Autor: Martin Esparza
Al anunciar en Chiapas el Programa Nacional de Electricidad que contempla frenar el desmantelamiento del sector y la modernización de 60 hidroeléctricas que permita la autosuficiencia y el fin de los subsidios a empresas privadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que en la recuperación del sector energético descansará el fortalecer nuestra soberanía económica y apoyar a las familias de menores recursos con tarifas justas.
En pocas palabras, dar vuelta a la página del neoliberalismo en la que se escribieron por 3 décadas un sinfín de corrupciones y abusos, que generaron millonarios quebrantos a las finanzas públicas, vía la entrega de contratos por compra de electricidad a empresas trasnacionales, sobre todo en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, así como la adquisición de gas licuado a precios exorbitantes.
El presidente conoce a fondo el tema porque en 2008 colocó en la palestra nacional el monumental fraude cometido por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, al denunciar la venta de gas licuado que la firma Repsol pactó con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por un monto de 21 mil millones de dólares, por el periodo de 2011 a 2016. La trasnacional compraba el combustible utilizado en las plantas de CFE a un costo de 6 mil 20 millones de dólares al Perú, para venderlo a la entonces paraestatal a un sobrecosto que le permitía ganar por la intermediación 15 mil millones de dólares.
En su mensaje de Chiapas, el mandatario señaló que desde 1992, la tecnocracia neoliberal comenzó a entregar concesiones del sector energético –tanto del petróleo como la electricidad– a empresas particulares, echando por la borda nuestra autosuficiencia, hasta llegar al punto de tener que comprar la mitad de la energía eléctrica que se consume en el país, a precios elevadísimos.
Las voces que insisten en descalificar el nuevo modelo político que se enfila a dar un golpe de timón en el modelo económico, guardan mutis cuando de hablar del rotundo fracaso de la política energética de los últimos gobiernos se trata, pues saben que no existen los argumentos válidos para defender el saqueo perpetrado tanto a Petróleos Mexicanos como a la CFE, y la ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro, que lanzó al desempleo a 44 mil agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas, en octubre de 2009, por la imposición de un decreto de extinción aplicado de forma autoritaria por el expresidente Felipe Calderón.
El informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2009, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), propina un serio revés a los amanuenses del neoliberalismo y da la razón al presidente López Obrador en el sentido de que los subsidios en la electricidad no son un beneficio para los consumidores sino para las empresas particulares, porque una cosa “es comprarles energía a precios de mercado” y otra hacerlo a “precios elevadísimos”.
De acuerdo con el análisis de la ASF, durante los gobiernos panistas de Fox y Calderón se otorgaron 772 permisos a productores independientes de energía, sobre todo a empresas trasnacionales, de tal suerte que en 2 sexenios se terminó por entregarles casi el 50 ciento de la generación de energía eléctrica del país, orillando a la CFE a la subutilización de su infraestructura para no obstaculizar su desarrollo y sus ganancias.
El asunto más delicado es que no sólo avalaron el desplazamiento de la Comisión Federal de Electricidad de la generación de energía, sino además decidieron comprársela a estas multinacionales que tan sólo en 2009 se embolsaron 269 mil millones de pesos por ese concepto. Es hora de que tanto los panistas como sus socios políticos del Partido Revolucionario Institucional y otros partidos comparsas expliquen al pueblo de México el por qué dieron luz verde a los contratos de compra de electricidad con 25 firmas extranjeras, signados hasta el año 2040 y que costarán al país 1.6 billones de pesos por energía que sencillamente pudieron generar la CFE y la extinta Luz y Fuerza del Centro, esta última a la que los gobiernos neoliberales no le permitieron crecer financieramente.
Ante este permitido robo a la nación, es imprescindible que la rectoría del sector energético retorne al Estado. No puede admitirse que los políticos en turno sean simples gerentes de las multinacionales que en 3 décadas dictaron los que se debía de hacer en México en materia de petróleo y electricidad.
El proceso de desmantelamiento, como subrayó el presidente, viene de tiempo atrás, pues no hay que olvidar que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Pemex fue atomizado en cuatro subsidiarias. Esto dejó en segundo término áreas vitales para el desarrollo del país, como la petroquímica y la refinación. También en ese periodo se dieron cambios a la Ley Federal del Servicio Público de Energía Eléctrica, para comenzar la apertura del sector a particulares.
Pero si en el sector eléctrico los tecnócratas quebraron a la CFE por los contratos leoninos con las trasnacionales, también Pemex resintió el saqueo a sus finanzas y la falta de inyección de recursos para su crecimiento, pues del billón de pesos que las administraciones de Fox y Calderón recabaron por los llamados excedentes petroleros –cuando el barril del petróleo superó los 100 dólares–, la entidad pública no recibió beneficio alguno. Esa cantidad se esfumó sin que hasta la fecha nadie se responsabilice de tal despilfarro y saqueo a los recursos de la nación.
El anunció de una auditoría técnico-administrativa a áreas de la CFE como la red de gasoductos permitirá conocer a detalle los estropicios cometidos a una empresa pública que, al igual que Petróleos Mexicanos, fue creada por el presidente Lázaro Cárdenas con un sentido nacionalista para fomentar el desarrollo del país y el bienestar del pueblo. Pero a consecuencia de las políticas neoliberales, ambas perdieron el rumbo y fueron desarticuladas para favorecer intereses particulares.
Recuperar ese sentido nacionalista conllevará a fortalecer al sector y permitirá a la población de todo el país adquirir gasolinas, gas doméstico y electricidad a precios más accesibles en el mediano plazo, favoreciendo la economía de millones de hogares y devolviéndole el sentido social a la política energética.
A ese llamado para trabajar en unidad a favor del país y del fortalecimiento del sector eléctrico se suma el Sindicato Mexicano de Electricistas y todos los miembros de su Cooperativa LF del Centro y Generadora Fénix. Es hora de que empiece a gestarse un verdadero cambio que devuelva a la nación su soberanía energética para apuntalar su desarrollo económico: la ruta trazada por el presidente Cárdenas y hoy retomada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
EU castiga a los venezolanos
En línea con el afán de Estados Unidos (EU) de derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de imponer en ese país un gobierno favorable a sus intereses, el Departamento del Tesoro del país vecino anunció ayer un nuevo paquete de sanciones contra la nación sudamericana. Entre las medidas económicas hostiles destacan diversas restricciones, prohibiciones y persecuciones comerciales y financieras contra 23 empresas venezolanas y siete personas físicas.
Poco después, el gobierno de Caracas presentó un recurso ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), y advirtió que tanto las restricciones comerciales como la prohibición de viajes a ciudadanos venezolanos incluidos en la lista negra de Washington son violatorias de las normas internacionales.
Más allá de tales señalamientos es claro que las represalias económicas y comerciales –que han sido por tradición uno de los instrumentos favoritos del intervencionismo estadunidense en el mundo–, suelen ser un mecanismo políticamente ineficaz, pero terriblemente lesivo para las poblaciones, las cuales acaban pagando las consecuencias en forma de penurias y caídas en sus niveles de vida y bienestar. El caso emblemático de esta consideración es el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace casi seis décadas: esa medida, universalmente condenada año con año en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha impedido, en efecto, el crecimento económico de la isla y se ha traducido en un sufrimiento indecible para su población, pero no ha logrado que los cubanos depusieran su determinación de vivir en un modelo político y económico distinto al que Washington pretendía imponerles.
En la circunstancia actual de Venezuela, es evidente que las restricciones a los intercambios internacionales de dos decenas de empresas de ese país incrementarán las carencias, el desempleo y los problemas internos del país sudamericano. Y es paradójico que tales sanciones hayan sido adoptadas bajo el paraguas propagandístico e ideológico que le dio a Washington la declaración emitida el viernes anterior por el Grupo de Lima –que honrosamente la representación mexicana se abstuvo de firmar– en la que se tachó de ilegítima la presidencia venezolana, habida cuenta que ese cónclave dice actuar movido por el propósito de ayudar a los venezolanos a superar la crisis política y económica que padecen.
El injerencismo de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía llegó al colmo de pedir que Maduro se abstuviera de tomar posesión mañana, cuando empieza su nuevo mandato.
Los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los ciudadanos de ese país en forma pacífica, mediante el diálogo y la negociación política. La imposición de sanciones comerciales y financieras, así como las agresiones diplomáticas de gobiernos extranjeros no sólo no contribuyen a ello, sino que dificultan el entendimiento entre los venezolanos.
