La senadora Nestora Salgado García entregó ayer una lista con los nombres de 199 personas que se encuentran encarceladas debido a sus ideas y a su participación en la defensa de derechos sociales, laborales o ambientales. El listado de presos políticos provisto al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, incluye a luchadores sociales y activistas provenientes de 18 estados de la República, entre quienes se encuentran integrantes de movimientos tan emblemáticos como la resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa del sexenio pasado, las policías comunitarias de Guerrero y otras entidades, o los opositores a la construcción de la presa La Parota.
Cabe recordar que la misma senadora Salgado fue prisionera política de las dos pasadas administraciones estatales. El caso de la ex comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de Olinalá, Guerrero, ilustra los mecanismos de los que se han valido las autoridades locales y federales, muchas veces en connivencia con toda suerte de representantes de los poderes fácticos para judicializar la disidencia social: el 21 de agosto de 2013 fue detenida sin orden de aprehensión por elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal para posteriormente trasladarla de manera ilegal al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, donde se le fincaron cargos por delincuencia organizada, secuestro y homicidio. Después de dos años y siete meses encarcelada, Nestora fue absuelta debido a la absoluta ausencia de pruebas en su contra, pero en mayo de este año, en plena campaña electoral, un tribunal guerrerense intentó reactivar los expedientes en su contra. De acuerdo con los múltiples organismos de protección de los derechos humanos que lucharon por su liberación, la hoy legisladora fue apresada en venganza por señalar la complicidad de autoridades locales y empresarios que deseaban monopolizar el comercio en la región, así como la implicación de varios de ellos en el tráfico de drogas.
Si bien la lista de prisioneros políticos –que servirá de base para el cumplimiento del compromiso presidencial en el sentido de amnistiar a quienes han sido injustamente privados de la libertad– está compuesta por expedientes de diversa complejidad, lo cierto es que no pocos de esos casos ya han recibido la atención de diversas instancias nacionales e internacionales, gracias a cuya labor existen elementos para sustentar las motivaciones ilegales de la detención y confinamiento de los activistas. Cabe esperar que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, instruida por el titular del Ejecutivo para dar trámite a casos como los recopilados por la senadora Salgado, imprima particular celeridad a la resolución de estos expedientes.
Además de brindar la impostergable justicia a las víctimas del Estado, la excarcelación y reivindicación de los presos políticos pondría fin a uno de los periodos más vergonzosos de la política exterior mexicana: la que conjugó el fin de la Doctrina Estrada de respeto a los asuntos internos de otras naciones con la execrable hipocresía de condenar a ciertos regímenes por presuntas violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos al tiempo que dentro de nuestras fronteras se practicaba sin contemplaciones el uso político de las instancias de impartición de justicia.
Ilán Semo
¿Peña a La Haya?
Ilán Semo
El 7 de diciembre Gilberto Lozano informó que la Corte Penal Internacional (CPI), situada en La Haya, Holanda, empezó ya a revisar la demanda interpuesta contra Enrique Peña Nieto por la organización Congreso Nacional Ciudadano, en la que se inculpaba al ex presidente de violaciones a los derechos humanos, corrupción y crímenes de lesa humanidad –en particular en los casos de los crímenes cometidos en Ayotzinapa y Tlatlaya. El día de ayer un vocero de la corte explicó que sólo se había recibido la denuncia y el siguiente paso, en caso de darse, sería determinar si el tribunal contaba con jurisdicción para iniciar las investigaciones. En pocas palabras, en la CPI no existe todavía una investigación contra Peña. Y, sin embargo, por lo pronto, la demanda interpuesta contra el ex mandatario mexicano ha llegado bastante más lejos –en términos procesuales– de la que alguna vez –en 2011– interpuso un vasto grupo de ciudadanos contra Felipe Calderón en el mismo tribunal y por los mismos delitos. Habrá entonces que esperar.
Fundada en 1998, la CPI es un organismo del todo sui generis que no forma parte de la ONU, aunque se relaciona con ella por su norma fundacional, el Estatuto de Roma. Su cometido es llevar a juicio agresiones de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra. Sólo procede en los casos que un Estado no pueda juzgar o no juzgue estos delitos y, en principio, ha funcionado de manera visiblemente selectiva. Charles Taylor, ex presidente de Liberia, acusado de proveer armas durante la guerra civil de Sierra Leona, en la que murieron más de 120 mil pobladores, fue juzgado entre 2007 y 2011. Laurent Gbagbo, ex jefe de Estado de Costa de Marfil, compareció acusado de crímenes de guerra. Fue juzgado y sentenciado a prisión en la misma ciudad de La Haya. Slobodan Milosevic, ex presidente de Yugoslavia, sin duda el caso más célebre del tribunal holandés, fue inculpado de genocidio étnico y sometido a una investigación que se prolongó durante más de cinco años. Murió en su celda durante el proceso en 2006. Milan Milutinovich, ex presidente de Serbia, acusado de crímenes de guerra, fue absuelto en 2009. Slobodan Praljak, criminal de guerra croata, inculpado por las masacres cometidas por las tropas de Croacia contra musulmanes bosnios, tomó un veneno letal durante una sesión del proceso frente a las atónitas miradas del juez, el fiscal y el público asistente. Khieu Samphan, ex jefe de Estado de Cambodia, continúa en juicio desde 2011 por los crímenes de guerra cometidos por los khmer rojos durante 1975-1979.
Ningún ex mandatario latinoamericano ha sido requerido por la corte, aunque casos no han faltado. Pinochet habría sido un excelente candidato. Es obvio que Occidente cuida de la reputación de sus propios criminales. Aunque la Corte Internacional mantiene en la actualidad investigaciones en Colombia y Honduras.
No por casualidad, los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU –Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña– no han firmado el estatuto de la CPI. De alguna manera se mantienen blindados frente a sus sentencias. De ahí el sinnúmero de críticas que se le han hecho al tribunal, el cual hizo caso omiso de llevar a su banquillo, entre otros, el caso de Henry Kissinger.
Sea como sea, la notoriedad mediática y jurídica que ha alcanzado es notable. Sus investigaciones, que siempre son públicas, se extienden durante varios años. Y los juicios son acompañados de exhibiciones y testimonios pormenorizados de los crímenes cometidos por los inculpados. La justicia convertida en un espectáculo inclemente. Un juicio a Peña Nieto en ese tribunal traería consigo no sólo un examen de la tragedia mexicana de los pasados dos sexenios, sino una revisión completa de la historia del régimen instaurado por la tecnocracia desde mediados de los años 80. Sabemos que se trata de un caso que la Corte Internacional podría atraer a su jurisdicción. Las declaraciones de El Chapo en el juicio que se le sigue en Estados Unidos propician un ambiente para ello. Sería una ironía en la que finalmente se revelaría que la supuesta guerra contra el crimen organizado no fue más que un mecanismo de control político. Se puede decir que se trata solamente de coincidencias; pero ya son demasiadas coincidencias.
¿No acaso valdría la pena, en aras de mantener la mínima soberanía jurídica, pensar en un juicio local bajo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México? En su discurso inaugural, Andrés Manuel López Obrador dijo que no abriría expedientes porque eran demasiados y sólo se perdería el tiempo. Pero aquí se trata de un solo expediente. Nada más de uno: el de quien obstruyó la justicia para emprender las investigaciones en torno al caso Ayotzinapa. No se perdería ningún tiempo y acaso se repararía la integridad de una nación entera. Esto, y no la instauración de una vaga Comisión de la Verdad, daría inicio a un efectivo cambio de régimen político.
