Los ciudadanos mexicanos son conscientes de una realidad atroz: si llegan a ser víctimas de un delito, las posibilidades de obtener justicia son prácticamente nulas. Las cifras resultan demoledoras: ni siquiera uno de cada 100 delitos recibe un castigo, pues sólo se denuncian cinco de cada 100, y de ellos sólo 12 por ciento llega a una resolución favorable al denunciante. Con un índice de impunidad nacional de 99.3 por ciento, hay algunas entidades donde el panorama es aún más desolador; en el estado de México, de 202 mil carpetas de investigación abiertas en 2017, sólo 0.59 terminó en sentencia.
Hasta cierto punto, la situación puede atribuirse al déficit crónico que experimentan las diversas instancias del sistema de justicia (policías, ministerios públicos, tribunales). Por ejemplo, mientras que la media mundial es de 16 jueces o magistrados por cada 100 mil habitantes, en México apenas se cuenta con 3.59; asimismo, se estima que hacen falta 120 mil policías estatales debidamente capacitados para cubrir las necesidades en la materia. En el caso del Poder Judicial, el déficit llama la atención habida cuenta de los ingentes recursos asignados a este rubro por la administración federal anterior: entre 2013 y 2018 su presupuesto pasó de 46 mil a 71 mil millones de pesos anuales, un incremento de 54 por ciento.
Pero las carencias materiales y humanas no bastan para explicar los pobres resultados del conjunto del sistema de impartición de justicia. En efecto, no poco del deterioro que experimenta la persecución y sanción de los delitos ha de atribuirse a la ineptitud, la indolencia, la insensibilidad y la cada vez más difícil de ocultar corrupción de amplios sectores dentro de las corporaciones policiacas, los ministerios públicos y los juzgados. La lista de atropellos a la justicia perpetrados por los primeros responsables de garantizar el cumplimiento de las leyes resultaría interminable, pero puede ilustrarse a través de dos casos emblemáticos. En primer lugar, la agraviante conducción de las indagatorias en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Esta tragedia, quizás el más notorio episodio de violación de los derechos humanos en nuestros país durante la década pasada, se convirtió durante el sexenio anterior en un lamentable ejemplo de desaseo institucional, y sigue agraviando a los familiares de las víctimas por las liberaciones de detenidos dictaminadas por jueces. Por su parte, la conducta de los juzgadores que han conocido el caso de pederastia agravada en contra de la menor Daphne Fernández –violada de manera tumultuaria en 2015 por cuatro jóvenes pertenecientes a familias adineradas de Veracruz– se convirtió en un signo tanto de la insensibilidad de los impartidores de justicia, como del poder de los sectores pudientes para delinquir impunemente.
El asesinato de Abril Cecilia Pérez Sagaón, perpetrado el lunes 25, volvió a poner en el centro del debate público la inoperancia del sistema de procuración de justicia, y levantó una justa indignación social que debería constituir el inaplazable punto de inflexión para un saneamiento profundo del aparato de procuración de justicia con la finalidad de cortar de raíz la impunidad de los agresores y la revictimización de los afectados.
Alerta de género para la Ciudad de México
Miguel Concha
Es innegable que hoy nuestro país está permeado por un contexto de violencia generalizada. Sin embargo, es fundamental reconocer las violencias e impactos diferenciados en la sociedad. Por lo que la violencia contra las mujeres debe nombrarse, reconocerse y atenderse con sus particularidades y necesidades. El pasado 25 de noviembre miles de mujeres en todo el mundo salieron a las calles a manifestarse, exigiendo la erradicación de las violencias en su contra: el cese de feminicidios, de violaciones sexuales, de desaparición de mujeres y niñas, y de cualquier otro tipo de agresión.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), de enero a octubre de 2019 ocurrieron en México 833 asesinatos de mujeres clasificados como feminicidio, y el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas contó 9 mil 522 mujeres y niñas sin localizar al corte de abril pasado.
La Ciudad de México no es la excepción; el Sesnsp registró 50 víctimas de feminicidio de enero a finales de noviembre de este año. En este contexto, se hace urgente que las autoridades capitalinas atiendan esta problemática de manera contundente. Apenas este 21de noviembre la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo , dio a conocer la emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la Ciudad de México, la cual entró en vigor el 25 de noviembre, mediante su publicación en la Gaceta Oficial, cuyo acto saludamos y reconocemos. La AVGM, mecanismo estipulado en la ley local y federal, está relacionada con el derecho de las mujeres a acceder a una vida li-bre de violencia y pretende la realización de acciones de gobierno urgentes para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en una determinada entidad.
La reciente declaratoria de la capital se basa en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y se emitió a solicitud de la Secretaría de las Mujeres. Para el seguimiento de su implementación,la declaratoria contempla la participación de seis organizaciones de la sociedad civil (OSC), y entre las 11 medidas para su puesta en marcha sobresale la atención a la violencia sexual. No obstante, es necesario recordar que desde el 7 de septiembre de 2017 las organizaciones Justicia Pro Persona AC y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC solicitaron la AVGM para la Ciudad de México ante instancias federales, con base en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Dicha solicitud no sólo denuncia la grave situación de la violencia feminicida y las deficiencias en el sistema de procuración e impartición de justicia, sino que muestra diversas áreas de oportunidad.
De este procedimiento se derivó la constitución de un grupo de trabajo encargado de atender lo relacionado con la solicitud, el cual, mediante entrevistas con grupos de víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida, organizaciones acompañantes y defensoras de los derechos de las mujeres, así como visitas in situ a las instituciones, entre otras metodologías, realizó un informe que dio cuenta de la situación de la violencia feminicida en la capital del país, y en el que determinó 20 medidas y seis acciones urgentes, cada una con sus respectivos indicadores de cumplimiento, que el gobierno de la ciudad tendría que cumplir en un lapso de seis meses.
Casi con dos años de retraso, el 7 de junio de 2019, y considerando sólo 13 acciones que la nueva administración había emprendido, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), no encontró elementos suficientes para declarar la AVGM en la capital, y de manera sorprendente estableció 17 medidas a evaluar nuevamente en un plazo de seis meses; el plazo está a punto de cumplirse. Frente a esta resolución, las organizaciones peticionarias interpusieron un amparo que fue resuelto a su favor, por lo que, a su vez, la Conavim interpuso ante el Poder Judicial un recurso de revisión, pendiente aún de resolverse. Es importante reconocer que por lo menos desde 2017, aún con el gobierno anterior, las víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida, en conjunto con las OSC, han hecho un ejercicio de visibilización y denuncia del aumento de esta violencia, que propició la emisión de medidas y procedimientos para enfrentarla.
Asimismo, es necesario aclarar que la situación de las declaratorias de alerta de género para la Ciudad de México de-vela una revisión del mecanismo que establece la ley, con el ánimo de perfeccionar, fortalecer y aumentar las capacidades de esta herramienta, usada por víctimas y organizaciones para hacer frente a la violencia feminicida. En este sentido, vale decir que la AVGM es importante, no como un fin en sí misma, sino como un medio para la erradicación de la violencia feminicida. Por lo que la capital se encuentra nuevamente ante una oportunidad para que todas las mujeres que habitan y transitan por ella puedan vivir una vida libre de violencia.
