Ángel Guerra Cabrera / I
Cuba posee varios medicamentos únicos en el mundo por su efectividad en la sobrevivencia de los pacientes graves y críticos de Covid-19. Mientras a escala internacional sólo se salva alrededor de 20 por ciento de los contagiados en esas categorías, en Cuba sobrevive 80 por ciento aproximadamente. En cuanto a la tasa de mortalidad sobre el total de contagiados, la isla exhibe 4.2 por ciento, menor al 11.5 de España, 5.9 de Estados Unidos y 5.5 de Irlanda. Con 82 fallecidos hasta la fecha, cuando ya transcurren varios días sin que se reporten defunciones o una diaria cuando más, la mortalidad por 100 mil habitantes es 0.72, entre las más bajas. Hasta el 27 de mayo sólo cinco países de América Latina y el Caribe han logrado recuperar más de 50 por ciento de sus contagiados detectados: Cuba, con 78.4; Uruguay, 75.5; México, 66.7; Panamá, 65.6, y Costa Rica, 64.3.
Los fármacos con que la isla combate al Covid-19 existían antes del surgimiento de la enfermedad para tratar patologías virales u otras como artritis y soriasis; no fueron diseñados expresamente para ese propósito, pero poseen cualidades fundamentales para fortalecer el sistema inmune, lo que se llama inmunidad no específica o innata, un escudo contra la entrada al aparato respiratorio del nuevo coronavirus. Tienen también otras virtudes que les han permitido evitar el fallecimiento de la mayoría de pacientes cubanos en estado grave o crítico. En el caso del interferón (INF) alfa 2b humano recombinante, reseñado en este espacio anteriormente, existen nueve países que lo utilizan, entre ellos China y España. Sin embargo, los hospitales de Estados Unidos no pueden acceder a él, ni a ningún remedio cubano, debido al bloqueo contra Cuba. A mí me han llamado médicos desesperados de hospitales en Nueva York para preguntarme cómo pueden conseguir el interferón alfa 2B, dice Helen Yaffe, académica latinoamericanista de la Universidad de Glasgow y autora del libro We are Cuba. No va a ser posible, añade.
Pero además del INF alfa 2b, Cuba dispone del CIGB 258, gestado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y del itolizumab, desarrollado por el Centro de Inmunoensayo. De ambos, fue presentada la solicitud al Centro Estatal para el Control de los Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed), para su uso en pacientes confirmados de Covid-19 en los estadios grave y crítico, la que fue aprobada. Estos fármacos han sido muy efectivos para tratar la famosa tormenta de citosinas, con ostensible reacción favorable de una mayoría de pacientes en el curso de 72 horas. Estas medicinas, junto con otras, han formado parte del coctel con que se ha tratado a los contagiados de Covid-19. También se han aplicado con carácter preventivo a toda la población las gotas homeopáticas sublinguales PrevengHo Vir, y a pacientes confirmados o sospechosos con factores de riesgo, la biomodulina T, ambos para reforzar el sistema inmune.
Pero ello no explicaría por sí solo el enorme éxito alcanzado por la isla en el enfrentamiento a la enfermedad. Existen esos medicamentos porque hace décadas Fidel Castro impulsó con gran energía y previsión la creación de un verdadero sistema de centros de investigación, al que dedicó innumerables jornadas de trabajo y al que acicateó con ambiciosas metas. No me refiero sólo a la biomedicina, con todo y su principal protagonismo en el combate al nuevo coronavirus, pues también han tomado parte en él científicos de la matemática, la informática y las ciencias sociales.
Cuba previó un cuidadoso y detallado plan de combate al Covid-19 desde enero, con activa participación de la comunidad científica, tanto de los centros de investigación como del Ministerio de Salud Pública y otras dependencias y sigue una política muy agresiva para acorralar al patógeno. Miles de médicos de familia y estudiantes de medicina y estomatología recorren diariamente decenas de miles de hogares en la vigilancia epidemiológica. No se ha esperado por los contagiados, se les ha ido a buscar, además de establecer rigurosas medidas de aislamiento de los enfermos o de vigilancia en casa de los casos leves. Se acondicionaron suficientes camas y equipos para los pacientes sospechosos, los sin complicaciones y los graves. Las medidas de confinamiento y distancia social, las cuarentenas en zonas, municipios y provincias han permitido romper la cadena de contagios y que los hospitales no se hayan visto presionados por la demanda de enfermos.
Pese al asfixiante y criminal bloqueo de Estados Unidos, ahora recrudecido hasta el delirio, Cuba tiene un robusto sistema de salud pública totalmente gratuito. Atención primaria en las cuadras, policlínicos, hospitales generales y de especialidades, con el apoyo de una población consciente, organizada y disciplinada.
El país al que Washington despojó de miles de médicos, hoy es el que más galenos por habitante tiene en el mundo. Además de poder enviar personal sanitario a 23 países para combatir la pandemia.
Twitter: @aguerraguera
Abusos y riesgos en el regreso a labores
Napoleón Gómez Urrutia
La semana pasada se anunció el regreso a las labores a partir del 25 de mayo en algunos sectores, en otros desde el primero de junio y en algunos más después. Se anunció que se haría en forma gradual, con respeto a la totalidad de las medidas y protocolos establecidos por las autoridades laborales y de salud, con la finalidad de garantizar que no existan riesgos sanitarios para los trabajadores en ningún centro de actividad productiva. Hasta ahí todo parecía normal, con las precauciones necesarias con el propósito de no exponer a nadie al contagio del Covid-19.
Lo que ha sucedido en la práctica es contradictorio en algunos casos, lo cual nos viene a demostrar que en una situación de crisis sanitaria y de pandemia mundial, si no se aplican y respetan seriamente las recomendaciones, entonces se puede incurrir en irresponsabilidades y muchos riesgos innecesarios para la salud y la vida. En el Sindicato Nacional de Mineros y probablemente en otras organizaciones sindicales de trabajadores, tenemos un lema que aplicamos y respetamos, el cual dice: con la seguridad y la salud no se juega. En última instancia es mejor perder un empleo que poner en riesgo una vida humana.
Hace unos días nos enteramos, después de que oficialmente se anunciaron las propuestas y recomendaciones para el regreso, que las minas de dos empresas canadienses en la Sierra de Oro de Guerrero, Equinox Gold y Torex Gold Resources enviaron a un grupo de 200 trabajadores contratistas de compañías outsourceras para continuar sus operaciones, pues para ellos las utilidades son primero, los cuales provenían del centro y norte del país, de Coahuila, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí, sin haberles hecho ninguna prueba sanitaria. Afortunadamente, los dirigentes de las secciones sindicales de mineros y las comunidades se mostraron exigentes y demandaron que los pusieran en cuarentena y al final les hicieran la prueba del Covid-19. El resultado fue que 44 de los 200 contratistas estaban contaminados con el virus, y dieron positivo. No hace falta mucha imaginación para pensar lo que podría haber ocurrido si hubieran entrado a los centros de trabajo sin ningún protocolo; la epidemia ya estuviera extendida a toda esa zona.
Dos lecciones de estos ejemplos: uno, los trabajadores deben mostrarse intransigentes y exigir que se cumplan las normas sanitarias en cualquier lugar, y más en estos tiempos, si existe el mínimo riesgo. Dos, las autoridades deben responsabilizar con todas las consecuencias establecidas en la ley, a las empresas que, por sus intereses, estén presionando para reabrir, porque de otra manera, a falta de vigilancia y de inspectores para cada caso que reinicie actividades, ambos estarán asumiendo una seria responsabilidad. Debemos evitar a toda costa que también se repita el caso de un empleado de Elektra, que pertenecía a una entidad dedicada al outsourcing, a quien presionaron tanto para que fuera a trabajar, aun enfermo del virus, que murió sin recibir ninguna ayuda o apoyo para él o su familia. Y todo por no tener una organización sindical seria y responsable que protegiera sus derechos fundamentales.
Existe otro caso que también demuestra que las empresas, sobre todo las consideradas más grandes, no toman en serio las consecuencias de la pandemia de Covid-19, ni obedecen lo que establecen las autoridades, ni lo que incluso está contemplado en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución, que inevitablemente se refleja en el cumplimiento de las leyes sanitarias. Los trabajadores de la mina de Francisco I. Madero, en el estado de Zacatecas, cuyo dueño es el Grupo Peñoles, de Alberto Baillères, decidieron hacer un paro de labores porque la compañía no quería pagar lo que les correspondía por concepto de reparto de utilidades, ni tampoco quiso reconocer el derecho de los trabajadores a escoger a la organización sindical que ellos habían elegido porque estaban cansados de las traiciones de un sindicato charro, sometido total e incondicionalmente por Peñoles, pero además porque así está establecido en la nueva Ley Federal del Trabajo, la cual señala que los trabajadores pueden ejercer su voto libre, personal y secreto para elegir a la organización sindical a la que ellos desean pertenecer y a sus líderes, y no que se los impongan.
El Grupo Peñoles respondió en forma ilegal cerrando la mina, con tal de no reconocer ese derecho a la libertad de asociación de los trabajadores. Envió a su casa a más de 500 personas, sin ninguna consecuencia legal o política en contra de la empresa. Ésta argumentó que los precios de los metales estaban bajos y que el mercado es complicado, de lo cual pareció ser que no se habían dado cuenta hasta que los trabajadores iniciaron una huelga en señal de protesta, pero sobre todo tomaron la decisión de aplicar el derecho a la libertad de asociación, garantizado en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo que el gobierno de México tiene firmados como obligación desde hace muchos años.
Estos casos contradicen la buena fe y la disposición de los funcionarios gubernamentales, lo cual es un gran factor de riesgo cuando se aplica a las situaciones sanitarias, pero también exhiben la arrogancia, la prepotencia y la impunidad con la que actúan los integrantes del poder económico que se sienten intocables y a salvo de sus obligaciones para cumplir con la ley, con México y con los mexicanos.
