De acuerdo con asesores del Congreso de Estados Unidos, el gobierno de ese país anunció la reprogramación permanente de 370 millones de dólares de ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras, luego de la más reciente andanada del presidente Donald Trump contra esos países, porque no han impedido que miles de sus ciudadanos busquen asilo en territorio estadunidense desde el lado mexicano de la frontera común.
Los fondos en cuestión corresponden a partidas del presupuesto del año fiscal 2018, más otros 190 millones adicionales que habían sido ya aprobados para el año fiscal siguiente. Para la superpotencia representan sumas insignificantes, pero su reasignación es un golpe a las economías de las naciones afectadas por la medida.
Desde la perspectiva del asunto migratorio, salta a la vista la total falta de lógica de este más reciente exabrupto del magnate neoyorquino: el castigo económico a países que son origen de flujos migratorios se traducirá obligadamente en desempeño económico más insatisfactorio, menos empleos y, por ende, más migración.
Se reafirma de esta manera la certeza de que la hostilidad manifiesta de Trump hacia las naciones situadas al sur del río Bravo –empezando por la nuestra– no tiene como propósito central frenar la llegada de migrantes a la suya, sino realizar exhibiciones de fuerza y alardes de prepotencia de cara a su electorado y ante un escenario político interior que se le ha ido complicando en los dos años y medio de su mandato, hasta el punto de que el término impeachment (equivalente a juicio político) se ha vuelto de uso frecuente en Washington, por más que la dirigencia de la oposición demócrata no tenga intenciones de llegar hasta ese punto.
Lo más preocupante del gesto comentado es que reafirma la tendencia del presidente estadunidense de romper la letra y el espíritu de los acuerdos cuando aún no se ha secado la tinta de su propia firma.
En efecto, el pasado 7 de junio se firmó un convenio entre Estados Unidos y México en el que se estableció la necesidad de impulsar medidas de desarrollo y bienestar en las zonas expulsoras de mano de obra como una estrategia para disminuir el flujo migratorio y en apenas 10 días, Trump se deslinda de ese propósito con su determinación de quitar la ayuda a los tres países centroamericanos referidos.
De paso, esta nueva embestida introduce la ominosa exigencia a los gobiernos afectados de que se conviertan en carceleros de su propia población y le impidan la salida de los respectivos territorios, lo que plantea una presión inequívoca para la adopción de políticas autoritarias y contrarias a los derechos humanos.
Para México, la advertencia es clara: Trump puede firmar cualquier cosa y negarse a cumplirla al día siguiente.
Dicho en otros términos, el presidente del país vecino no va a detenerse con la firma de acuerdos; los romperá cada vez que necesite hacerlo en beneficio de sus propios intereses políticos y electorales, y ello coloca a nuestro país ante la necesidad de imaginar una estrategia sumamente compleja para hacer frente a un interlocutor en el que no se puede tener ninguna confianza.
Desde el otro lado
México, una distracción necesaria
Arturo Balderas Rodríguez
La población indocumentada que vive en Estados Unidos creció de 3.5 millones en 1990 a 12.2 millones en 2007. A partir de entonces, ha declinado hasta llegar 10.5 millones, en 2017. Es información de un estudio realizado por la organización independiente PEW, con datos de la oficina del censo de ese país. En él se estima que en 2007, de ese total, 6.7 millones –57 por ciento– eran mexicanos. Para 2017 los connacionales bajaron a 4.9 millones, equivalente a 47 por ciento. También se estima que del total de la población indocumentada la que proviene de Asia y de Centroamérica, particularmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, es la que ha crecido.
El estudio puede tener varias lecturas, según quién y cómo las interprete. Pero, en términos generales, se advierte que en la disminución de la migración se combinan varios factores, entre ellos, las autoridades migratorias, en especial la patrulla fronteriza, que ha encontrado la forma para detener a un mayor número de personas que intentan cruzar sin documentos; los peligros cada vez mayores que la travesía involucra; los empleos en que solían trabajar los indocumentados, en particular en el campo, se han reducido.
La lectura que, para efectos prácticos, pudiera ser más relevante es la que hace el presidente de Estados Unidos y que utiliza para agredir a los mexicanos, así como al gobierno de México cuando la ocasión lo amerita. A partir de los resultados, a Trump le será más difícil culparlos de usurpar los empleos de los trabajadores estadunidenses, aparte de que eso siempre haya sido falso. Por ello, tendrá que sacar nuevos pretextos para distraer la atención de sus problemas reales, como las investigaciones sobre su posible colusión con los rusos en las elecciones de 2016 y sus intentos de obstruir las investigaciones. Fue, ni más ni menos, su coartada cuando se sacó de la manga la idea de incrementar los aranceles a los productos mexicanos para castigar a México por no detener el paso de centroamericanos en su camino a Estados Unidos.
Trump usará a los mexicanos tantas veces como le sea necesario como recurso de distracción, y en última instancia, para relegirse. El reto para el gobierno mexicano será cómo y cuándo responder, sin poner en riesgo la intensa relación entre mexicanos y estadunidenses, al margen de las siniestras intenciones del huésped de la Casa Blanca.
