abril 16, 2020 at 7:00 pm
Autor: Martin Esparza
La crisis derivada del crecimiento exponencial de pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2 en México desnudó quizás el más letal de los efectos del neoliberalismo: el desmantelamiento de un sector del que dependen la salud y la vida de millones de mexicanos.
Si bien desde el arribo al poder de Miguel de la Madrid Hurtado, en 1982, los hospitales públicos, tanto los destinados a la atención de trabajadores amparados en la seguridad social del apartado “A” como del “B”, y los de la Secretaría Salud, enfocados a atender a la población en general, comenzaron un gradual declive tanto en su infraestructura, equipamiento y personal especializado, fue en los gobiernos panistas donde se les dio la puntilla con la subrogación de diversos servicios como el de las guarderías que derivó en tragedias como la de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 49 niños y 106 resultaron con secuelas de por vida.
El déficit no solo de camas sino de medicamentos, médicos y enfermeras tornó la atención médica en México en una quimera constitucional de morales consecuencias. Desde el arribo al poder de Vicente Fox en el 2000, los panistas encontraron en la subrogación de servicios un negocio rentable a costillas de la salud de los mexicanos.
Con el narcogobierno de Felipe Calderón las cosas llegaron a extremos de cinismo homicida, cuando se permitió que bodegas inseguras fueran habilitadas como guarderías para que familiares de la entonces primera dama Margarita Zavala, y hasta gobernadores, obtuvieran millonarios ingresos con contratos firmados con el Seguro Social. Tales fueron los casos de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo y el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours.
A la fecha basta con acudir a cualquier sala de urgencias del ISSSTE, IMSS o de los hospitales del sector salud, o a las clínicas de atención familiar, para constatar el estado de quiebra absoluta que priva en la atención a la salud de millones de personas.
Razón más que suficiente para que la aparición del coronavirus en México pusiera en evidencia al endeble sistema de salud oficial y, de cara a la terrible realidad, el abandono en que se tuvo por décadas a un sector que en cualquier país del primer mundo es de primer orden. La tecnocracia neoliberal terminó de ver a la atención médica, parte fundamental de la seguridad social y de los derechos humanos, como una apetecible mina de oro.
El sistema de salud en ruinas que atestigua todo el país, es producto del brutal desmantelamiento del sector que por seis sexenios careció de la atención y los recursos públicos necesarios para su fortalecimiento y crecimiento. Si bien es cierto que año con año los gobiernos neoliberales se jactaron de elevar los presupuestos en la materia, también lo es que buena parte de esos recursos fueron devorados por la corrupción y las subrogaciones de las que ya hablamos.
No puede concebirse que en el pasado sexenio se hayan quedado a medio construir decenas de hospitales por todo el territorio nacional y que muchos de los que fueron inaugurados resultaran nosocomios utilizados como tinglados para el lucimiento personal de diversos políticos que tuvieron la osadía de cortar listos en unidades médicas que carecían de los equipos más esenciales, pero sobre todo de médicos y enfermeras.
El criterio empleado por los neoliberales para justificar la entrega de diversos servicios a empresas privadas fue que se ahorraban cuantiosos recursos al erario, lo cual ha resultado una falacia porque con los multimillonarios despilfarros bien se hubieran podido comprar el equipo y costear al personal para atender a los pacientes que requieren tratamientos de hemodiálisis, por citar uno de tantos casos.
A la fecha hay una brutal desproporción entre el número de camas destinadas a la hospitalización, urgencias y terapia intensiva en instituciones como el IMSS y el ISSSTE y el número de sus derechohabientes.
Dejemos que las cifras hablen: para atender a unos 88 millones de derechohabientes en todo el país, el Seguro Social y el ISSSTE cuentan apenas con unas 12 mil camas; 3 mil 800 de este total se destinan al área de urgencia, razón por la que se explican las tétricas escenas difundidas desde hace largo tiempo en las redes sociales, de pacientes tirados en el suelo en espera de ser atendidos. Desde ya varios años, la demanda supera con creces a la oferta hospitalaria. Y ni qué decir de la capacidad para atender a sus salas de terapia intensiva, donde ambas instituciones apenas y contabilizan mil 553 camas.
En lo que respecta a la Secretaría de Salud, entidad encargada de brindar atención médica a por lo menos unos 40 millones de mexicanos que subsisten en la informalidad y no tienen acceso al IMSS o al ISSSTE, y forman parte de la población más vulnerable, el número de camas para atención hospitalaria es de 39 mil 400 camas; otras 5 mil son para urgencias y mil 553 para terapia intensiva.
Se entiende así por qué el temor de que un crecimiento exponencial de casos de Covid-19 en México pueda rebasar la capacidad de hospitales públicos. Además, a tal déficit de camas hay que sumarle la carencia de suficientes equipos para atender a los pacientes que requieran de una atención especializada para salvar sus vidas. En todo el sector salud hay apenas 5 mil 523 de estos aparatos; el IMSS cuenta con 2 mil 896; ISSSTE 330, y la Secretaría de Salud 2 mil 53.
De ahí la urgencia de comprarlos a China u otro país que pueda surtirlos con la premura que amerita la actual emergencia sanitaria, como otros tantos insumos de los que carece el personal de los nosocomios gubernamentales, que están expuestos a ser contagiados por la ausencia de caretas y cubrebocas.
Pero no solo es en materia de camas y equipos donde hay graves carencias, las cifras revelan que en nuestro país las instituciones públicas del sector salud carecen de personal suficiente para atender a millones de habitantes. De acuerdo con cifras oficiales, se requieren de unos 200 mil médicos más y 250 mil enfermeras para brindar una mejor atención a la población en su conjunto, sea o no asegurada.
Preocupa el saber que para atender la actual contingencia solo existan en los hospitales públicos mil especialistas en terapia intensiva. El renglón de la salud deberá tener apoyos prioritarios y suficientes, porque sin duda que miles de mexicanos perderán sus empleos por la crisis económica que vendrá como consecuencia en la paralización de la economía. Unos 350 mil ya quedaron en la cesantía y la cifra podría dispararse hasta un millón de nuevos desempleados.
Será la Secretaría de Salud la entidad que deberá absorber para su atención médica a los mexicanos que dejarán de cotizar al IMSS o al ISSSTE. De ahí la urgente necesidad de fortalecer en su conjunto al sector salud del país.
Con Covid-19: Tren Maya va
Violeta R. Núñez Rodríguez*
Millones de personas queremos un cambio radical (de raíz), como lo expresó Andrés Manuel López Obrador (2018) al ganar la Presidencia, que modifique la situación indignante de pobreza y marginación que vive una inmensa mayoría de mujeres y hombres en este país, sobre todo los pueblos campesinos e indígenas. Pero no sabemos si dentro del gobierno actual, tan diverso y de múltiples orígenes, todos quieren esta transformación.
Esto lo digo porque estamos a unos días de que inicie la fase de construcción del primer tramo del Tren Maya y las autoridades responsables nunca presentaron una manifestación de impacto ambiental (MIA), mucho menos una social, cultural y arqueológica. Su argumento es que ya están las vías y que, por tanto, el impacto ambiental ya está hecho. Sin embargo, este es un proyecto nuevo que implica la edificación de nuevas vías y 30 estaciones. No obstante, el tren comenzará sin una MIA del proyecto en su conjunto, que sin lugar a dudas tendrá múltiples impactos. ¿Esto es parte de la transformación? Sólo conocemos la versión pública del Análisis costo-beneficios ACB (2020), como si sólo se tratara de un negocio empresarial. En donde por cierto, se señalaron riesgos (de liberación de derecho de vía, geológicos, arqueológicos, de interfase y de demanda, entre otros) que hasta la fecha no conocemos cómo se van a solventar. Algunos de ellos, con la gran recesión que se avecina, producto del Covid-19, se podrían intensificar.
Aunado a esto, especialistas que trabajan con el instrumento bursátil propuesto para financiar parte del Tren Maya, los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibra), insisten que en este momento no le ven viabilidad (H. Calzada, Rankia LATAM –2020– y Jorge Castañares, Xpertha Capital –2020–), no sólo por la crisis económica que viviremos (ya empiezan a colapsar los Fibra), sino porque hay una gran incertidumbre sobre la propiedad social. Todavía existe la gran duda de si la Ley Agraria, permite que los ejidatarios aporten sus tierras a los Fibra, para ser socios. Desde la perspectiva del procurador agrario de la nación, Luis Hernández Palacios (2020), esto no es posible, porque la ley sólo prevé asociaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Pero parece que esto no ha sido escuchado por la autoridad responsable del Tren Maya. Claro que, como me lo manifestó Castañares (2020), podrían cambiar la ley para que dicha asociación sea posible, una práctica que ya vivimos durante los diversos gobiernos neoliberales.
Se argumenta que no hay dinero, y que por eso tiene que arribar la inversión privada, que no está demás decir que el fondo del problema no es si hay inversión privada o no, sino el tipo de instrumento financiero, que sostengo implica la financiarización de la tierra ejidal. La pregunta es si nada dice y significa la propiedad social. Recordemos que ésta fue producto de una revolución, que transformó la estructura agraria (1 por ciento de la población, poseía 97 por ciento del territorio –Stavenhagen, 1982–). Sé que dirán que el ejido está en crisis. Sí, porque deliberadamente los gobiernos neoliberales lo intentaron matar y desaparecer. No lo lograron, 50 por ciento de la propiedad de la nación sigue perteneciendo a ejidos y comunidades agrarias (RAN, 2019). En este sentido, la gran preocupación, que también se manifestó en el proceso de consulta (ver actas de asambleas), es qué pasará y cuál será el destino de las tierras ejidales, aunado a los impactos ambientales, arqueológicos, culturales que inevitablemente se vivirán por la llegada e incremento de millones de turistas como se proyecta (según el documento de ACB –2020–, se habla hasta de 50 millones de turistas).
Qué hacer ante esto. Los pueblos del sur lo decidirán, pero es urgente apropiarse, no sólo del proyecto (porque se les prometió que sería su tren), sino más que nunca, de sus territorios a fin de quelos especuladores inmobiliarios no se apropien en un futuro de sus tierras, que insisto, los analistas financieros expresan que esto ocurrirá. Además, para los empresarios será extraordinario el Fibra, ya que tiene un beneficio fiscal, la exención de impuesto sobre la renta (Ley del ISR). ¿Este será el cambio?
El sur tiene que transformarse. La pregunta es si es aceptable, con una visión colonial, que se les debe llevar el desarrollo. De esto ya se sabe mucho. Es al sur, a donde el Estado mexicano dirigió más recursos para el supuesto combate a la pobreza (Chiapas es emblemático –ver Presupuesto de Egresos de la Federación, desde 1990–). También en el sur, a lo largo de la historia, se desarrollaron grandes proyectos (madereros, chicleros, caucheros, henequeneros, turísticos), avalados o impulsados por el propio Estado y por las empresas, sobre todo vinculadas al mercado mundial. Así que el sur no es que sea pobre porque ha estado abandonado, sino más bien es el resultado de un proceso continuo de explotación de sus recursos naturales y de la mano de obra (desde la Colonia), que esperamos no continúe.
*Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Autora del libro Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI
