Luis Linares Zapata
El Poder Judicial del Estado mexicano decidió ir a la guerra contra los dos poderes restantes, el Legislativo y el Ejecutivo. En medio de este zafarrancho se coló un ensamble partidario (PAN, PRD, PRI). Precisamente ese que, aun en conjunto, perdió la pasada elección. El campo de la batalla escogido fue la ley que regula las remuneraciones de los funcionarios públicos. Es decir, esa polémica norma que recorta los ingresos de aquellos que reciben salarios mayores a los del Presidente de la República.
Al oír y leer tan beligerante declaración de conflicto constitucional un crecido número de valientes luchadores por las libertades, los urgentes contrapesos y la pluralidad democrática, se lanzaron también al rudo forcejeo. El abigarrado columnismo escrito tomó de inmediato su secular parte, atendiendo a sus crecidas fobias, búsqueda de favores, guía y cuidado de nómina. Sendos conductores televisivos y radiofónicos se hicieron presentes con su parcial energía a cuestas. La casi totalidad de la crítica y la academia que se expresa en medios no ha permanecido rezagada. Nunca se podía dejar de mencionar a la conspicua opinocracia, siempre en su probada defensa de altos valores. Al unísono, se levantó con airada e implacable voz y hábiles letras contra los abusos del presagiado poder concentrado que, según tan elogiado grupito, hoy amenaza al ciudadano. El tropel volvió a ser magnífico, altivo, seguro de su influencia para conducir o, al menos, orientar opiniones para la toma de decisiones informadas. El vagón (tal vez cabús) de esta funesta historia se llenó por completo.
Es, según el parecer de tan justiciero ensamble de adalides, peligroso entrever intereses espurios de ministros, jueces, magistrados, directivos de órganos autónomos o directivos de empresas descentralizadas. Vale entonces la pena unirse a la contienda en curso.
El supremo bien de la República lo hace indispensable, heroico tal vez. Lo trascendente es salir en defensa de aquellos que se atreven a provocar al ogro burocrático, al autoritario que, en nombre del pueblo (bueno, según él) atropella, avasalla, humilla voluntades, polariza y pervierte instituciones. Y todo este palabrerío, sin reposo ni cadencia, por defender abusivos e ilegales ingresos (salarios, bonos y demás prebendas) de un puñado de personajes. Todos ellos bien señalados ya por la mirada y el airado reproche ciudadano que exige, sin triquiñuelas que valgan, fin a sus abusos. Pero, una cosa es atender a tal mandato (reconocidamente mayoritario) y, otra muy distinta, hacerlo de manera improvisada, con una ley plagada de errores, prisas y descuidos y rencores. Eso no debe ni puede permitirse, alegan los afiliados al purismo de los letrados. Sobre todo por parte de aquellos que han sido situados en el quehacer de las leyes. Paliar y enderezar excesos es parte esencial del cometido de los jueces: correctores de los desmanes del poderoso, protectores del desvalido, auxiliares para los injustamente perseguidos.
Miembros del Poder Judicial que, por años, han infringido el mandato constitucional que establece el tope de la remuneración presidencial para toda la grey pública. Convenenciero y patrimonial olvido que complementa con violencia burocrática y clasista, con la opacidad de sus dictados, pagos de favores recibidos y el consabido nepotismo de los jueces nacionales. Habría en todo caso, dicen los quisquillosos de siempre, hacer la distinción entre salario, ingreso y remuneración para establecer los topes justos. Sin esa disquisición, de parecido y angélico detalle medieval, se caerá en la injusticia. Y en ese diferendo se pueden pronosticar rutas futuras. Unas cargadas a la sacrosanta división de poderes aunque se sabe constantemente trastocada en la pasada práctica cotidiana. Otras para intentar detener o negociar los ajustes demandados por el cambio de régimen y el ansia de prolongar privilegios.
De este ríspido debate hay que extraer algunas conclusiones. La primera apunta hacia la renovación del sistema entero de justicia. La reforma al aparato judicial se impone sin tardanzas que valgan. El juicio popular ya ha sido depositado en urnas y es recomendable prestarle atención. El orden y equidad en los ingresos y las oportunidades es indispensable escala de la transformación que se oferta para el cambio del ya antiguo régimen. Los partidos y sus ralas fracciones en el Legislativo tendrán que repensar sus torcidas estrategias. El bloqueo conjunto no es una ruta recomendada. Aunque, por ahora, vuelven a situarse en defensa de lo caduco por más ropajes que cubran sus alegatos.
