformación.
Es necesario caracterizar el gobierno actual, sus proyectos económicos y sociales considerados prioritarios, así como la nueva correlación de fuerzas políticas que se está conformando, con objeto de contar con herramientas que permitan comprender y responder adecuadamente al nuevo sistema hegemónico de dominación con el que se reconfigura el capitalismo.
Se requiere analizar las bases que sustentan la Cuarta Transformación, que no deja ver con claridad su estrategia programática ni legislativa. El combate a la corrupción, sin una ruptura con el modelo desarrollista, no sienta las bases para un cambio de las dimensiones históricas de la Independencia nacional, la Reforma y la Revolución de 1910. Negar la vigencia de la lucha de clases en México, situarse como árbitro supremo de los conflictos sociales y pretender mutar el Estado en un aparato redistributivo clientelar, no significan una transición histórica de la República, ni mucho menos un cambio de época.
Asimismo, una enumeración de los proyectos económicos prioritarios: Zonas Económicas Especiales, Tren Maya, desarrollo del Istmo de Tehuantepec, siembra de árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas, construcción de 300 caminos en territorios rurales, refinerías, sistema de aeropuertos en el área metropolitana de Ciudad de México; zonas francas en la frontera norte y región istmeña, continuidad de los proyectos mineros, la reiterada afirmación de respetar los contratos, la independencia del Banco de México, la perspectiva del jefe de gabinete, de hacer de México un paraíso de las inversiones, y la iniciativa de Morena en el Congreso para abrogar la actual Ley Agraria, y expedir otra que refuerza los mecanismos de privatización de las tierras ejidales y comunales, y, sobre todo, la aceptación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, confirman la continuidad de políticas económicas dentro de la lógica del sistema capitalista, del neoliberalismo que se afirma superar.
En lo político, la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas es un retorno al viejo indigenismo establecido por el régimen priísta, clientelar y corporativo, que fue caracterizado como una política de Estado para los pueblos indígenas autoritaria y manipuladora, y cuyos funerales fueron celebrados en los diálogos de San Andrés entre el gobierno federal y el EZLN. El hecho de establecer 130 oficinas del nuevo INPI en territorios de los pueblos originarios, con funcionarios hablantes de la lengua respectiva, con recursos y proyectos gubernamentales, es una agresión directa a los procesos autonómicos y a los movimientos en defensa de los territorios y contra la invasión corporativa. Particularmente en los territorios donde se desarrollan procesos autonómicos más profundos, relacionados con conflictos armados, como la región maya zapatista, o que defienden la territorialidad indígena campesina, el INPI corre el riesgo de desempeñar labores contrainsurgentes y de ingeniería de conflictos que las empresas mineras ponen en práctica para vencer las resistencias.
Se constata la metáfora del subcomandante Moisés de que cambian los mayordomos y capataces, pero el dueño de la finca continúa siendo el mismo. El rechazo a estos proyectos por parte del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, de numerosas organizaciones independientes indígenas y campesinas, de especialistas en diversas disciplinas científicas, así como la crítica a las consultas gubernamentales por no cumplir con las condiciones establecidas en la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, que mandatan que éstas sean previas, libres, informadas y vinculantes, no ha recibido la atención que merecen y, por el contrario, fueron objeto de un trato despreciativo por parte del Presidente.
En este sentido, destaca el clima de intolerancia a la crítica al nuevo gobierno desde la izquierda anticapitalista, aduciendo que hace el juego a la derecha, es un regreso al comunismo primitivo, o un menosprecio a los 30 millones de votantes que eligieron a Andrés Manuel López Obrador.
Precisamente por el respeto que se merecen todos y todas los mexicanos (as) que votaron por un cambio profundo, se reivindica la necesidad de un análisis riguroso de la naturaleza y los impactos de los proyectos en ciernes, de la direccionalidad de los mismos, a partir de las resistencias de abajo y a la izquierda, y de una intelectualidad comprometida con estas luchas. La disyuntiva continúa siendo: con el príncipe o con el pueblo.
