Jorge Carrillo Olea
Los reveses que ha sufrido Felipe Calderón en los últimos años se anticiparon cuando estrenó su chamarra militar. Sólo él no supo advertir el tóxico efecto político y mediático que tendría su alarde supuestamente de paladín valiente, fuerte y sagaz. Miles de caricaturas proyectaron un ser menor, inconsciente, ajeno a su entorno, sin autoestima e impotente. Fue su Waterloo entre los caricaturistas.
De sus cinco secretarios de Gobernación, los de Defensa y Marina, sus tres procuradores, todos integrantes pasivos de su gabinete de Seguridad Nacional cuando lo vieron empinarse en su guerra contra el narco, nadie objetó nada. Todos aplaudieron. Fue una muestra de su liderazgo de cartón. Nadie contradecía tanta ingenuidad, ¿para qué?
Así, pasmados, pero callados, vieron surgir a Mr. Hyde en García Luna. Lo vieron hipertrofiarse, aceptaron sus agravios, sus públicas ofensas personales, sobre todo el procurador de Justicia de la República. Vieron su pausado dominio de la voluntad presidencial y se sumieron. De eso y ante la pequeñez presidencial callaron, como ahora se mantienen mudos.
En ese mismo tiempo el simple crimen, organizado y no, se disparaba convirtiéndose en violencia oficial, criminal y social, tríptico que 12 años después sigue creciendo. En ese clima de ausentismo presidencial, de asesores calmos y un ambicioso desatado, bien pudieron haberse dado los hechos que oscuramente plantea la embajadora Jacobson, sobre los que, respetando la presunción de inocencia, habrá que esperar la sentencia del tribunal que lo juzga en EU, ya que en México ninguna justicia lo ha requerido.
En cualquier caso, García Luna es un producto del sistema siniestro que por décadas en ciertos espacios nos caracterizó: buen estudiante, aprendiz voraz, fantasioso natural, hábil comunicador, de lenguaje y gestos convincentes. Con ese equipaje pudo saltar de policía federal al despacho presidencial. La mesa estaba servida, no obligadamente para lo que la embajadora apunta, perosí para cualesquiera descalabros en el nivel presidencial.
Otra parte interesante del decir de la embajadora es cómo hace público lo que debiera ser claro para ciertos opinadores: los servicios de inteligencia política o criminal, CIA, FBI, DEA, ATF y otras de EU y de cualquier país que los opere, lo hacen normalmente en linderos de la legalidad, del respeto a los gobiernos de países anfitriones que fueran sus supuestos aliados. Su credo es: si hay que violar algo, se viola. No se les puede suponer una actitud distinta. Es su tarea: los reclutan, forman, pagan y honran por ello.
Recuérdese el caso del secuestro del doctor Álvarez Machaín efectuado por policías estadunidenses en 1990 en Guadalajara. Fue sentenciado por cortes de aquel país y, ante el reclamo oficial del gobierno mexicano, exigiendo la entrega de los secuestradores, requerimiento sustentado en el Tratado de Extradición vigente, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en junio de 1992, resolvió que el secuestro había sido un acto legal y cerró el caso.
Recuérdese que los servicios policiales de aquel país, a nada, a nadie deben nada, salvo al interés del propio y esto por encima de la ley y el interés del ajeno. De ello podemos inconformarnos, pero no nos sorprendamos.
Es sustentable pensar que García Luna, como numerosos funcionarios mexicanos, teóricos defensores de la ley, haya delinquido de mil maneras. Es totalmente defendible decir que los servicios estadunidenses nada quisieron ver y menos denunciar mientras de ello se servían.
Alientan la corrupción ajena en la medida de sus intereses y la denuncian en ese mismo sentido. No les conviene enterarse de lo que ellos mismos provocan y que revelan cuando les acomoda, siempre contra el interés mexicano.
De todo este espeso caldo es posible derivar que el presidente Calderón y varios integrantes de su equipo, los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina y el procurador general de la República sí sabían que algo inocultable olía mal en el sistema. La operación encubierta Rápido y furioso de Estados Unidos existió, luego si García Luna lo aceptó, sin sancionarlo Calderón, malo, o si el presidente lo supo y aprobó, peor.
Para salvar intereses privados, en 1998 Ernesto Zedillo disimuló la Operación Casa Blanca de lavado de dinero de igual origen. Si se desea investigar, han habido otras operaciones con armas, droga o dinero que también fueron permitidas por el gobierno.
Es sustentable decir que miembros del gabinete sabían de las irregularidades que funcionarios cometían, o no las querían saber, que es cosa distinta y también bastante frecuente entre las sucias prácticas políticas. En ese ambiente es pecado de inocencia creer que no pasa nada, que priva la virginidad. Hay que vigilar cada paso, mas no siempre se desea hacer.
Considerando el caso distinto, en el increíble hecho de que nada supieran, que nada sospecharan, que nada vigilaran, tal vez la conclusión fuera peor: qué nivel de estulticia presidencial e irresponsabilidad de colaboradores caracterizó a aquel gobierno. Como fuera, Calderón lo tiene merecido.
carrillooleajorge@gmail.com
Día del Maestro, las contradicciones
Lev M. Velázquez Barriga*
El contexto en el que se celebra el 15 de mayo está lleno de contradicciones; la autoridad educativa no ha terminado de reinstalar a los que fueron cesados por los efectos punitivos de la reforma educativa del pasado sexenio, la Unidad de Medida Actualizada (UMA) para calcular las jubilaciones de los docentes golpea el poder adquisitivo de trabajadores retirados, las medidas hacendarias para el reajuste del impuesto sobre la nómina han calado en detrimento de los salarios que de por sí ya estaban a la baja en los años anteriores, la reivindicación salarial no llegó y no lo hará en el marco de la crisis económica que se está agudizando por la pandemia; para botón de muestra, en entidades federativas como el estado de México argumentaron que no había recursos suficientes para entregarles completo el estímulo del Día del Maestro.
Unas semanas antes de la expansión del Covid-19 se dejaban ver los síntomas latentes de la precariedad en la que se encuentran los docentes en el país; recordemos el caso de la maestra de Yucatán que en múltiples ocasiones salió idónea en la evaluación para el ingreso, pero nunca llegó su basificación y estalló emocionalmente cuando le informaron que otra vez no había llegado su pago, lo cual había sido una situación recurrente en años; sin embargo, ya en plena pandemia, en Colima, quienes ingresaron como Servicios Profesionales Independientes y no como maestros, denunciaban que su periodo de contrato se acortaría, de facto perderían el empleo de manera anticipada con la suspensión de clases.
No sólo estamos frente a un régimen de precariedad magisterial que prevalece, también ante otro de tercerización laboral que ha sido implementado en algunas entidades del país, en el que no hay relación de trabajo con la autoridad educativa ni tampoco derecho a prestaciones; se trata de la oferta de servicios personales que no acumulan antigüedad y en la que se prescinde de recibir salario en periodos vacacionales. En la educación privada es lo más común, ha estado ahí por años y ahora pesa sobre los docentes de las escuelas particulares la zozobra de no contar con un sustento, aunque los colegios sigan cobrando las mensualidades.
Estos maestros y maestras que perduran años con pagos intermitentes por largos periodos, esperando un contrato que nunca llega, los que laboran por outsourcing sin derechos y por temporadas, no son la excepción, sino la nueva generación de docentes precarizados de la escuela pública y la generación de siempre en la escuela privada, que de manera exponencial ahondaron sus carencias con la pandemia y la suspensión de clases; en el mejor de los casos continúan con sus grupos, tropezando con la renta de datos, plataformas de paga y desplazamientos de casa en casa para llevar materiales didácticos al mismo tiempo que buscan opciones para sobrevivir sin salario o con ingresos a medias por no estar de forma presencial en las escuelas particulares.
Al régimen de la precariedad y tercerización, se suma el hostigamiento de la autoridad educativa hacia los docentes para la entrega de evidencias, unas veces acompañado de un sistemático acoso laboral a través del constante bombardeo de documentos oficiales emitidos por las dependencias educativas estatales con exigencias absurdas que no corresponden con la realidad objetiva, y otras con los llamados personales de los directivos al seguimiento de la estrategia de educación a distancia, así como a los procesos de certificación, so pena de ser merecedores de algún descuento salarial, incluso de ser sujetos de cese en el servicio docente.
Por si no fuera ya un negro panorama el de la precariedad, las escuelas normales públicas y la comunidad educativa que las conforma, siguen siendo objeto de aniquilamiento por inanición, así como de persecución judicial, administrativa y laboral. Con diagnósticos lejanos de toda realidad, las nuevas convocatorias de ingreso reducen la matrícula y por consecuencia el número de egresados que se integrarían a las escuelas; la respuesta por defender estos espacios, con el fin de mantener oportunidades profesionales para los jóvenes que se quieren integrar a la docencia, fue un tiroteo por parte de la policía michoacana en el que resultaron heridos varios integrantes de la Organización de Normales del Estado de Michoacán, otros fueron encarcelados, uno de ellos consignado y una docena expulsados de sus escuelas por la autoridad educativa.
Y para culminar con esta negra celebración y falso reconocimiento a los maestros mexicanos, citaré el caso de seis catedráticos de la escuela de Tiripetío, la primera normal rural de América Latina, que unos días antes del 15 de mayo fueron destituidos de sus cargos directivos y notificados hasta sus hogares de que habían sido cesados; la razón política es porque han desarrollado una propuesta curricular alternativa, inicialmente avalada como proyecto piloto por la dirección general a la que pertenece la institución, en ella recogieron el espíritu originario del normalismo, pero además colocaron las necesidades formativas propias del siglo XXI. El delito más grave que cometieron es haberse opuesto a la dictadura de opereta del gobernador Silvano Aureoles, la cual se replica en los funcionarios a cargo del despacho de la Secretaría de Educación en Michoacán y al proyecto de formación de la subjetividad neoliberal y neocolonial de los docentes en tiempos de la Nueva Escuela Mexicana.
*Doctor en pedagogía
