El enfrentamiento que ayer tuvo lugar en Villa Unión –municipio del noreste de Coahuila– y que dejó un saldo provisional de 19 muertos (15 civiles y cuatro policías), más dos desaparecidos, uno de ellos menor de edad, proyecta una nueva luz de alarma sobre el mapa nacional de la violencia. Hace apenas dos meses las autoridades estatales aseguraban que la entidad norteña estaba libre de grupos del crimen organizado, porque las dos células menores que ahí operaban habían sido desarticuladas. Señalaba el secretario de Seguridad Pública estatal que los mensajes de amenaza firmados por cárteles y dejados junto a los cuerpos de personas asesinadas eran casos aislados, atribuidos a grupos que intentaban ganar presencia en el estado, pero que hasta ese momento no la tenían.
El episodio de Villa Unión parece indicar que ya lograron esa presencia. El modus operandi de los agresores –su traslado en un convoy de camionetas, el ametrallamiento de la presidencia municipal, la comandancia de policía, la iglesia y varias viviendas– tiene todo el aspecto de un ataque efectuado por la delincuencia organizada. El mismo mes de septiembre, una evaluación de riesgos llevada a cabo por el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había determinado la existencia de ocho organizaciones criminales en territorio nacional, a las que se sumaban varias ramificaciones o desprendimientos de las mismas que operaban de manera más o menos independiente, con lo que el total ascendía a 15. Cuatro de ellas –puntualizaba el titular de Seguridad de Coahuila– trataban de hacerse fuertes en esta entidad.
El año pasado, un conteo provisional realizado en el estado contabilizaba 360 personas asesinadas en diversas agresiones perpetradas, presumiblemente, por bandas delictivas: una cifra preocupante para una entidad donde los cárteles, según la versión oficial, no tenían presencia. El fenómeno impactó a las policías. El propio gobernador del estado, Miguel Riquelme, fue el encargado de comentar que el aumento de la violencia en Coahuila había provocado una serie de deserciones en las corporaciones estatales y municipales. Los elementos renunciantes argumentaban, en todos los casos, que su baja voluntaria obedecía a razones particulares; pero sugestivamente dichas bajas se produjeron después de sendos ataques contra personal de la Agencia de Investigación Criminal y de Fuerza Coahuila (la corporación policiaca del gobierno local, ahora llamada policía estatal).
Un dato avala la versión de que los atacantes de Villa Unión no son de la región: se llevaron, en principio, a cinco niños (cuatro de los cuales fueron liberados) para utilizarlos como guías que les permitieran dejar el poblado por vías secundarias. Eso dicen testigos de la refriega.
Pero locales o foráneos, quienes protagonizaron el cruento suceso del municipio coahuilense muestran que en su permanente disputa territorial, que implica desplazamientos y reacomodos, los cárteles amplían la zona de conflicto y con ella los escenarios de la violencia.
Los de abajo
La resistencia en los barrios de Chile
Gloria Muñoz Ramírez
La dinámica de las movilizaciones en Chile continúa en el centro de Santiago y en las poblaciones o asentamientos populares de la periferia, donde los obreros y comerciantes se movilizan en sus territorios con un ritmo propio. En La Legua, Villa Francia o La Victoria, barrios emblemáticos de la resistencia contra la dictadura pinochetista, se vive la organización todos los días con ollas populares, actividades culturales, asambleas, marchas y bloqueos en su zona o en contingentes que se unen a las movilizaciones del centro.
En Villa Francia se organizaron desde los primeros momentos de la revuelta, pues trabajan en comunidad desde siempre y la revuelta no los tomó por sorpresa. Al igual que en La Legua, barrio del sur de Santiago, aquí se vive el abuso policial todos los días, los allanamientos, las balaceras entre grupos de narcotraficantes, el gatillo fácil de los carabineros, la violencia institucional generalizada. Pero los pobladores no son delincuentes, sino gente trabajadora que se trasladó a esta zona desde la década de los sesentas.
En la escuela comunitaria Camilo Cienfuegos los jóvenes preparan actividades culturales para restablecer el tejido comunitario y construir una opción frente a las drogas. Los niños y niñas toman clases de danza y participan con sus números musicales en las marchas. Son pequeños de entre cinco y 12 años que conocen la historia de Gustavo Gatica, el joven universitario que perdió la vista de los dos ojos por disparos de goma de los carabineros. Nada les es ajeno y, sin dejar de ser niños, juegan durante las concentraciones. Saben por qué están ahí.
El Centro Cultural de La Legua, foro autogestionado por una población perseguida, suspendió actividades teatrales los primeros días de la revuelta, porque, anunciaron, desconfiamos de las fuerzas represivas del Estado abusador, que no duda en atacar y reprimir a su pueblo. Suspendemos no porque queramos escondernos, sino porque queremos estar en las calles haciendo presencia, organizando rebeldemente nuestra indignación.
En la Legua y en Villa Francia se respiran organización y futuro. Nada volverá al antes del 18 de octubre, dicen los jóvenes de aquí, muchos de los que conforman la emblemática primera línea de las movilizaciones.
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