Carlos Fazio
Precedida de una gran campaña de propaganda mediática y trabajo de campo de funcionarios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ayer 15 de diciembre se efectuó la consulta participativa sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya en municipios de Yucatán, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, donde existen comunidades maya, ch’ol, tzeltal y tzotzil.
Bajo la premisa de que participación es inclusión, corresponsabilidad y democracia y la consigna ¡Decidamos juntos!, la fórmula para la fabricación del consentimiento (Chomsky dixit) encubría que la decisión se tomó antes de la consulta; fue adoptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su asunción, con independencia de la libre determinación del pueblo maya. Como ha dicho el propio AMLO, llueva, truene o relampaguee se va a construir el Tren Maya. Lo quieran o no.
Investigadores críticos han argumentado que el Tren Maya ni es nuevo, ni es sólo un tren, ni es maya. Y que tampoco sacará a México de la pendiente del neoliberalismo ni devolverá al Estado su papel rector como motor del desarrollo nacional: incluye dos megaproyectos de infraestructura en el Istmo de Tehuantepec y la Península de Yucatán de alcance geopolítico y privado, cuyo objetivo central es la transformación territorial de la región sur-sureste de México en función de intereses económicos corporativos y de seguridad estadunidenses. Y como tal, podría conducir a un nuevo proceso de despojo de tierras bajo propiedad ejidal en las zonas concernidas (vía la expropiación inducida o francamente coercitiva) y la consiguiente segregación espacial de población maya.
Para ello, como señala Josué G. Veiga (La Cuarta Transformación viaja en tren), junto con la imposición de cierto desarrollo y al margen del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la consulta previa e informada, el proyecto Tren Maya se ha apropiado de significados e imaginarios de la cultura maya para trastocarlos y venderlos como marca de un proyecto nacionalista.
Según Ana Esther Ceceña, la envergadura geopolítica y los efectos estratégicos de transformación de la región del sureste colocan al proyecto como punto nodal del tránsito del mercado mundial y, por tanto, de la guerra por el control global. Para EU, pero también para sus competidores (China, Japón y otras economías emergentes), el control de esa región puede hacer la diferencia en la jerarquía de poderes a escala mundial.
En particular −y más tras los acuerdos alcanzados en torno al Protocolo de Enmiendas del Acuerdo Comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC), que ratifican la vocación maquiladora del proyecto de nación de la Cuarta Transformación−, Washington busca mantener el Gran Caribe y el Golfo de México (de los que el Istmo de Tehuantepec y la Península de Yucatán son áreas estratégicas) como parte de su territorio jurisdiccional (o homeland) que, entre otros recursos, alberga una inmensa riqueza petrolera que abarca de Venezuela a Texas.
Dicho objetivo ya estaba plasmado en el Plan Colombia y Plan Puebla Panamá de Bill Clinton (1999-2000), renombrados Iniciativa Mesoamericana por Felipe Calderón y Álvaro Uribe en 2008, y en los que la zona istmeña mexicana (hoy la ruta Maya-Tehuantepec de AMLO) aparecía como la mejor bisagra alternativa al Canal de Panamá (dada su saturación ante el volumen del tráfico de mercancías y materias primas), para la movilidad del capitalismo estadunidense en su ámbito protegido de América del Norte y en competencia interimperialista con los otros dos megabloques integrados por las potencias asiáticas de la Cuenca del Pacífico y la Unión Europea.
Con la zanahoria del desarrollo, el progresoy la modernización de los pueblos marginados del sur-sureste de México, entonces como ahora se ofrece a la clase capitalista transnacional la instalación de corredores de maquila con subsidios y salarios bajos, en un área que además del Tren Maya incluye el Corredor Transístmico con su infraestructura multimodal de conexión interoceánica (red de carreteras, vías ferroviarias, puertos, fibra óptica) para el transporte de mercancías y bienes naturales y sus polos de desarrollo al servicio de corporaciones inmobiliarias y turísticas (hoteles, viviendas, centros comerciales, naves industriales y de manufactura);del ramo energético (nuevos gasoductos en Yucatán, la refinería de Dos Bocas) y del sector agroindustrial (palma aceitera, sorgo, caña de azúcar, soya, programa Sembrando Vida). Lo que en su dimensión geopolítica incluye, también, la urgencia de poner cortinas de contención ante a los flujos migratorios de mexicanos y centroamericanos hacia EU.
Con otro objetivo encubierto de la consulta participativa sobre el Tren Maya: dado que el mecanismo de financiamiento para la disponibilidad de tierras será a través de Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces, se puede prever un masivo proceso de despojo que convertirá a propietarios en desposeídos, pues si bien la tierra no cambiará de propietario, será entregada como soporte material del fideicomiso a socios o accionistas como BlackRock, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Grupo Carso, CreditSuisse, Grupo Barceló, ICA, Grupo Salinas, Bombardier, Grupo Meliá, Bachoco y Hilton Resort.
