Tras la reunión que sostuvieron ayer en la sede de la cancillería peruana, los miembros del Grupo de Lima, compuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, emitieron una declaración con la finalidad central de desconocer la legitimidad del nuevo mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Además, el bloque integrado a instancias de Washington para impulsar el derrocamiento del régimen bolivariano urgió a la comunidad internacional a desconocer a Maduro, así como a negar cualquier ayuda financiera o militar a la nación caribeña, y exhortó a la Corte Penal Internacional para que acelere la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. México, pese a ser miembro fundador del grupo, marcó un viraje en su papel dentro del mismo al rechazar la firma de la declaración injerencista.
El encuentro supuso la primera prueba de envergadura para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el ámbito de la diplomacia latinoamericana. Cabe recordar que en el último tramo de su sexenio el ex presidente Enrique Peña Nieto y su canciller, Luis Videgaray Caso, emprendieron un asalto sin cuartel contra la tradición diplomática mexicana, basada en el principio de no intervención y en el irrestricto respeto ante los asuntos internos de los Estados. Si esta doctrina, que durante décadas brindó prestigio y reconocimiento a la diplomacia nacional, ya había sufrido duros y en ocasiones bochornosos golpes durante las administraciones federales panistas, el afán peñanietista de congraciarse con la Casa Blanca de Donald Trump llevó a la vergonzosa claudicación de la política exterior mexicana, lo cual amenazó con hacer del país un mero satélite de Washington.
Debe reconocerse que en una ocasión tan delicada y de tan trascendentales consecuencias el mandatario entrante instruyera al cuerpo diplomático, por conducto del subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, a que honrara su compromiso de campaña de recuperar lo mejor de la política exterior y frenase la abyección que la marcó en los recientes lustros. En este sentido, el rechazo a cualquier mecanismo que no privilegie el fomento de la paz y el diálogo entre los venezolanos es un ejemplo del papel que la comunidad internacional debe cumplir si desea involucrarse en la situación que atraviesa esta nación.En deplorable contraste, la postura de la casi totalidad de los países latinoamericanos muestra la preocupante hegemonía de regímenes de derecha y ultraderecha, caracterizados por sus vínculos directos –incluso de sangre– o su defensa abierta de las dictaduras militares que en la última mitad del siglo pasado asolaron a la región, por su agresiva defensa de los intereses oligárquicos y por su predisposición a someterse ante el poder estadunidense. En la coyuntura actual, la voluntad de dichos gobiernos para impulsar sin tapujos el golpismo contra uno de sus pares desnuda la miseria ética de las derechas e invalida cualquier pretensión de defensa de la democracia que pretendan arrogarse.
Proyecto universitario de alta prioridad
Enrique Calderón Alzati
México ha sido hasta ahora un país profundamente inequitativo, proceso que se agudizo en los pasados 36 años de gobiernos neoliberales. En menos de 200 municipios se concentran más de 90 por ciento de las inversiones en infraestructura, así como de la producción industrial y de servicios, mientras en el resto del territorio nacional la pobreza se hace visible para quienes la recorren de manera cotidiana, sin embargo dentro de esas regiones existen comunidades más pobres aún, en las que el ingreso medio de las familias no llega ni siquiera a los niveles del salario mínimo. A los municipios a los que pertenecen la mayor parte de esas comunidades, se les considera como ayuntamientos de alta marginación. Aunque éstos se encuentran en todo el país, principalmente en las sierras y zonas desérticas, la mayor parte corresponde a estados del sur y sureste, incluyendo a Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco.
¿Como rescatar a esos cabildos de la miseria ancestral en la que hasta ahora han vivido, sin esperanza alguna de poder mejorar en el futuro? La respuesta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado ha dado a este problema, se sustenta en la conformación de un conjunto de escuelas universitarias, que permitan a esas comunidades tener en algún tiempo la posibilidad de aprovechar los recursos naturales que existen en sus territorios, para elaborar productos con un nivel creciente de valor agregado, trátese de frutales que permitan fabricar conservas y jaleas, de ganado vacuno que haga posible la producción de una amplia variedad de quesos y otros productos lácteos, de madera que pueda ser tratada y utilizada para fabricar muebles, productos todos que al ser vendidos les generen recursos monetarios para mejorar las condiciones de vida de la región. Todo esto implica el desarrollo de un proceso educativo de nivel superior. En este contexto me llamó la atención el artículo publicado en la revista Proceso del 23 de diciembre, titulado Las 100 universidades, una política clientelar, escrito por el periodista José Gil Olmos, en el que relata una entrevista a un par de especialistas en materia educativa para quienes les resulta sospechoso que el nuevo gobierno ignore el gran problema educativo de la educación media superior de todo el país, generado por falta de escuelas. El comentario resulta insidioso al pretender comparar el proyecto con los nefastos programas clientelares de los anteriores gobiernos. ¿Por qué inferir desde ahora que el nuevo gobierno habrá de resultar igual a los anteriores, sin que exista una razón explicita para ello?
Si bien es cierto que en efecto el caso de la educación media superior es el principal problema educativo de nuestro país, existe un esfuerzo importante orientado a incrementar la oferta educativa de ese nivel, de manera que los mil millones de pesos que López Obrador pretende dedicar a este nuevo proyecto, afectarán poco a los esfuerzos educativos existentes, mientras que este si podría de cambiar el futuro de esas comunidades. La segunda especialista entrevistada por el periodista afirma que el proyecto parece una locura, en virtud de que los recursos asignados por el gobierno no van a alcanzar y que aún no existe una plantilla de profesores para todas esas universidades, ¿No es mucho exigir al proyecto de las 100 universidades el que desde ahora deba contar con una plantilla de maestros y de investigadores, tan solo 22 días después del inicio del actual gobierno? No recuerdo que la susodicha investigadora ahora entrevistada, haya mencionado en algún momento que el nuevo modelo educativo presentado por Aurelio Nuño, en el quinto año del gobierno de Peña Nieto fuese una locura, después de haber sometido a las evaluaciones punitivas a varios miles de maestros, sin conocer primero las innovaciones pedagógicas que se pretendían implantar.
De acuerdo con el artículo, Raquel Sosa, coordinadora del proyecto, ha expresado que existen ofrecimientos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y de otras instituciones educativas, de apoyo para la atención a estudiantes de estas escuelas, así como en la elaboración de programas de estudio y materiales educativos, lo cual manifiesta la existencia de posibilidades que, para la investigadora mencionada carecen de importancia o de seriedad. En las entrevistas realizadas por el periodista de Proceso, la conclusión a la que llegan los entrevistados es que el proyecto de las universidades es sólo un proyecto clientelar y de manera particular la doctora Maldonado termina diciéndole al entrevistador Si esto lo hubiera propuesto el PAN o el PRI, imagínate lo que la gente diría; sería un escándalo. En ello estoy totalmente de acuerdo, pero ello no sucedería por la propuesta misma, sino por la larga historia de corrupción y de clientelismo que ha caracterizado a ambos partidos, mientras han tenido el poder. Al hacer dicha afirmación el objetivo de la autora, finalmente, es enviar un mensaje a los lectores de Proceso de que los tres partidos son lo mismo, sin ofrecer prueba alguna para tal afirmación.
Vale la pena preguntarnos porqué Gil Olmos decidió entrevistar a estos dos investigadores, con pensamientos tan parecidos, cuando seguramente existen muchos otros especialistas en el Cinvestav, en la UNAM y en las demás instituciones mencionadas en el artículo, con visiones totalmente diferentes; digo esto porque la revista Proceso se ha caracterizado y ha sido reconocida a lo largo de su larga historia como un organismo imparcial, mientras que este artículo deja una clara impresión de parcialidad en donde el autor da un mensaje puesto en la boca de otros personajes, con objeto de aparecer como alguien ajeno a las posiciones políticas de ellos.
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