El Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, que se conmemoró ayer, dio lugar a la presentación de las preocupantes cifras que esta problemática alcanza en México: según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 3.2 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad se encuentran trabajando, y en entidades como Nayarit o Zacatecas esta situación alcanza a casi uno de cada cinco menores en ese rango de edad. Por su parte, la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes sostiene que 90 por ciento de los menores que trabajan lo hacen en actividades no permitidas, 40 por ciento de ellos no asisten a la escuela, y 30 por ciento de las niñas que realizan labores domésticas lo hacen en condiciones inadecuadas.
No se trata de un fenómeno privativo de nuestro país: según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 152 millones de niños trabajan en todo el mundo, y casi la mitad de ellos lo hace en condiciones peligrosas o de explotación. En particular, en amplias regiones de África, Asia y América Latina los niños y adolescentes han representado un importante filón para el mercado laboral, el cual recurre a su fuerza de trabajo porque es más barata y se encuentra en mayor desprotección legal que la que enfrentan los adultos.
Por otra parte, si es cierto que algunos de los menores manifiestan realizar actividades laborales por gusto, como puede ser el caso de los alumnos de bachillerato que desean contar con ingresos extras, no puede perderse de vista que el grueso de este fenómeno tiene su origen en la pobreza y la miseria que orillan a las familias a emplear a sus miembros más jóvenes, así como en las diversas formas de violencia intrafamiliar que obligan a los menores a ganarse la vida por su cuenta.
Ante este panorama, la implementación del Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez –el cual canaliza recursos federales a todos los niños y adolescentes del país que se encuentren inscritos en escuelas públicas de los niveles prescolar a medio superior– constituye un hecho sin duda positivo, en la medida en que puede contribuir a que los menores continúen sus estudios y no se vean forzados a trabajar por motivos económicos.
Sin embargo, es claro que este programa no basta, por sí solo, para sacar del mercado laboral a todos los niños que se encuentran en él y que debe ir acompañado por políticas mucho más severas para impedir el trabajo infantil o cuando menos acotarlo a su mínima expresión, de tal manera que no afecte las oportunidades de crecimiento y desarrollo de los menores. Más allá de los subsidios del Estado, la sociedad les debe a niños, niñas y adolescentes una política amplia que garantice que sus vidas transcurran en ambientes seguros, entre el estudio y el juego, y no en trabajos que interrumpan su infancia o, peor, en entornos en los que corren el riesgo de ser cooptados por la criminalidad organizada.
La semana mexicana en Washington
Jorge Eduardo Navarrete
Transcurridas cerca de cuatro décadas desde el inolvidable ‘Mexican week-end’ en Washington (agosto 1982) –punto de partida convencional de la crisis de la deuda externa y los decenios perdidos de América Latina y otras regiones en desarrollo– sucedió allí mismo la ‘semana mexicana’, que quizá será recordada como el momento que marca tanto la renuncia de Estados Unidos a seguir las reglas del sistema abierto y multilateral de comercio, regido no sin dificultades y retrocesos por la OMC, cuanto su preferencia por episodios de negociación, forzados por amenazas extremas de restricción comercial, a fin de alcanzar concesiones deconectadas del comercio internacional, al menos en apariencia.
“El presidente de Estados Unidos adopta decisiones comerciales en total violación de las reglas de la OMC. Tal es el caso de los aranceles mexicanos. La noción de que puede imponerse un arancel porque muchas personas cruzan la frontera está tan alejada de la letra y espíritu del acuerdo de la OMC, que me lleva a calificarla como una acción de ‘toma de rehenes’”. Fue esta la reacción inicial, del antiguo director general de la OMC y comisionado comercial de la Unión Europea, Pascal Lamy (Reuters, 8/06/19). Diferida la primera, persiste el riesgo de nuevas amenazas en el futuro. Así lo subrayó el secretario del Tesoro, en entrevista con la CNBC: “Estoy convencido de que ellos [los mexicanos] cumplirán sus compromisos… Si por cualquier razón no lo hacen, el presidente se reserva el derecho de establecer los aranceles.” ( The Guardian, 09/06/19.)
Los párrafos sobre asilo de la declaración conjunta de 7 de junio señalan, inter alia, que Estados Unidos: a) retornará con rapidez a México a quienes crucen su frontera sur en solicitud de asilo para que esperen ahí la resolución de su caso, y b) tratará de acelerar el trámite de esas solicitudes y de concluir los procedimientos de expulsión (removal) de la forma más expedita posible. Por su parte, por razones humanitarias, México autorizará la entrada de todos esos individuos y les ofrecerá ocupación, atención de salud y educación. (Se traduce del texto difundido por el Departamento de Estado.)
Es incierto el tiempo que los solicitantes de asilo en EU deberán esperar en México la decisión sobre sus peticiones. Ahora, más que en días o semanas, como solía ser el caso, se le mide en meses o incluso años. Habrá que evaluar el cumplimiento del compromiso de acortarlo asumido por EU, quizá en un plazo tan perentorio como el señalado para medir la eficacia de las medidas orientadas a reducir los flujos migratorios. También es incierto el número de individuos que se acogerá a este procedimiento en, por ejemplo, los próximos 90 días o en la segunda mitad del año. Las cifras que manejan distintas fuentes, incluso fuentes oficiales de los dos países, son muy dispares: desde algunas decenas de millares hasta centenas de millares. Es muy difícil estimar con algún grado de precisión la magnitud del desafío que supondrá recibirlos para que aguarden en territorio mexicano el desahogo de sus solicitudes. Hay certeza, en cambio, de que supone un costo considerable. El 30 de mayo, al anunciar sus acciones contra México, Trump, se quejó de una situación profundamente injusta para el causante estadunidense, que soporta el enorme costo financiero de la migración ilegal en gran escala (www.whitehouse.gov).
En el comunicado conjunto también se destaca que México adoptará medidas sin precedente para atajar la migración irregular y acciones decisivas para desmantelar las organizaciones de contrabando y trata de personas, así como sus redes financieras y de transporte ilícitas.
Un manejo multilateral –como el que se ha sugerido en este espacio: Frontera: enfoque multilateral, 04/04/19, y Frontera: enfoque multilateral, otra vez, 05/05/19–, permitiría una mejor gestión de la compleja implementación de los entendimientos bilaterales alcanzados en la semana mexicana en Washington. El 10 de junio, el secretario de Relaciones Exteriores señaló la posibilidad de un sistema de distribución de responsabilidad sobre asilo, regional (con presencia de Guatemala, Panamá, Brasil) y con participación de la ACNUR (www.gob.mx/presidencia). Se abre una vía que debe explorarse a fondo –con más países, incluyendo desde luego a Canadá, otros de América Latina y varios de Europa y el Lejano Oriente–, y con otros organismos multilaterales, dentro y fuera de la ONU.
En declaraciones a la prensa el 10 de junio, el secretario de Estado aludió también a la dimensión multilateral, pero en términos negativos. “EU no comprometió recursos adicionales… No ofreció recursos adicionales de asistencia al gobierno mexicano… ni tampoco a Centroamérica. Estas naciones tienen la responsabilidad de hacerse cargo de los problemas migratorios en su propio país” (https://www.state.gov/remarks-to-the-press-17/).
Sólo una cooperación multilateral decidida permitirá superar la miopía, estrechez de miras y aislacionismo del gobierno de Washington.
