El primer aniversario de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que se cumplió ayer, hace pertinente intentar una apretada síntesis de lo que ha significado hasta ahora el gobierno de la Cuarta Transformación. Por principio de cuentas, debe reconocerse que el propósito de cambio nacional que formuló el político tabasqueño en sus tres campañas presidenciales no ha sido una promesa vacía: en los últimos 12 meses el poder público ha experimentado una reconfiguración sin precedente, marcada en gran medida por el combate a la corrupción y una austeridad en ocasiones extrema.
Ha habido una reorientación presupuestaria general con un claro sentido redistributivo; la llamada reforma educativa del sexenio anterior fue revertida, la política energética ha experimentado un claro viraje del entreguismo y el desmantelamiento al fortalecimiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad; la política exterior ha sido reconducida del extravío en que fue colocada por los gobiernos del ciclo neoliberal a una recuperación de los principios históricos que guiaron la diplomacia mexicana y que la colocaron como ejemplo y punto de referencia en el mundo. Por añadidura, el gobierno federal ha cumplido en este primer año su compromiso de no aplicar medidas represivas contra movimientos sociales y los ha escuchado como no lo había hecho ninguna Presidencia en el último medio siglo.
En contraparte, la actual administración no ha logrado hacer realidad su promesa de llevar la economía nacional a un crecimiento de 4 por ciento; por el contrario, en el año que está por terminar el producto interno bruto terminará, si no en retroceso, al menos en una clara situación de estancamiento.
Pero el déficit más preocupante del actual gobierno ha sido su incapacidad para frenar la inseguridad y la violencia delictiva, fenómenos con certeza generados en sexenios anteriores, pero no por eso menos exasperantes para la sociedad.
Hasta ahora, la apuesta lopezobradorista de combatir la criminalidad en sus raíces –la pobreza, el desempleo, la marginación, el deterioro de los sistemas educativo y de salud, entre otras– no se ha traducido en una disminución perceptible de los índices delictivos; en cambio, el abandono de las estrategias oficiales belicistas y violentas ha dejado ver en toda su crudeza el enorme poder que las organizaciones criminales acumularon en los 12 años anteriores, y no parece haber a la vista una propuesta para hacer frente a corto plazo a ese alarmante fenómeno.
No debe desconocerse que las transformaciones emprendidas desde la Presidencia cuentan con un respaldo social acaso sin precedente desde el sexenio de Lázaro Cárdenas, como pudo constatarse ayer en el Zócalo, donde López Obrador rindió el tercero de sus informes no institucionales ante decenas de miles de seguidores.
Pero no ha de soslayarse tampoco que el proceso de cambio ha generado desconcierto e irritación, sobre todo en algunos sectores medios y altos. En todo caso, las fuerzas políticas derrotadas en la elección del 1º de julio del año pasado no han logrado capitalizar los descontentos minoritarios y mucho menos construir con base en ellos una propuesta de rumbo nacional alternativa a la de la Cuarta Transformación.
Los avances en el primer año de este proceso, con todo y sus errores y extravíos, así como la inviabilidad manifiesta de una regresión conservadora –como lo señaló el mandatario al final de su discurso– confirman, en suma, que el país ha transitado por algo mucho más profundo que un cambio de gobierno: ha terminado el viejo régimen y se asiste a la construcción de uno nuevo.
Desde el otro lado
El problema no es de definición
Arturo Balderas Rodríguez
Ya es costumbre que en cada ocasión en que el presidente Trump está en problemas su escapismo preferido está al sur del río Bravo. El justificado clamor que en ambos lados de la línea divisoria causaron dos sucesos, primero en Culiacán, Sinaloa, y días después a pocos kilómetros de una congregación mormona en el estado de Chihuahua, ha traspasado las fronteras de México y ha tenido eco en los principales medios informativos de Estados Unidos. La confusión sobre el origen de ambos eventos por parte del presidente, calificándolos como actos terroristas, no es gratuita ni ingenua. Le urge reafirmar su popularidad entre los sectores más xenófobos, y ganarla entre quienes aún vacilan entre condenarlo o absolverlo en el juicio que se lleva a cabo en su contra en el Congreso estadunidense. Nada mejor para ello que un acto de magia responsabilizando a las autoridades mexicanas de lo que, a su juicio, es una falta de atención a lo que para él son actos terroristas.
Es evidente que el crimen organizado ha ganado terreno, y que la capacidad del Estado mexicano en ocasiones parece estar desbordada en sus intenciones de combatirlo. También es razonable que los mexicanos clamen porque se ponga freno a esta situación a como dé lugar. Pero, en este caso, la discusión no debiera situarse en el terreno de la responsabilidad y capacidad de un país, en este caso México, para contener delitos del orden común, que lo son, sino del derecho que una nación tiene en involucrarse en los asuntos internos de otra, por muy graves que sean. Más aún cuando esa intervención se deriva de la necesidad de ganar adeptos en una campaña política, como es el caso del presidente estadunidense. Si en efecto existiera la intención de colaborar para detener la criminalidad, sería mucho más efectivo poner un alto a la venta indiscriminada de armas que terminan en manos de criminales en el propio Estados Unidos y de quienes las exportan a otras naciones. Cualquiera que haya revisado la prensa estadunidense se habrá percatado del número creciente de personas que en ese país son asesinadas con dichas armas. Habría que preguntar a sus ciudadanos si están de acuerdo en que México envíe agentes del orden para detener esa ola de criminalidad que, cuando ocurre en otras naciones, su presidente la califica como terrorismo.
En último caso, el problema no está en la definición sino en la justificación de quien la aplica en beneficio personal para violar la soberanía de otras naciones.
