En su Evaluación Estratégica de la Política Nacional de Cambio Climático, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) señaló que la política en la materia debe ser transversal, pues hasta ahora no ha permeado de manera uniforme en los distintos sectores económicos ni en los mecanismos de planeación de las dependencias. Asimismo, se presentan marcadas diferencias entre los niveles administrativos, pues mientras a escala federal hay avances en la información pública gubernamental disponible, el acceso a ésta es complejo en las entidades federativas y resulta prácticamente inexistente en el ámbito municipal.
Además de esta falta de transversalidad, debe recordarse que el marco normativo actual, impulsado por los gobiernos del ciclo neoliberal, no sólo adolece de insuficiencias sino que se basa en una visión corporativa del combate al cambio climático, en la cual se privilegian la inversión y las ganancias privadas. Así ocurrió, por ejemplo, con la emisión de bonos verdes y del bono de carbono emitidos por los ex jefes de Gobierno de la capital Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva, y de manera muy significativa con el impulso a los parques eólicos y las granjas solares por las dos pasadas administraciones federales. En estos últimos casos, para colmo, el crecimiento de las llamadas energías limpias se desplegó con frecuencia en contra de los deseos de comunidades cuyas tierras fueron requisadas para la instalación de los proyectos, y como parte del programa de desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante la entrega a privados de todo nuevo desarrollo.
Por otra parte, sin negar en modo alguno el deber de México a reducir su impacto en el ambiente planetario ni la urgencia de actuar al respecto, los compromisos contraídos –reducir 22 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, entre otros– parecen cargar al país de obligaciones que rebasan sus posibilidades y se antojan desproporcionadas de acuerdo con la parte de responsabilidad que le corresponde. En efecto, México contribuye con apenas alrededor de 1.3 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono (el cual supone 80 por ciento de los gases de efecto invernadero, GEI), y se encuentra igualmente lejos de los mayores contaminantes per cápita, con 3.9 toneladas métricas anuales por habitante, frente a las 45 de Catar o las 16.5 de Estados Unidos, por aportar dos ejemplos contrastantes.
En un escenario en que China y Estados Unidos producen por sí mismos 40 por ciento de las emisiones globales, resulta claro que cualquier esfuerzo emprendido desde nuestro país está condenado a ser estéril, máxime cuando el segundo mayor emisor se encuentra gobernado por un individuo, Donald Trump, que niega la existencia misma del cambio climático y ha retirado a su país de todos los acuerdos internacionales con que se busca atajar la catástrofe.
De manera adicional, existe una distorsión en cuanto a la distribución de las responsabilidades a nivel intra e internacional: mientras todo tipo de organismos apelan al cambio de patrones de consumo individual, los datos muestran que el grueso de las afectaciones al medio ambiente provienen de gigantescos actores corporativos: como indica el conocido reporte del Instituto de Responsabilidad Climática de 2017, sólo 100 compañías son responsables de 70 por ciento de los GEI emitidos desde 1988.
En suma, no se pone en duda la necesidad de elaborar una política de Estado que incorpore a entidades y municipios, al sistema educativo en su conjunto y a todos los actores sociales y privados, pero tal estrategia nacional hará poco o muy poco por mitigar los efectos de un desafío que por su naturaleza es global, y en el que el papel más significativo que puede desempeñar México se encuentra en los foros internacionales y no dentro de sus fronteras.
Penultimátum
Juan Carlos I: escándalos y retiro de la vida pública
Nació en Roma, en 1938, y al cumplir 10 años Francisco Franco lo mandó traer a Madrid para educarlo adecuadamente y convertirlo en el continuador de su obra. Bajo la estricta vigilancia del ‘‘Caudillo por la gracia de Dios’’, y seguir el consejo de su padre de ‘‘tú oye y calla’’, el dictador lo nombró su sucesor y nuevo rey de España en 1969. Prometió a su mentor ser fiel a los principios del alzamiento fascista que en 1936 acabó con el gobierno legítimo.
Muerto el sátrapa en 1975, comprendió que España había cambiado y los aires libertarios soplaban por todos lados. Que no debía ir a contracorriente de una sociedad urgida de salir de casi 40 años de oscurantismo, intolerancia, atraso. Hubo entonces elecciones libres y, con ellas, la democracia. La Iglesia siguió intocable. Un alzamiento militar de poca monta contra las instituciones en 1981, despertaron hacia Juan Carlos I muchas simpatías. Era un estadista.
Y desde entonces a gozar su reinado y liderar la segunda conquista de América, la de las trasnacionales ibéricas: bancos, hoteles, telefónicas, constructoras corruptas, como OHL.
El monarca se creyó intocable, sin guardar por tanto los principios de su alta investidura. Se desatendió de la corrupción del partido de los ex presidentes Aznar y Rajoy, de altos funcionarios y sus amigos empresarios. Pronto se supo de su enriquecimiento inexplicable vía, por ejemplo, contratos con los sátrapas de Arabia Saudita.
Luego, la caza de elefantes en África, donde tuvo un grave accidente; sus amoríos extramaritales a plena luz del día. Y los negocios fraudulentos de su hija Cristina y su marido.
No entendió los nuevos tiempos y que ya no podía hacer de las suyas sin que la sociedad española reaccionara.
En 2014 tuvo que dejarle el trono a su hijo en medio de escándalos. Y siguió protagónico. Recientemente anunció su retiro total de la vida pública.
A sus íntimos les pregunta cómo lo juzgará la historia. Ya lo hizo: lo aplauden los barones del dinero y en las plazas de toros.
