Durante su conferencia de prensa matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno accedió a la solicitud de ejercer como mediador en el conflicto que enfrenta a los consorcios Televisa y Grupo Alemán. De acuerdo con el mandatario, las gestiones que lleve a cabo su administración buscarán que el diferendo se resuelva por la vía de la conciliación y que se evite llegar a tribunales, bajo la premisa de que ambas empresas se mantengan como fuentes de empleo.
Cabe recordar que las compañías fundadas por las familias Azcárraga y Alemán, respectivamente, se encuentran enfrentadas a raíz de la fallida compra de un paquete de acciones de la cadena Radiópolis. En julio de este año, Corporativo Coral, propiedad de Miguel Alemán Magnani, anunció que adquiriría 50 por ciento de Radiópolis, que está en poder de Televisa, por mil 248 millones de pesos, más un dividendo de 200 millones, pero debido a una supuesta falta de financiamiento incumplió tanto con el pago inicial como con dos plazos para cerrar la compra definitiva. Televisa argumenta que dicha situación la obligó a presentar varias demandas, tanto para el cumplimiento de los contratos firmados como para el pago de las sanciones procedentes.
En este contexto, el ofrecimiento del titular del Ejecutivo federal para mediar en el diferendo es una decisión saludable que puede contribuir a destrabar un conflicto interempresarial en el que de entrada se entiende que ninguna parte habrá de erigirse en ganadora absoluta y que incluso podría desembocar en un escenario de graves pérdidas para alguna de ellas o para ambas.
Además de su eventual aporte a la resolución del desacuerdo entre particulares, parece positivo que el jefe de Estado retome su función como árbitro en los grandes conflictos nacionales, como sin duda lo es el presente por las dimensiones de los actores involucrados y su peso en el conjunto de la economía nacional.
Por último, no está de más recalcar que esta función de arbitraje se ejerce a petición de los interesados y que, por tanto, no sólo no vulnera la libertad de la iniciativa privada para conducir sus asuntos en sus propios términos, sino que incluso supone una muestra de confianza de importantes integrantes de la comunidad empresarial en la imparcialidad y la buena voluntad presidencial.
Cabe desear, finalmente, que las diferencias entre Televisa y el consorcio dueño de la aerolínea Interjet se resuelvan en los mejores términos posibles y que el papel del Ejecutivo siente un precedente de las bondades del diálogo en éste como en otros ámbitos.
Cien años de la OIT y el futuro del trabajo
Napoleón Gómez Urrutia
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) llegó a su primer centenario de existencia y con ese motivo en su sede, de Ginebra, Suiza, en mayo pasado, se adoptó un convenio cuya finalidad es combatir y erradicar la violencia y el acoso existente en el mundo del trabajo, y de igual forma una declaración que sienta las bases para forjar un futuro laboral centrado en el beneficio del ser humano. La meta es que el mundo laboral construya un ambiente permanente de apoyo al trabajador o trabajadora y vea porque sus condiciones laborales sean dignas.
La OIT llega a esta fecha en un mundo de trabajo totalmente distinto al que motivó su surgimiento, derivado de los cambios radicales que éste ha sufrido, las innovaciones tecnológicas, el crecimiento demográfico, las afectaciones medioambientales y el cambio climático, lo mismo que, en medida más eminente, la globalización y las profundas desigualdades existentes, que permanentemente han acarreado perjuicios para las trabajadoras y trabajadores. Todas estas condiciones tienen consecuencias directas en el desarrollo económico de las sociedades y por lo mismo en el destino y condiciones de las personas que laboran y, principalmente, en su dignidad como individuos.
En este sentido, resulta determinante que el Estado mexicano y nosotros como legisladores desde nuestra palestra parlamentaria, actuemos en lo inmediato para construir los instrumentos necesarios que permitan aprovechar de mejor forma las oportunidades y beneficios que surgen en el contexto actual. Se trata de afrontar la problemática y los retos que puedan emanar de estas nuevas situaciones, y todo con un objetivo: establecer un futuro del trabajo basado en la justicia, la igualdad, la inclusión y la seguridad, de tal forma que todo ello derive en un trabajo decente y productivo.
El futuro del trabajo, como noción no académica sino totalmente social, debe ser visto como un factor fundamental para generar un desarrollo sostenible e integral, que reduzca en definitiva la pobreza y garantice de forma real a todas las personas trabajadoras condiciones de crecimiento e igualdad económica en sus actividades laborales, sin distinciones de sexo.
Es una necesidad que el Estado mexicano siga avanzando de forma conjunta con la OIT para consolidar los fines y aspiraciones de la Constitución federal de nuestro país y de los documentos de dicho organismo internacional, entre los cuales se encuentra principalmente el objetivo de lograr la justicia social, no como meta a largo plazo, sino para alcanzarse en el futuro inmediato.
Esto implica que el futuro del trabajo se debe enfocar en las personas, esto es, en sus derechos humanos laborales, y en solventar sus necesidades elementales, ya que sin duda en la actualidad uno de los principales retos es asegurar una transición justa a un futuro de trabajo que contemple el desarrollo integral de las personas que trabajan.
No está de más señalar que es menester analizar en su totalidad y adecuadamente los avances tecnológicos y científicos con el propósito de incrementar la productividad de los proyectos de vida de las personas que laboran.
Otros retos que el futuro del trabajo nos presenta, los cuales deberán ser atendidos de forma correcta y eficaz, son los siguientes:
Uno. Integrar de forma efectiva a los jóvenes en el mundo del trabajo.
Dos. Crear instrumentos y medios necesarios que posibiliten a las trabajadoras y a los trabajadores tener las oportunidades de laborar en condiciones buenas, productivas y saludables hasta su jubilación y permitir con ello un envejecimiento activo.
Tres. Garantizar los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras como factores esenciales para alcanzar un pleno desarrollo integral sostenible e inclusivo, lo cual implica observar el cumplimiento de la libertad de asociación sindical, así como el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, en tanto que son derechos sustanciales.
En tal sentido, se debe propiciar la igualdad de género en los centros de trabajo, estableciendo mecanismos de supervisión con los cuales se evalúen los progresos alcanzados, ya que la finalidad es reducir la brecha laboral entre hombres y mujeres, que tanto afectan el crecimiento laboral colectivo.
Nuestro quehacer legislativo, dije en el foro organizado esta semana en el Senado de la República para conmemorar los 100 años de la OIT, debe enfocarse en elaborar normas bajo la perspectiva de derechos humanos, como lo establecen el artículo 1º de la Constitución federal que nos rige y los tratados internacionales que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad.
De igual forma, se debe tomar como parámetro el trabajo decente, ya que este resulta clave para el desarrollo sustentable e integral de las personas en su proyecto de vida, pues está orientado a reducir la desigualdad de ingresos y erradicar los salarios precarios y, con ello, la pobreza.
México debe entrar a la dinámica internacional dispuesta por la OIT en cuanto a favorecer las condiciones económicas y sociales de los trabajadores, a través de la protección efectiva de sus derechos laborales, ya que sólo así se podrá asegurar un crecimiento económico equitativo y proporcional.
Los documentos recientemente emitidos por la OIT refuerzan la idea de promover los beneficios que trae consigo la transformación del mundo del trabajo, en todos sus aspectos, tanto sociales como económicos e institucionales, ya que por esa vía se posibilita a las personas que trabajan un desarrollo sustentable, integral e inclusivo y se refuerza su lucha por la justicia social y la defensa de sus derechos e intereses.
