Cumplidos 70 días del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia y de las demás medidas sociales orientadas a disminuir la propagación del Covid-19 en México, estamos ante la inminencia de un periodo que las autoridades de Salud han definido como de nueva normalidad.
El miércoles 13 de mayo fue presentada de manera oficial la estrategia gubernamental que se aplicaría para reabrir de manera gradual, ordenada y prudente las activida-des sociales, educativas y económicas dramáticamente interrumpidas por la pandemia, y cuya suspensión despertara comprensibles pero injustificables reacciones de rechazo, dado que lo que estaba –y está– en juego es la salud de toda la población. Desde entonces hasta hoy se ha insistido en que la etapa que comienza mañana no implica que la ciudadanía recupere su cotidianidad tal y como era antes de la aparición del nuevo coronavirus, sino que dará inicio un proceso imprevisible, porque nadie puede vaticinar cuáles serán los efectos que puede producir la prolongada interrupción de actividades en el país.
La prevalencia del llamado semáforo rojo en la mayor parte de la república hace que el ingreso a esta nueva normalidad tenga que realizarse en medio de numerosas precauciones, tanto en el plano de la convivencia como en el de la reanudación de labores, donde el movimiento en las industrias de la construcción, automotriz y minera debe llevarse a cabo poniendo por delante de todo la salud y la integridad de los trabajadores. La actividad educativa está menos presionada, porque en la primera semana de junio habrá un receso magisterial y la vuelta a las aulas se producirá tentativamente en agosto y septiembre, cuando se prevé que haya datos más concluyentes sobre la evolución de la pandemia.
El mayor riesgo de que se vulneren las disposiciones y recomendaciones sobre dis-tanciamiento social, sin embargo, no se encuentra tanto en los niveles institucionales como en el de la vida cotidiana. La necesidad de obtener recursos para la subsistencia por un lado, y el deseo de acabar prematuramente con la situación de semi-aislamiento social por el otro, podrían echar por tierra los esfuerzos del gobierno federal por reducir lo más posible las posibilidades de contagio por Covid-19. En la capital de la república se advierte, en días recientes, un crecido movimiento de vehículos y de personas que desconocen voluntariamente las medidas de precaución dispuestas para la pandemia, mientras en distintas alcaldías, comerciantes callejeros y tianguistas no contienen su impaciencia por reanudar masivamente sus actividades, y difícilmente lo harán tomando las precauciones indispensables.
El periodo de nueva normalidad en los estados no tendrá, a su vez, un carácter uniforme, pese a la búsqueda de consensos entre autoridades federales y estatales, porque algunas de estas últimas descreen del esquema epidemiológico de semáforos Covid-19 aplicado por la Secretaría de Salud, y prevén sus propios planes de reactivación socioeconómica.
En este escenario, es de esperar que todas y cada una de las personas que mañana ingresen en la nueva etapa de la pandemia lo hagan –lo hagamos– con la decisión necesaria para restablecer la vida normal de la república, pero también con la prudencia que demanda una situación sanitaria que aún no está enteramente controlada.
El tren y la energía en el mundo maya
Jordy Micheli*
Ha habido una mirada escrutadora sobre la península de Yucatán por el proyecto del Tren Maya. Las preocupaciones sobre las afectaciones ambientales y sociales que puede provocar en subregiones de la península han sido difundidas y ha dado pie a posicionamientos, en algunos casos, contrarios al proyecto en su conjunto. En un texto previo (https://www.jornada.com.mx/2020/ 02/06/opinion/018a2pol) expuse que éste era un tren que enfrentaba demonios, unos moraban en la preocupación socioambientalista y otros en el estancamiento y creciente desigualdad entre los tres estados de la península.
Los tres estados son distantes de la economía nacional y también lo son entre sí. Con datos de 2017, Campeche ocupaba el lugar 12, con 3.10 por ciento del PIB nacional; Quintana Roo el lugar 20, con 1.58 y Yucatán en el 22, con 1.44. Pero en esta fotografía hay que tomar en cuenta que Campeche ha tenido una profunda caída en los pasados años, en tanto que Quintana Roo y Yucatán han tenido comportamientos de crecimiento. Campeche cayó a una tasa de 5.3 por ciento anual en su sector petrolero; Quintana Roo creció 4.7 por ciento anualmente en el grupo de sectores de la economía turística y Yucatán creció 4.0 por ciento en la manufactura. Todo esto referido al periodo 2003-2018; es decir, que estos fríos números constituyen prácticamente la historia de la estructura económica peninsular en lo que llevamos del siglo. Esta diversidad, de continuar, producirá un mayor desequilibrio y presiones sobre el territorio. Campeche llegará al bajo nivel de los otros dos estados y éstos se conformarán con un modelo concentrador basado en la expansión de sus regiones urbanas.
En medio del fragor mediático que produce el Tren Maya, avanza sin tanta exposición el proyecto energético, que es, sin duda, una de las intervenciones de relevancia para la geografía económica del país, cuya polarización norte-sur fue el resultado de décadas de subordinación del Estado a los intereses económicos dominantes, a escala nacional y también global. Curiosamente, este proyecto se ha mantenido al margen de las líneas argumentales que, desde posiciones diferentes, coinciden en conservar una política territorial previa a la 4T. Es decir, el proyecto energético para la península no es ni un elefante blanco ni un megaproyecto.
La península ha sido sometida a un subdesarrollo energético que ha obstaculizado su crecimiento y el desarrollo económico y social. Entre los estados con mayor pobreza energética en los hogares se encuentran los tres de la península. Los costos de producción de energía eléctrica son más elevados que en el resto del país.
El corazón energético para la península ha sido, desde 1999, el gasoducto Mayakán, que lleva el combustible desde Ciudad Pemex hasta Valladolid. El gas por allí transportado ha sido insuficiente tanto para su conversión en electricidad por parte de cinco plantas de CFE como para su uso en la industria de transformación. Ahora mismo se construye un ducto de 16 kilómetros que conectará a Mayakán con el sistema troncal de gas natural que recorre la costa del Golfo y eso permitirá el transporte del volumen necesario de gas. Este proyecto se une a la construcción de una sexta planta de generación eléctrica a partir del gas, la cual aumentará la oferta eléctrica a la península.
El proyecto energético privilegia necesariamente un destino urbano: la zona metropolitana cuyo centro de gravedad es Mérida. Con gas natural en mayor cantidad y energía eléctrica a menor precio, la urbanización crecerá y presionará las capacidades de planeación y las políticas sociales del Estado.
La única manera en que la energía sea una fuerza de desarrollo es que se creen nuevos polos de actividad económica: parques industriales que usen gas natural, electrificación del transporte urbano, redes de frío, instalaciones turísticas y de esparcimiento con tecnologías inteligentes, mejores y más infraestructuras de salud y de educación, y un etcétera de intervenciones privadas y público-privadas. La conversión energética basada en gas natural y electrificación no debe significar la desatención de transiciones energéticas locales hacia fuentes renovables, pero es innegable que es el peso de la matriz energética tradicional basada en hidrocarburos la que va a causar una modificación en la economía.
El tren encarna un proyecto de movilidad a gran escala que puede orientar el desarrollo territorial y vertebrar respuestas económicas que permitan salir de la trampa de la desigualdad que, por si sola, no va a ser abatida por la conversión energética de la península. El Tren Maya puede jugar un papel compensador, porque sin él, la fuerza expansiva de la metropolización de Mérida y de Cancún, acelerada por la conversión energética, fortalecerá los desequilibrios en la zona norte de la península y entre ella y el sur. Este desequilibrio es el caldo de cultivo para los fenómenos ya conocidos de territorios folclorizados, las últimas fronteras y en general de nuevas formas de ruralidad que tienen como común denominador el avasallamiento de territorios, indígenas o no, por la subordinación del mercado. En el cambiante mundo de las fuerzas productivas y del papel del Estado moderno, no todo está escrito sobre cómo se defiende la territorialidad social. Las iniciativas del tren y la energía en el mundo maya pueden abrir las puertas de un desarrollo innovador. Ésa es la apuesta.
*Investigador de la UAM
